El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó ayer un decreto de su predecesor, Barack Obama, por el cual las fuerzas policiales de estado, ciudades, pueblos y hasta instituciones con cierta autonomía, como universidades, ahora tendrán acceso a equipos militares usados en las guerras, incluyendo lanzadores de granadas, vehículos blindados y bayonetas, anunció ayer el procurador general Jeff Sessions, describiéndolo como “equipo salvavidas”.

Las restricciones habían sido aplicadas por Obama en 2015 en medio de un debate nacional sobre la policía provocado por una serie de muertes de hombres negros a manos de agentes –incluyendo la de Michael Brown de 18 años, en Ferguson, Misouri, por un oficial blanco–. Algunos residentes locales vieron el uso policial del equipo militar durante las protestas como una demostración innecesaria de fuerza e intimidación.

Trump cumplió así una de sus promesas de campaña, dirigida a uno de los sectores que más lo acompañaron en las urnas en noviembre del año pasado, las fuerzas de seguridad. Desde que lanzó su candidatura hasta ahora, Trump siempre mantuvo una defensa cerrada de los miembros de las fuerzas de seguridad y, en varias ocasiones, repudió a Obama y su apoyo al movimiento de afroestadounidenses Black Lives Matters (Las vidas de los negros importan), una movilización espontánea que salió a las calles en todo el país en los últimos años para denunciar casos de gatillo fácil policial y la discriminación de esta institución. 

Como lo hicieron organizaciones de agentes activos y retirados, grupos conservadores y supremacistas blancos, Trump acusó a Obama, el primer presidente negro de la historia del país, de atacar a las policías locales y debilitar su autoridad. 

Entre sus principales promesas de campaña a los miembros de las fuerzas de seguridad se destacan un mayor presupuesto, eliminar las limitaciones a la militarización de las policías y “restaurar la ley y el orden”. 

Trump presentó hace unos meses un proyecto de ley presupuestaria que aumenta las partidas de Defensa y Seguridad en detrimento de ayudas sociales y salud; ordenó multiplicar el número de detenciones y deportaciones de inmigrantes sin papeles y, ahora, eliminó los límites al envío de armamento militar a las fuerzas policiales. 

Los departamentos de Policía de los estados, las ciudades, los pueblos y hasta de las universidades de Estados Unidos pueden pedir armas y equipos militares en desuso al Pentágono a través de varias vías legales.

Una de las vías más utilizadas es el Programa 1033 del Departamento de Defensa, creado en 1989 por Dick Cheney, el entonces titular de esa cartera y posterior vicepresidente del republicano George Bush. Esta norma fue ratificada por el gobierno del demócrata Bill Clinton.

El slogan de la oficina que tramita el programa es “De un combatiente de guerra a un combatiente del crimen” y su objetivo es transferir de forma gratuita equipamiento y armas militares a más de 17.000 fuerzas de seguridad federales, estatales y locales. 

Según reveló la organización de derechos civiles ACLU en un informe, este programa del Departamento de Defensa pasó de transferir material por un millón de dólares en 1990, a 324 millones en 1995 a casi 450 millones en 2013. El 36 por ciento del equipo y armamento transferido en ese último año era completamente nuevo.

Normas como ésta fueron creadas al calor de la llamada guerra contra el narcotráfico, pero se convirtieron en un elemento central de la militarización de las fuerzas policiales después de los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001. Durante muchos años y, principalmente, por el miedo que instalaron en todo el país estos atentados, muy pocos cuestionaron esta política de seguridad interna. 

Sin embargo, la militarización de los departamentos de Policía estadounidenses quedó en 2015 en el centro de un polarizado debate nacional, luego que agentes vestidos como para pelear en Irak o Afganistán avanzaron sobre las protestas de vecinos, familiares y amigos de Michael Brown, el joven de 18 años que se convirtió en el símbolo del gatillo fácil de la Policía.

La represión fue tan sangrienta y desató tal ola de violencia en Ferguson, que Obama ordenó una investigación federal, que finalmente concluyó que la Policía actuó de manera desproporcionada, impuso límites a su militarización subsidiada desde el gobierno en Washington y creó una serie de medidas para fiscalizar la acción de las fuerzas policiales locales.