Integrantes del Tercer Malón de la Paz, referentes de distintas comunidades indígenas de la Quebrada, la Puna y los Valles de Jujuy, fueron imputados por homicidio culposo por la muerte de una mujer, el 10 de julio último, en el corte de ruta en la localidad de Abra Pampa.
También imputaron a otras personas por su participación en protestas en la ciudad de Humahuaca, ocurridas entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, en el marco de la resistencia a la reforma de la Constitución impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
La acusación por homicidio culposo (cometido sin intención) es por el fallecimiento de una mujer que se trasladaba desde Bolivia a Buenos Aires. En el corte sobre la ruta nacional 9 en la localidad de Abra Pampa, esta mujer se descompensó y si bien fue asistida y trasladada en minutos en una ambulancia del SAME, falleció en el hospital. Veintidós personas fueron acusadas por homicidio culposo, con el añadido de que algunas de ellas ni siquiera estaban en el corte de Abra Pampa cuando ocurrió el incidente con la viajera.
La imputación alcanzó a Armando Quispe, Néstor Jerez, Robinson Suárez, Aurora Choque, Natalia Machaca, Raul Choque Vilca, Marcelo Vargas, Erica Cañari, Florencio Castillo, Jorge Cari, Andrés Cussi, Leticia Lloveras, Alex Frites, Marcos Farfán, Mario Corimayo, Mercedes Maidana, Raúl Flores, Omar Cuevas, Cecilia Alancay, Maria Silisque, Noelia Rivera y Laura Paredes. Algunas de estas personas son destacadas referentes del Malón de la Paz.
Por otro lado, el 3 de octubre el fiscal Fernando Alancay inició una investigacion penal preparatoria sobre la base de un informe de la Brigada de la Policía de Humahuaca por una denuncia de la presidenta del Concejo Deliberante de esa ciudad, Noelia Quispe. Es sobre los hechos que se sucedieron entre las 18.25 del 30 de junio hasta las 2 de la madrugada del 1 de julio de 2023, en la sede del Concejo Deliberante humahuaqueño, al término de la quinta sesión especial en la que la malonera Mercedes Maidana había usado la figura de la "séptima banca" para pedir que el cuerpo deliberativo se pronunciara rechazando la reforma constitucional en Jujuy.
El informe policial relata que Quispe se disponía a retirarse del salón cuando fue retenida por un grupo de manifestantes entre los que la policía identifica a 23: Mercedes Maidana, Haydee Ignacio, Fabiana Apaza, Elsa Lamas, Antonia Cari, Gladis Tolay, Jorge Nahum, Franco Zamboni, Renzo Laguna, Leticia Lloveras, Ronaldo Tapia, Brian Tapia, Marisol Cari, Darian Vilte, Fernando Apaza, Gloria Flores, Alfredo Cabana, Gonzalo Zapana, Daniel González, Jairo Condori, Javier Méndez, Renzo Gutiérrez, Gisela Yugar, y habla también de la presencia de "otras personas" cuyas identidades deben establecerse todavía. A las personas identificadas se las imputó por un combo de delitos: "privacion ilegitima de la libertad agravada, sedición, resistencia a la autoridad, daño agravado a bienes de uso público, lesiones leves doblemente agravadas" e instigación a cometer delitos.
El informe da cuenta de que hubo inteligencia sobre redes sociales de usuarios que se se manifestaron en contra de la reforma constitucional.
En general, la mayoría de las personas imputadas integran el Tercer Malón de la Paz que resiste la reforma de la Constitución provincial por considerarla regresiva.
Aberración jurídica
“Es una aberración jurídica lo que están haciendo, notifican de un día para el otro, cuando el Código Procesal establece un plazo y las personas puedan ejercer libremente el derecho de defensa", cuestionó la abogada Silvana Llanes, que representa a varias de estas personas imputadas.
La letrada opinó que con estas actitudes de los fiscales se demuestra la intención de "criminalizar a los referentes de las comunidades o a los que reclaman". Pero "no pueden callar más al pueblo, vemos más adhesión del pueblo porque se está dando cuenta de que no existen garantías constitucionales, un estado de derecho propiamente dicho. Están avasallando la democracia”, añadió.
Tan presurosa fue la notificación que las personas imputadas se enteraron por los medios y se presentaron espontáneamente esta mañana en el MPA. Integrantes de comunidades indígenas las acompañaron. El MPA estuvo vallado y con efectivos policiales en el ingreso.
Por contraposición, Llanes recordó a los jóvenes Mijael Lamas y Joel Paredes, que quedaron sin la visión de un ojo por balas de goma que dispararon efectivos policiales en Purmamarca el 17 de junio y en la represión en Humahuaca. “Nadie habla de Joel, quien fue mutilado, donde la policía sin ningún protocolo disparó a mansalva”, acusó.
Por su lado, una de las acusadas, la comunera Natalia Machaca, dijo al salir de la audiencia: “esto no nos amedrenta, vamos a seguir luchando y diciendo No a la Reforma! Necesitamos la intervención de la provincia, porque no hay justicia. No tenemos miedo y vamos a continuar con la lucha hasta que el gobernador pague todos los delitos que está cometiendo”.
“Nos hemos presentado de forma espontánea para ponernos a derecho, no somos delincuentes, somos docentes y somos las comunidades indígenas que hemos salido con la consigna inclaudicable: que caiga la reforma”, expresó a su vez la docente Mercedes Maidana, que fue acusada por presuntas contravenciones, de las que fue sobreseída y ahora afronta causas penales.
Asimismo, la abogada Cintia Mamaní, que también asiste a manifestantes imputados, detalló que la concejala Noelia Quispe, que denunció a manifestantes, es de extracción radical y fue electa legisladora provincial por el oficialismo provincial. La letrada contrastó la posición de Quispe con la de los otros ediles: “el resto de los concejales manifestaron que no realizaron ninguna denuncia penal, no percibieron amedrentamiento o ser privados de su libertad o haber encontrado a los manifestantes realizando daños en inmediaciones del Concejo Deliberante. Esto es importante destacar, porque cuando surgen las detenciones e imputaciones, se involucraba a estos concejales, y se presentaron manifestando esto”, sostuvo.
En los incidentes de Humahuaca hubo detenidos y dado que la ruta nacional 9 estaba cortada, la Policía trasladó a los jóvenes por el camino de Santa Ana, partiendo de Humahuaca por la ruta provincial 73 para desembocar en Libertador General San Martín y luego tomar la ruta nacional 34 para llegar a la capital jujeña. En esas más de 12 horas que duró ese recorrido, no hubo información de los detenidos a los familiares.
Varios organismos de derechos humanos realizaron informes sobre la violación a los derechos humanos en la provincia de Jujuy y los enmarcaron como delitos de lesa humanidad. Además, al gobierno de Morales le pesan denuncias en el foro federal por abuso de autoridad.
