La Sala I del Tribunal de juicio, integrada por Leonardo Feans, Javier Araníbar y María Victoria Montoya Quiroga, comenzó a juzgar desde este jueves a un hombre de 37 años acusado por abuso sexual en perjuicio de dos víctimas, la hija de 3 años y la madre de la niña. 

El inicio del proceso había generado expectativa, que se expresó en una convocatoria de organizaciones y trabajadores de prensa. Sin embargo, el Tribunal dispuso el desalojo de la prensa y decidió que el debate se lleve a cabo a puertas cerradas. La ONG Madres Protectoras Salta y la Red de Organizaciones de la Niñez y Adolescencia Territoriales (Ronat), que integra la denunciante, también miembras de la Asamblea LesboTransFeminista de Salta, se manifestaron fuera de la Ciudad Judicial en reclamo de "justicia para Dulce (nombre ficticio para resguardar la identidad de la niña) y su mamá".

Las acusaciones que pesan sobre el imputado son por "abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el vínculo" en perjuicio de su hija y por "abuso sexual con acceso carnal" ejercido contra la expareja y madre de la niña. 

Durante la primera audiencia declaró por más de dos horas la denunciante y madre de la niña. Después se expusieron videos, audios y dibujos de la nena, presentados como pruebas en la causa.

"Quiero que se haga justicia. Creo que con todo lo que hablé más las pruebas que tienen son suficientes como para que condenen a este abusador y espero que así sea. Quiero confiar en la justicia", manifestó la denunciante a Salta/12. Asimismo, recalcó que desde que se inició esta causa judicial no se les garantizó protección a ella ni a su hija y por el contrario fueron hostigadas mediante "el tráfico de influencias".

"Hablé con la verdad", dijo la madre. Contó que relató la violencia que atravesó con el acusado, que además de la sexual, también fue física, psicológica, económica y patrimonial. 

Además, la mujer contó que relató ante el Tribunal los hechos relativos a la denuncia por violencia sexual sufridos por su hija. "Le creí a mi hija y le voy a seguir creyendo, más allá de cualquier sentencia que se dé. Voy a seguir protegiéndola y luchando por ella", sostuvo antes de pedir que "la justicia nos garantice seguridad, que nos devuelva la vida que nos robó el agresor, su familia y la propia justicia. Que nos garanticen nuestros derechos, que no lo hicieron durante mucho tiempo y que realmente actúen como corresponde".

La denunciante dijo que desde que entró a la Ciudad Judicial sintió el hostigamiento de familiares del acusado, "como siempre lo hicieron en muchas audiencias donde se veía como la tía de él (una defensora pública oficial), que está dentro del sistema, usaba todos sus contactos para este hostigamiento", expresó. En este sentido recalcó que en un momento se dejó a ingresar a la sala a ocho familiares del acusado mientras ella como víctima sólo podía estar acompañada por cuatro personas.

Sin público, por el derecho a la intimidad 

Al inicio de la audiencia surgió una controversia luego de que el Tribunal ordenara el desalojo de la sala tanto del público como de periodistas que ya habían entrado alegando el resguardo de la intimidad de la niña. 

Ante el planteo de una periodista a la guardia policial, de que haría una cobertura con perspectiva de género resguardando a la niña y a su madre, la efectiva hizo la consulta y transmitió la respuesta del Tribunal: "el interés de la menor no es de género". Asimismo, la funcionaria policial comunicó que trabajadores y trabajadoras de prensa podían ingresar solo para sacar fotos y luego debían retirarse, lo que se permitió a raíz del reproche de periodistas y de miembros del público.

En ese lapso breve en el que periodistas volvieron a ingresar a la sala, entraron los jueces y la jueza y pusieron la situación de la presencia de público y la prensa a consideración de las partes.

Desde el Ministerio Público Fiscal, la nueva titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual N°3, María Luján Sodero Calvet, pidió que se realice el juicio sin público, "teniendo en cuenta que se trata de una situación de intimidad de una menor, fundamentalmente de una niña de muy corta edad, más allá de la situación de la denunciante que también tiene cuestiones íntimas". 

La asesora de incapaces, Noelia Pérez, adhirió a ese pedido fiscal, señalando que "son cuestiones que hacen a la intimidad" de la niña. Asimismo, la abogada querellante Andrea Aparicio, del programa nacional PatrocinAr, también estuvo de acuerdo "por la intimidad de ambas" víctimas.

El abogado defensor del acusado, Matías Adet, quien antes tuvo entredichos con trabajadoras de prensa, ya en el marco de la consulta del Tribunal se pronunció para que no haya público ni periodistas en la audiencia. "En relación a la prensa, entiendo que ellos necesitan desplegar su actividad laboral", pero es más importante "sin duda (...) para lo que aquí nos convoca, preservar la identidad no sólo de las personas que está involucradas, fundamentalmente de los derechos de quien ya cito que es el señor (EDLR)", sostuvo Adet.

Es bastante habitual que defensores de acusados de abuso sexual hagan solicitudes tendientes a dificultar la cobertura periodística. 

Tomando en cuenta el "derecho a la intimidad, encontrándose en uno de los hechos ventilados el interés de la menor. Entiende el Tribunal que a los efectos de no retacear el derecho a la información y en resguardo de los intereses de la menor, también del imputado y de la otra persona víctima corresponde autorizar a los medios de prensa solamente a que tomen fotografías y que las imágenes sean tomadas a distancia, el imputado no sea tomado de frente sino de espaldas como así mismo lo sea hasta el momento de la lectura de la acusación", decidió Leans. El magistrado confundió el oficio de periodistas gráficas y radiales con el de reporterx gráficx. Antes Adet había dicho que no autorizaba a que se le tomaran fotos, una posición que suele asumir en muchos juicios, incluso en aquellos en los que no está en juego el derecho a la intimidad. 

Feans aseguró que la prensa podrá "retornar al momento de darse lectura al veredicto". Autorizó que sólo familiares directos "tanto de la denunciante y víctima" puedan presenciar el desarrollo del debate. 

La denunciante había solicitado el acompañamiento de periodistas con perspectiva de género ante sus dudas sobre la transparencia del debate, ya que viene denunciando que el proceso previo estuvo plagado de irregularidades y la revictimización judicial que viene padeciendo. "Sentí la presión que ejercía la familia (del acusado) de que no esté la prensa, de que no se muestre la verdad y así se manejaron muchas veces. Tengo que recurrir a la prensa para que se hagan garantistas de mis derechos porque realmente durante mucho tiempo la justicia no lo hizo y quiero creer que ahora sí lo va a hacer, que los jueces van a escucharme, pido una condena efectiva", sostuvo la denunciante.

Exigen perspectiva de género

La referenta de la Fuerza de las Mujeres y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, miembra de la Asamblea LesboTransFeminista, Sofía Fernández dijo a Salta/12 que están acompañando a Dulce y su mamá porque "vienen siendo hostigadas y revictimizadas una y otra vez, el movimiento lesbotransfeminista, el movimiento de mujeres de Salta, ve que esto es recurrente", señaló.

Fernández resaltó como "recurrente" que las víctimas "no tengan justicia". "Hoy (jueves) estuvimos desde las 8 de la mañana y en ese tiempo han pasado cinco casos de madres que desesperadas, realmente violentadas por este sistema judicial, están protegiendo a sus hijas e hijos. Incluso han sido amenazadas por esos mismos violadores con quitarles a sus hijos y lo han logrado. Toda esta violencia institucional que sufrimos las mujeres, las madres protectoras, quienes queremos obtener justicia y denunciamos, es un patrón que utiliza el sistema judicial para callarnos, silenciarnos", manifestó la referenta. 

"Cada una de nosotras estamos en peligro cada vez que una no obtiene justicia y hay impunidad para los violadores y los abusadores. Estamos pidiendo justicia una vez más en este Poder Judicial donde nos acompañamos y lloramos muchas veces las injusticias sufridas por este sistema", expresó Fernández.

Laura Valdez es activista independiente que acompaña a la organización Madres Protectoras de Salta y es también sobreviviente de violencia de género. "Estamos pidiendo al Poder Judicial que crea en la voz de los niños, que resguarden la integridad en todo momento, que no violenten a la madre en el proceso, que tengan en cuenta que fue muy largo el proceso para llegar acá. Las mujeres llegamos devastadas, sin fuerzas, empobrecidas, enfermas, les robamos el tiempo a nuestros niños para poder deambular en los pasillos de la Ciudad Judicial, para poder llegar acá, entre tantas cosas", manifestó.

Valdez pidió al Tribunal "que analice el caso, que lleve adelante este juicio con perspectiva de género". "Las pruebas están muy claras, quienes hemos acompañado a la mamá y a Dulce en este proceso hemos leído el expediente, analizado las pruebas y sabemos que Dulce no miente, su mamá le ha creído y todo lo que hizo fue por hacer valer la voz de su niña", expresó.

"Estoy aquí como madre de una niña, que protege a sus hijos. Pertenezco a la colectiva Arpías. Hemos acompañado no solamente el caso de Dulce y su mamá y venimos a pedirle aquí a la justicia salteña que no abandone a Dulce y su mamá y (dicte una) condena ejemplar para el abusador ya que se trata del progenitor de la niña y eso es un agravante", sostuvo por su parte la militanta Nadia Caliva.