“La señora ministra desconoce el expediente o miente”. Este fue el mensaje que envió la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, en respuesta a la producción del programa de Mirtha Legrand en cuya mesa estaba sentada Patricia Bullrich. La funcionaria macrista había insistido con el libreto que viene desplegando desde que desapareció Santiago Maldonado: victimizó al gobierno de Cambiemos y a la Gendarmería volviendo a sembrar un manto de sospechas sobre los denunciantes. Las argumentaciones oficiales vienen, además, tergiversando y falseando los hechos, incluso en sus respuestas oficiales, tal como lo hicieron al contestar el pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando dijeron que “los hechos no pueden ser tenidos por ciertos”.

Entre el primer y segundo plato, la ministra de Seguridad puso en duda la carátula de “desaparición forzada” porque “eso es que el Estado haga desaparecer a alguien adrede, no hubo intento de hacer desaparecer a nadie”. Poniendo cara de angustiada, Bullrich sostuvo ante la diva que “no contaron con la colaboración de la familia, ni de los organismos de derechos humanos” y apeló a la remanida “unidad nacional” al pedir que “no hayan bandos, estemos todos juntos, el Gobierno, los organismos, todos”. 

Algún productor del programa pensó que era necesario dar a la familia del joven artesano desaparecido el derecho a réplica y llamaron a Heredia para preguntarle si quería decir algo. La abogada envió tres mensajes, ninguno fue leído al aire pero se los entregaron a la funcionaria. 

  • “La señora ministra desconoce el expediente o miente. El 1º de agosto a las 19.10 una mujer denunció que Gendarmería se había llevado a Santiago.” 
  • “Es mentira que la familia se haya negado a aportar todo lo que le fue solicitado. El 4 de agosto Sergio, el hermano, se presentó en la audiencia del hábeas corpus.”
  • “La desaparición forzada en democracia en Argentina es una realidad: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Torres en agosto de 2011, hecho ocurrido también en Chubut en octubre de 2003.”

De hecho, la ministra había aludido a otras personas desaparecidas y se permitió tirar la cifra de 5 mil “que es importante poder encontrar”. Fue otro argumento para minimizar la gravedad de la desaparición de Maldonado, la única desde el inicio de la democracia –a excepción de los militantes desaparecidos durante el operativo por el ataque al cuartel de La Tablada en 1989– que se da en el marco de un procedimiento represivo de una fuerza de seguridad estatal contra una protesta social, como era el supuesto corte de la ruta 40, en Cushamen, Esquel. 

Así, sin la voz de la representante de los Maldonado, la noche de Mirtha Legrand sirvió para que la funcionaria de Cambiemos y los demás invitados se regodearan con los argumentos que vienen desplegando con dudosas fuentes sus aliados mediáticos, vinculados a los intereses de los terratenientes de la Patagonia, con quienes la comunidad mapuche lleva décadas de enfrentamiento por las tierras. 

El 15 de agosto en su respuesta a la CIDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a ese organismo que no era competente en este caso porque ya había intervenido el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que también pidió medidas cautelares. En segundo término expresó que ya está en marcha una investigación interna, por lo cual “resultaría apresurado pronunciarse sobre la veracidad de los hechos”, que calificó como “todas conjeturas”. Luego adujo que “no existe situación de urgencia dado que los órganos internos están abocados a la búsqueda de Santiago”. La Comisión opinó lo contrario: sí existe urgencia porque los órganos internos no han tenido éxito y Maldonado sigue desaparecido, y por eso el 22 dictó su propio pedido de medidas cautelares al gobierno. Cancillería adujo que “pasó poco tiempo entre el inicio de la causa y el pronunciamiento de la CIDH”, y defendió la imparcialidad del juez federal Guido Otranto, a cargo de la causa. Los peticionantes de la cautelar, Naturaleza de Derechos, habían señalado como parcial a Otranto porque fue el mismo magistrado que ordenó el desalojo de la ruta, y en otro expediente responsabilizó a los miembros de la comunidad mapuche por el incendio de una estación de tren.