El abogado Matías Sanz Navamuel cuenta con decenas de denuncias por distintos hechos de violencia de género en perjuicio de sus tres exparejas, las causas están a la espera de resoluciones del Tribunal de Impugnación. La última denuncia fue radicada por su exesposa, P. F., el 22 de septiembre de 2023, por nuevas amenazas. Asimismo, el 4 de octubre esta mujer denunció al juez Antonio Pastrana por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

P. F. denunció que el juez Pastrana permitió que Sanz Navamuel, con arresto domiciliario y sistema de pulsera electrónica, saliera de su domicilio, y omitió notificarla de manera previa del horario y recorrido de las salidas. Recalcó que las otras dos víctimas tampoco fueron notificadas.

En ese sentido P. F. señaló que Sanz Navamuel se encontraba con salidas autorizadas desde el 26 de septiembre. La denunciante manifestó que el juez "actuó sin perspectiva de género, incurriendo en un claro incumplimiento a los deberes de funcionario público" ya que al no informarle los recorridos y horarios de las salidas podría haber puesto en riesgo su integridad física si se cruzaba con el acusado. 

La preocupación de la denunciante y su grado de alerta vienen de larga data, desde la primera denuncia que radicó contra el exmarido en mayo de 2020, cuando la golpeó y asegura que quiso matarla. En todo este tiempo, P. F. estuvo más custodiada que Sanz, ya que tuvo consigna policial permanente hasta enero de este año cuando con su abogado propusieron que se le asigne esa custodia al acusado. 

En enero Sanz tenía una custodia policial dentro de su departamento, otra afuera y una más en el edificio donde vive. Aunque de modo reciente el juez le levantó la custodia policial permanente y dejó sólo la personalizada para cuando sale.

P. F. viene denunciando que desde 2020 ha recibido numerosas amenazas, además las parejas posteriores que tuvo el acusado también lo denunciaron por diversos hechos en contexto de violencia de género.

Ahora P. F. denunció que el 22 de septiembre de 2023 volvió a recibir amenazas, similares a las anteriores. Según relató, en esa ocasión, al ingresar al local de su trabajo encontró una nota que decía "(h)arto más te lo dije, todo es mío, andate, dejá todo, todavía puedo hacerte conocer el infierno, todo es mío". Asimismo antes de la puerta de ingreso al local, en un escalón, halló una bandeja de comida, lo que le llamó la atención. En otra circunstancia, el acusado ya le había enviado amenazas con un pedazo de carne. La víctima pidió que se realicen las pruebas caligráficas de la última nota, en los hechos anteriores esa prueba demostró que la letra era coincidente con la de Sanz. P. F. también dijo que siguió recibiendo llamadas amenazantes desde números privados.

El juez Antonio Pastrana ya declaró inimputable y sobreseyó a Sanz el año pasado "por trastorno bipolar", en las causas que se tramitan por coacción agravada, desobediencias judiciales, amenazas agravadas, turbación de la posesión y usurpación de propiedad, ante hechos denunciados por P. F. y dos parejas posteriores del acusado. Sin embargo, la fiscala María Luján Sodero Calvet y el abogado querellante Vidal Villalba Samaniego apelaron la resolución y el Tribunal de Impugnación aún no resuelve este asunto. 

El año pasado, luego de la declaración de inimputabilidad Sanz volvió a amenazar a P. F. Esto generó una nueva denuncia, lo detuvieron unos días y luego lo dejaron ir a la casa con arresto domiciliario. Ahora se le sumó una nueva denuncia.  

Sanz Navamuel cuenta con decenas de denuncias por distintos hechos de violencia de género contra sus tres exparejas, las causas están a la espera de resoluciones del Tribunal de Impugnación. 

El 26 de septiembre el juez Pastrana hizo lugar a un pedido del abogado de Sanz, Fernando Teseyra, para que se le otorguen salidas transitorias reacreativas, un aumento de sesiones psicoterapeúticas y la disminución de la custodia policial que tenía dentro del domicilio. En ese sentido el defensor se basó en las recomedaciones efectuadas por el médico tratante Guillermo Raposo para la compensación del paciente y que resulte sustentable su tratamiento. 

Pastrana informó a las contrapartes sobre el pedido del abogado acusado. La fiscala Sodero Calvet se opuso hasta que se resuelvan cuestiones pendientes en esta causa, para "salvaguardar el interés público y los derechos de la víctima vulnerable". La funcionaria recalcó la reciente denuncia de P.F. contra Sanz.

El juez consideró los derechos de Sanz en virtud de la ley de Salud Mental. Resolvió autorizarle salidas de esparcimiento diarias por una hora, bajo la custodia y tuición de sus tutores, uno de los hijos y una mujer, y con la custodia policial de la comisaría 5. Asimismo, decidió retirarle la consigna policial del domicilio teniendo en cuenta que con el dispositivo del sistema de monitoreo electrónico "no registra ningún evento respecto de una posible infracción". También autorizó salidas a sesiones psicoterapéuticas dos veces por semana. 

Ante los cuestionamientos de la fiscala Sodero Calvet, quien señaló al juez el temor de la víctima P. F. y que con estas nuevas medidas se estaría dando un mensaje a la sociedad de que la violencia de género "es tolerada y se generaría la sensación de inseguridad hacia las denunciantes", Pastrana señaló que al defensa debía informar el itinerario y el lugar donde Sanz realizaría la actividad física para notificar a las víctimas.

Sin embargo, P. F. denunció que el juez no la notificó de los recorridos ni de los horarios de salidas de Sanz y se sintió abrumada cuando descubrió después que el acusado había estado por lugares que ella frecuenta. Contó que por comentarios se enteró que Sanz fue visto en la calle, recién cuando su abogado consultó el expediente pudo informarse sobre los recorridos que sí había informado la defensa pero se omitió notificarla a ella y a las otras víctimas.