Las criminalizaciones de la producción y del consumo de droga perjudican la lucha contra el cambio climático porque impulsan "la destrucción ambiental", advirtió un informe publicado este jueves que de forma inédita vincula ambas cuestiones y que fue publicado a menos de dos meses de la COP28.
"El régimen internacional de la política de drogas, concebido y defendido principalmente por los países del Norte Global y mantenido por las Naciones Unidas creó una economía sumergida, no regulada e inmensamente poderosa", denunció Clemmie James, especialista de Health Poverty Action y coordinadora de la Coalición Internacional sobre Reforma de las Políticas de Drogas y Justicia Ambiental, responsable del trabajo. Este funcionamiento "implica un obstáculo importante para las reformas progresivas en muchos países con ecosistemas enormemente valiosos y amenazados", advirtió. También destacó que "cuando se mira, los vínculos están en todas partes".
Llamado "Revelando el eslabón perdido de la justicia climática: política de drogas", cuenta con la participación de ONGs como SOS Amazonia y científicos y activistas de Brasil, Colombia y Estados Unidos. Precisamente el documento revela tres modos en que la prohibición de drogas daña el ambiente e insta al movimiento de ecologistas y agrupaciones tradicionales, como Greenpeace y World Wildlife Fund (WWF), a reconocerlos para facilitar un debate sobre un marco legal que incluya acciones de justicia climática.
La investigación
En primer lugar, los especialistas observaron que las actuales políticas de criminalización impulsan la producción y el tráfico de drogas en las áreas biodiversas más remotas del mundo, como ocurre en las selvas primarias, de importancia crítica para la subsistencia y el almacenamiento de carbono, que en 2022 perdieron 4,1 millones de hectáreas, lo que equivale a 11 canchas de fútbol por minuto. "Esta economía sumergida socava el progreso ambiental y la gobernanza en los bosques tropicales de las selvas del sudeste asiático, los bosques de África Occidental y las selvas tropicales de América Central y del Sur", indicó el informe, que además destacó el vínculo de esa línea ecuatorial con las principales rutas de tráfico de drogas.
En segundo lugar, se afirma que el narcotráfico afecta a los ecosistemas a través de la reinversión de las ganancias de las drogas en actividades ambientalmente dañinas, incluidas las industrias extractivas y la agroindustria. Los investigadores evaluaron que si bien "cada vez se reconoce más que los delincuentes financian el acaparamiento de tierras, la deforestación, el tráfico de madera y de especies silvestres y la minería", hay una connivencia con "autoridades de todos los niveles que se benefician de estas actividades ilegales" y "desestabiliza la arquitectura del Estado".
Por último, la coalición remarcó que el narcotráfico "perturba sociedades e incrusta violencia y corrupción, incluidos los asesinatos de pueblos indígenas y protectores de los derechos a la tierra", al tiempo que socava las iniciativas más aplaudidas para la mitigación y adaptación ambiental, como la reforma agraria y las cadenas de suministro sostenibles.
El año pasado, al menos 177 defensores fueron asesinados, uno cada dos días, según la ONG Global Witness, que detalló que casi dos tercios ocurrieron en Colombia, México y Honduras, tres países clave en la producción y el tráfico de cocaína y diversas drogas hacia Estados Unidos, Europa y otros mercados mundiales. En esta línea, para la especialista de SOS Amazonia y miembro de la coalición, Daniela Dias, es necesario "reconocer estos vínculos e incorporarlos en la formulación de políticas para el futuro", porque de lo contrario "el mundo no detendrá la deforestación ni el cambio climático".
COP28
El informe fue publicado a menos de dos meses de la nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se lleva a cabo anualmente desde 1995, siendo un espacio donde los gobiernos del mundo se juntan para acordar políticas para limitar el aumento de la temperatura global y adaptarse a los impactos asociados con el cambio climático. Este año se realiza en Emiratos Árabes Unidos entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre.
El presidente designado para el evento es el ministro de Industria emiratí, Sultán al Yaber, quien el sábado afirmó que su principal objetivo durante la convención climática es unir los esfuerzos del mundo para evitar que el calentamiento global sobrepase los 1,5 °C a partir de 2030. "Ahora debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda la COP28 para unir los esfuerzos del mundo con el objetivo de proporcionar soluciones implementables y efectivas para reducir las repercusiones del cambio climático", remarcó en el acto de clausura de la Semana del Clima del Futuro, en Dubái.
