El abogado y presidente de la organización internacional Innocence Project en Argentina, Manuel Garrido, representante legal de Santos Clemente Vera en el recurso que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando que se haga un nuevo juicio, insistió en la inocencia de este hombre y afirmó que su detención implica la prolongación de una situación injusta. 

Vera fue condenado por el crimen de las estudiantes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cuerpos fueron encontrados el 29 de julio de 2011 en la quebrada de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta. Ambas tenían signos de violencia física y sexual. El padre de Cassandre, Jean Michel Bouvier también considera que Vera es inocente y ha pedido su libertad en numerosas oportunidades.

De visita en la ciudad de Salta, Garrido advirtió sobre un "aspecto terrible de este caso", que es "el daño a las personas humanas que están sufriendo a partir de la condena de un inocente". Recalcó que decir que Vera está "bien" es un "eufemismo" porque está encarcelado "hace ya 10 años". "Nuestra preocupación permanente es la prolongación de esa situación injusta", manifestó. 

En la conferencia de prensa que ofreció el viernes último Garrido estuvo acompañado por la abogada y exlegisladora salteña Sonia Escudero. Según señaló, el motivo de este viaje fue encontrarse con su colega José Vargas, defensor de Vera en la justicia provincial, y brindar su apoyo a la dirigenta política que afronta una "persecución" del juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, que la demandó tras sentirse agraviado por publicaciones y declaraciones en la prensa.

Innocence Project interviene en la causa desde que la Corte de Justicia de Salta rechazó un recurso extraordinario federal y se agotó la vía recursiva en la provincia. Garrido patrocina legalmente a Vera ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ha demorado más de 6 años en expedirse sobre un recurso en queja presentado el 1 de agosto de 2017 en el que reclaman un nuevo juicio. En 2020 el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen favorable al planteo de la defensa. 

Garrido contó a Salta/12 que el caso ya "circuló varias veces por las vocalías" de la Corte Suprema y esperan que "la sentencia se dicte lo antes posible. Esto ya debería haber salido", señaló.  

Respecto al encuentro con Vargas, contó que intercambiaron "preocupaciones sobre la demora del caso y sobre el estado de Clemente, la situación de detención y las alternativas disponibles para mejorar su situación". Y también hablaron "sobre alternativas posibles para mejorar la situación de Clemente o vías a encarar distintas a la Corte Suprema y su estado de salud, su familia, cosas que tienen que ver con el aspecto humano del caso". 

Violación del derecho de acceso a la justicia

"A Clemente le violaron diversos derechos, particularmente lo que tiene que ver con la condena que se le dictó. Él fue absuelto en el juicio. El Tribunal que conoció directamente las pruebas lo absolvió. Lo que hubo luego es un recurso en base al cual se revocó esa resolución sin cumplir lo que dice el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, que dice que en caso de que el Tribunal no esté de acuerdo con la absolución, corresponde que se lo reenvíe a un nuevo juicio y si en ese nuevo juicio se lo vuelve a absolver ya no hay recurso posible", explicó Garrido.

La Sala II del Tribunal de Juicio condenó en 2014 a Gustavo Lasi a 30 años de prisión como autor de los delitos de "doble homicidio calificado criminis causa, abuso sexual agravado y robo calificado". Mientras que fijó para Omar Darío Ramos y para Antonio Eduardo Sandoval la pena de dos años de prisión en suspenso por encubrimiento. En esa sentencia, los jueces Ángel Longarte y Bernardo Ruiz absolvieron a Vera y Daniel Vilte Laxi por el beneficio de la duda mientras que el juez Carlos Pucheta votó por la absolución lisa y llana debido a que consideró que no eran autores del crimen.

El fiscal Federico Obeid presentó un recurso de casación solicitando la prisión perpetua para Laxi y Vera. Es así que los jueces Rubén Arias Nallar y Luciano Martini, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvieron en febrero de 2016 condenar a perpetua a Vera. "En un procedimiento sin inmediación, sin publicidad, sin oralidad, sin dar la oportunidad de ser oído", viene señalando Innocence Project.

Garrido destacó que la revocatoria de la absolución a Vera se hizo sin seguir el procedimiento previsto para estos casos: "No lo reenviaron a un nuevo juicio. No lo oyeron, ni siquiera se entrevistaron. Lo condenaron sobre la base de las mismas pruebas supuestamente con las que lo habían absuelto, y después sistemáticamente con argumentos formalistas rechazando cualquier recurso contra esa condena. O sea que también le violaron el derecho al acceso a la justicia para revisar esa condena. Eso a nivel procesal", sostuvo. 

Pruebas desaparecidas 

"Después están las irregularidades que tienen que ver con las pruebas en base a las cuales supuestamente lo consideran a él culpable. Pruebas de ADN basadas en hisopados que no se sabe quien los extrajo, de dónde se extrajeron. No hay constancias formales de la extracción, dictámenes contradictorios. Lo cual nunca fue resuelto", advirtió Garrido. 

"Cuando pudo haberse realizado un peritaje que aclarara esa contradicción (sucedió algo) insólito en un caso de esta gravedad: desaparecieron los hisopados (realizados a los cuerpos de las víctimas) que habían permanecido en custodia de los tribunales. Esto solo es ya de una gravedad inusitada una de las causas que debe ser de las más graves de la historia judicial de la provincia", sostuvo el abogado. "Hicieron desaparecer o perdieron las pruebas, como ustedes quieran interpretarlo. Demasiadas cosas raras", insistió. 

"Nosotros pedimos una búsqueda exhaustiva de esas muestras y no hay registros de que estén conservadas en ningún lado. Lo cual nos llama la atención. Supuestamente hay unos sobres cuyo contenido se desconoce, la justicia tampoco los quiso abrir. Todo nos parece muy extraño", señaló. 

Dos perfiles genéticos no individualizados

En los cuerpos de las víctimas se encontraron dos perfiles genéticos no individualizados hasta la fecha, indicadores de que hubo otros participantes en el crimen de las jóvenes francesas. "Un laboratorio de Francia muestra que hay dos perfiles genéticos no individualizados, reales, de ADN nuclear", explicó Garrido. Aseveró que el ADN nuclear permite "una certeza mucho mayor". 

En cambio, "a Clemente no le hicieron ningún informe de ADN nuclear. Dicen en uno de los exámenes que se contradice con el laboratorio francés, que habría un ADN cromosoma Y que coincidiría con la familia paterna de Clemente Vera, o sea, algo mucho menos preciso que encima se contradice con el informe francés". 

Laxi fue condenado porque se encontró "ADN nuclear", según explicó Garrido. Laxi fue quien implicó a Vera, ambos son primos y sus familias se encontraban enemistadas. 

"Hubo torturas de las personas imputadas. Se basaron en la imputación de un coacusado que es aquel contra quien obran la mayor cantidad de pruebas que para mejorar su situación le echa la culpa a otras personas. Toda una serie de cosas realmente poco racionales en lo que tiene que ver con la valoración probatoria. Entendemos que eso tiene que ser visto por la Corte Suprema", sostuvo el presidente de Innocence Project.

"La discriminación es uno de los factores que a nivel internacional se consideran como generadores de condenas erradas. O sea, bien podría explicar por qué hay una condena a una persona inocente ese factor", señaló el abogado. También consideró que la manipulación de pruebas, podría deberse a "gente poderosa involucrada".

Mala praxis policial 

Consultado por el accionar de policías en la causa, entre ellos el cuestionado comisario Walter Mamaní, Garrido también emitió su opinión. "El tema de las malas prácticas y las irregularidades, o los delitos cometidos por los investigadores es un tema que es uno de los factores que generan más condenas erradas en todo el mundo (...). En este caso ya son gravísimas porque claramente hubo torturas pero además supresión y manipulación de pruebas, desviación de las investigaciones. Son todos factores que son irregularidades de los investigadores, ocultamiento de pruebas favorables a los acusados", manifestó. 

Garrido dijo que en Argentina hay grandes problemas "con los policías cumpliendo ese papel de investigadores". Ese panorama lo tiene desde la propia experiencia de trabajo, dijo. "En el Proyecto Inocencia tenemos una gran cantidad de casos que en nuestro país llamamos las causas armadas. O sea son causas en las cuales se plantan, inventan, suprimen pruebas legales. Es un factor que existe en el panorama de la práctica de nuestro país, no solamente es un problema en Salta", aseveró.

"Hay una responsabilidad de las autoridades provinciales o nacionales, hay comités anti tortura, la justicia tiene que controlar que esto no ocurra, sancionando y además no utilizando esas pruebas irregulares. Si la justicia no cumple con su papel, si las autoridades políticas no cumplen con su papel, lamentablemente es un problema que va a continuar", afirmó.

Garrido también cuestionó que no se haya profundizado la investigación sobre otras hipótesis. "Si hay información sobre supuestas sospechas o de la existencia de sospechas sobre líneas de investigación que debieron agotarse es por lo menos llamativo que no se hayan investigado en profundidad y quizás tenga que ver con que esa línea de investigación no involucraba a un baqueano de San Lorenzo, a una persona humilde sino a gente poderosa", aseveró. 

"Perspectiva de género es encontrar a los verdaderos responsables"

Por otro lado, Garrido consideró que la perspectiva de género obliga a implementar ciertos estándares de investigación para garantizar los derechos de las mujeres. "Implica que la investigación sea seria, profunda, (...) aplicando determinados protocolos que apuntan básicamente al acceso a la verdad", subrayó.

"Cuando hay un crimen en donde hay claramente una cuestión de género involucrada. Los deberes que tiene el Estado son investigar mejor, no peor, no buscar un chivo expiatorio, sino encontrar a los verdaderos responsables", valoró. 

Sostuvo que este caso requiere perspectiva género. "Los derechos de las mujeres, los derechos de las víctimas se ven afectados, en la medida en que la investigación no es seria, no se aplicaron los protocolos que apuntan a garantizar el éxito de una investigación y tampoco se garantizan esos derechos condenando a personas que no son las verdaderas responsables. También la justicia falló por ese lado, por el derecho que tienen las víctimas, por el deber de cumplir con esa perspectiva de género, cumplir con las convenciones que garantizan una serie de obligaciones que el Estado tenía y no cumplió", manifestó.