Desde Brasilia

La difamación mata. En el marco de la caravana que inició hace dos semanas por el nordeste brasileño, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusó ayer sin ambages a su antagonista, el juez Sergio Moro, y los fiscales que lo secundan, de ser los responsables de la muerte de su esposa Marisa Leticia. “Yo creo que Brasil fue justo con ella, pero (no digo lo mismo) de esos pibes de la operación Lava Jato, ellos son responsables de su muerte.”

Marisa Leticia falleció el 3 de febrero, a los 66 años, víctima de un accidente cerebrovascular luego de meses de la angustia y el bochorno que le causaron el haber sido procesada por en una causa por supuesta corrupción vinculada a la compra de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá en el litoral de San Pablo. Moro aceptó la denuncia del fiscal Deltan Dallagnol a pesar de que en ella no se aportó ninguna prueba documental en la que se demostrara que el matrimonio Lula-Marisa era propietario del inmueble. Tanto el juez como el fiscal reconocieron que la pareja nunca ocupó el inmueble.

La imputación de la ex primera dama, ocurrida en agosto de 2016, fue el momento final de una “Lawfare” (guerra judicial) que se había iniciado cinco meses antes según lo explicó el abogado Cristiano Zanin, defensor de Lula.

A las seis de la mañana del cuatro de marzo del año pasado policías con uniformes camuflados apoyados por helicópteros invadieron el departamento familiar en San Bernardo do Campo, cordón industrial paulista, donde “llegaron a dar vuelta el colchón de la cama matrimonial como una forma de humillación” recordó recientemente Zanini.

Esa invasión seguida de la detención del líder del Partido de los Trabajadores durante algunas horas ( el término técnico fue “traslación coercitiva”) al parecer fueron fulminantes para la ex primera dama.

Ayer Lula, que hasta ahora se había referido al fallecimiento de su esposa de manera elíptica, además de responsabilizar directamente al grupo que investiga la causa Lava Jato repitió que no lo intimida el acoso judicial, pese a que acaba de ser condenado a nueve años y medio de prisión en primera instancia.

“Sinceramente no sé cuántos políticos tendrían el coraje de hacer lo que yo estoy haciendo, que es viajar por el país para escuchar a las personas, para verlas en los ojos”, dijo Lula en referencia a su precampaña con miras a las presidenciales de octubre del año próximo.

“He observado (durante la caravana) que las personas tienen problemas pero también tienen un brillo en sus ojos, porque no es posible vivir sin sueños”, contó durante una entrevista dada a una radio de la provincia de Río Grande do Norte.

Más adelante volvió a plantarles cara a sus perseguidores: “si ellos están acostumbrados a meterse con políticos corruptos a los que les meten el rabo dentro de sus colas, conmigo será diferente (...) tengan cuidado porque conmigo tendrán que probar” sus denuncias.

“Los procuradores de Lava Jato se metieron en una encerrona de la cual no saben como salir (...) usando mentiras ellos quieren destruir la imagen de uno que la construyó con 50 años de sudor y sangre”.

Desde el nordeste el ex metalúrgico inició un peregrinaje que continuará en otras regiones del país para defender sus derechos políticos, amenazados a través de trucos judiciales.

Ayer Dilma Rousseff repitió que su destitución en agosto del año pasado no fue más que el primer movimiento de una estrategia sediciosa cuya “segunda etapa es sacar a Lula de las elecciones” en las que se perfila como favorito con un treinta por ciento de las intenciones de voto, prácticamente el doble del candidato cívico-militar Jair Bolsonaro, el ex miembro del Ejército que desde hace años es el diputado más votado por Río de Janeiro.

El golpe continuado en curso es un híbrido que combina la “Lawfare” de Moro y los suyos, con tormentas de desinformación y shows mediáticos ocupados de transmitir la idea de que en Brasil impera la “normalidad institucional”, frase que repite una vez cada 24 horas el gobernante de facto Michel Temer.

¿Pero como resguardar la apariencia democrática y al mismo tiempo proscribir a Lula?.

La respuesta está en aplicar la ley de forma sesgada contra el potencial candidato del PT.

La legislación electoral establece que todo ciudadano condenado en segunda instancia será impedido de postularse a cualquier cargo electivo, de concejal a presidente de la República.

Lula quedaría fuera de la disputa de octubre del año que viene si el tribunal de alzada, el TRF4 de Porto Alegre, que recibió la semana pasada la codena de Moro, lo hallara culpable y emitiera la sentencia antes de agosto de 2018, que es cuando cierran la inscripciones de las listas.

Pero si los tiempos procesales fueran normales Lula tendría buenas chances de disputar su tercer mandato.

Eso porque desde el inicio de Lava Jato Moro ha demorado en promedio 84 días para enviar sus fallos al TRF4.

Pero el magistrado de primera instancia violó su propia costumbre y en lugar de tomarse 84 días de costumbre con otros condenados en el caso de Lula demoró sólo 42 en hacer llegar la condena al tribunal de alzada. Es decir, Moro tiene prisa.

Resta saber ahora si los camaristas actuarán con el mismo apuro, léase parcialidad,al analizar la causa y emitir un nuevo fallo. En otros casos han tardado entre 12 y 15 meses, con lo cual el expresidente podría estar en carrera.

La inequidad judicial de la que Lula es víctima fue ignorada por los autores de la película “Policía Federal, la ley es para todos” un panegírico de Moro y Lava Jato cuyo pre-estreno ocurría al cierre de esta crónica, ayer por la noche, en la sureña Curitiba. 

Los actores que interpretan al juez y los fiscales trabajan en las novelas de la cadena Globo, a cargo de la cual estará parte de la promoción del filme cuyo estreno para el gran público será el 7 de septiembre, Día de la Independencia.