Garantizar la logística y los recursos operativos para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y tortura fue una tarea menos visible pero no menos necesaria que la de las patotas de secuestradores o interrogadores para el funcionamiento del terrorismo de Estado. Su importancia fue ratificada este viernes por las condenas a prisión perpetua que el Tribunal Oral Federal 1 porteño aplicó a los oficiales Alejandro Federico Sálice y Roberto Horacio Sifón por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas en el Sheraton, como llamaban cínicamente al sector de calabozos que alojaba a desaparecidos en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza, que dependía del Grupo de Artillería Mecanizada 1 (GAM 1) de Ciudadela, donde prestaban servicios. Ambos habían logrado prolongar su impunidad dos veces por resoluciones de falta de mérito ofrendadas por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que revirtió la Cámara de Casación Penal ante las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y las querellas de familiares y organismos de derechos humanos.

El tribunal que integran Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grunberg condenó a Sálice como coautor mediato y a Sifón como partícipe necesario en los homicidios agravados de la pareja que formaban Carlos Hobert y Graciela Maliandi durante un operativo de diciembre de 1976, y de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos contra 26 personas que estuvieron en cautiverio en Sheraton, incluidos el guionista Héctor Oesterheld y el sociólogo Roberto Carri, que permanecen desaparecidos.

Sálice era oficial de Logística del GAM-1 y Sifón era jefe de los servicios de Finanzas y de Administración de esa unidad. Es el primer oficial especializado en finanzas condenado por crímenes de lesa humanidad. La fiscal federal María Ángeles Ramos y la auxiliar fiscal Nuria Piñol argumentaron al alegar que tuvo a su cargo “la asignación de los recursos operativos para municiones, personal, abastecimiento general de la unidad” responsable del centro clandestino. “Sifón era el único asesor técnico especialista a cargo de la jefatura de finanzas”, destacaron, y probaron que cumplió con el rol asignado.

En el caso de Sálice, su actuación “fue crucial e indispensable” pues “todo lo que se movía dentro y fuera de la unidad pasaba por el área de Logística”. Dieron por probado que “tenía a su cargo alimentación, uniformes, armas, municiones, todo lo necesario para el mantenimiento de los vehículos y también todo lo relativo al mantenimiento de la unidad militar”. Planificaba anualmente los insumos logísticos y “tenía pleno conocimiento de las tareas que desarrollaba el grupo de Artillería 1 en el marco de ‘la lucha contra la subversión’”. “El secuestro de las víctimas en operativos ilegales, el equipamiento, el funcionamiento del centro clandestino, claramente no hubiese sido posible sin la logística necesaria que planificaba y garantizaba Sálice”, explicaron.

Al hacer uso del derecho a las últimas palabras antes de la sentencia, Sálice intentó desacreditar la acusación, dijo que era “inocente” y que había escuchado “conjeturas sin sustento”. Sifón afirmó que se dedicó “por entero a tareas contables” y que desconocía “la existencia del centro de detención ilegal hoy conocido como Sheraton, seguramente era un secreto muy bien guardado y únicamente lo conocían quienes realizaban las actividades ilegales”, aseveró. “Más allá de mi intachable conducta y honorabilidad debo reconocer y repudiar a quienes desde las filas del Ejército argentino han cometido los aberrantes delitos que ofenden a la dignidad humana”, agregó.

La sentencia que leyó el juez Basílico ordena la realización de informes médicos para evaluar la revocatoria de los arrestos domiciliarios de los dos condenados, pedida por el Ministerio Público y las querellas. Los magistrados dejaron constancia en la parte resolutiva del fallo que los delitos analizados en el juicio son crímenes de lesa humanidad y fueron “cometidos en el marco del genocidio perpetrado en el país entre los años 1976 y 1983”.

El que concluyó este viernes es el cuarto tramo de la investigación por delitos en el Sheraton que llega a la instancia oral y pública. Los dos primeros se abordaron en el juicio que terminó en marzo de 2019 con condenas a cuatro militares retirados y dos ex policías bonaerenses a penas de entre 8 y 25 años de prisión. En el tercero fue juzgado en soledad un ex oficial del GAM-1. En 2018 el juez federal Daniel Rafecas había procesado a Sálice por ser quien “disponía y aportaba los medios materiales para distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento”, y a Sifón como proveedor de “los recursos económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, armas, transporte y todo lo relativo a Logística”. La Cámara Federal integrada por Bruglia, Bertuzzi & Llorens, caras visibles de la escudería macrista en Comodoro Py, revirtió esa resolución y los benefició con la falta de mérito, porque a su entender no había pruebas de su “aporte concreto” a la comisión de los delitos. Fue luego de dos apelaciones que la Cámara de Casación les dio la razón a fiscales y querellantes y la causa pudo llegar al juicio que ahora se cerró con las condenas.