El Senado brasilero aprobó en primera instancia la reforma constitucional de Michel Temer, que congela el gasto público por 20 años. En tanto, la Cámara de Diputados dio dictamen a la “ley anticorrupción”, que incluye una enmienda que permite denunciar a los jueces y fiscales por "abuso de autoridad". Afuera, la policía reprimía a los manifestantes que protestaban contra las medidas del gobierno.

Más de 40 mil personas convocadas por organizaciones de mujeres, movimientos estudiantiles y centrales sindicales se movilizaron contra el proyecto (PEC 55) que, de ser aprobado nuevamente en diciembre, será la mayor reforma fiscal en décadas con graves consecuencias en las partidas para salud, educación y políticas sociales. La iniciativa ya tuvo media sanción en Diputados en octubre pero tiene que ser aprobada dos veces por el Senado para su sanción definitiva. “La PEC es la materialización del golpe. Él no vino sólo para eliminar el gobierno de la presidenta Dilma. La propuesta elimina el ingreso de los trabajadores", dice Raimundo Bonfim, miembro de la Central de Movimientos Populares (CMP). 

Antes de llegar al Congreso, los manifestantes se encontraron con una brutal represión por parte de la Policía Militar del Distrito Federal, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos. “Intentamos aproximarnos y la policía hizo una barrera con gas. Los agentes llegaron a decir que no se responsabilizaban por la vida de los parlamentarios, inclusive”, contó uno de ellos a la prensa local.

Entre los múltiples rechazos a la iniciativa, hoy rectores de 63 universidades enviaron una carta al Senado en el que señalan que la iniciativa “representa una seria amenaza para los derechos y servicios sociales” y “puede hacer fracasar el Plan Nacional de Educación”.

El texto base del "Proyecto Anticorrupción" se votó por la madrugada en Diputados. Endurece las penas contra algunos delitos de corrupción, aunque a lo largo de su tratamiento se le quitaron medidas específicas, como la nueva tipificación del enriquecimiento ilícito de funcionarios como delito particular. El autor de la iniciativa explicó que de las diez medidas originales presentadas por el ministerio público sólo permanecieron dos sin modificaciones: la penalización contra los acusados por el desvío de fondos para sobornos políticos y la medida que considera a la corrupción como un crimen atroz en el caso de los miembros de la administración pública.

El proyecto incluye una enmienda que sanciona a los jueces que abusen de su autoridad en las causas de este tipo.

El fiscal del caso Petrobras, Deltan Dallagnoni, acusó al congreso de pretender “intimidar al Poder Judicial”. Y el presidente de la Asociación Nacional de Procuradores, alertó sobre posibles” venganzas contra la magistratura nacional”.