El gobierno de Salta informó que más de 500 productores indígenas y criollos, que firmaron sus acuerdos entre partes y que no tienen conflictos territoriales, se beneficiarán con 28 convenios firmados en el marco del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (AGRO XXI).
La presentación del programa, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, se hizo en el municipio de Santa Victoria Este, el centro urbano de este extenso territorio que linda con Bolivia y Paraguay y cuya población es mayoritariamente de pueblos indígenas que desde hace décadas vienen reclamando el reconocimiento de sus derechos al territorio que ocupan ancestralmente.
El gobierno de Salta comunicó ayer que firmó un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación para que en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia, se construyan represas, se distribuyan rollos de alambres y trabillas para el cerramiento de cercos productivos de pobladores indígenas y criollos.
Estas obras son parte de las comprometidas en el marco del cumplimiento de la sentencia por la que en febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino la entrega del título único comunitario de 400 mil hectáreas a las comunidades indígenas que integran la Asociación Indígena Lhaka Honhat, que recurrió a esa instancia internacional luego de un largo proceso de reclamos a la provincia y a la Nación para que reconocieran su derecho al territorio que ocupan de manera ancestral.
La provincia informó que en el marco del programa Proyectos Agro XXI para la ejecución de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos se destinarán hasta US$12.050.000 provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fondos no reembolsables.
Según indicó el gobierno, esos proyectos tienen el objetivo de "brindar apoyo en componentes productivos" con el fin de "generar mejores condiciones productivas que se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de los pobladores del Chaco salteño, a la vez que incentivan a la población local a avanzar en el proceso de regularización dominial a través de los acuerdos y la demarcación de sus territorios sin solapamientos ni conflictos".
De esta manera, la Unidad Ejecutora Provincial, que viene llevando a cabo un trabajo articulado con el Estado nacional puso en marcha el proceso de ejecución del Proyecto Agro XXI a partir del convenio firmado entre el gobernador Gustavo Sáenz y el ministerio de Economía, Sergio Massa, a principios de septiembre pasado.
La ejecución de este Proyecto fue anunciada en agosto último, en una reunión de la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este, donde funcionarios nacionales y provinciales anunciaron las inversiones. En ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que los recursos serán destinados a la relocalizacion de las familias campesinas.
Es que además de reconocer el derecho de las comunidades indígenas a obtener el título comunitario sobre el territorio, la Corte IDH también reconoció derechos a las familias criollas asentadas por generaciones en ese territorio, que, sin embargo, para posibilitar la unidad del territorio indígena, deberán reubicarse en 200 mil hectáreas. Por eso, para facilitar ese traslado, se previó este financiamiento por el que las familias criollas "recibirán apoyo para la instalación de pasturas, cerramientos y represas de agua con fines productivos, de manera de incentivar su relocalizacion fuera del territorio indígena".
En 30 años de conflicto territorial es la primera vez que el Estado Nacional realiza una inversión destinada a apoyar a la totalidad de las 250 familias campesinas que firmaron acuerdos con las comunidades indígenas para reubicarse fuera de su territorio. El Proyecto AGRO XXI también financiará la instalación de cercos agroforestales para la producción de alimentos en las comunidades indígenas, una acción que también es parte del cumplimiento de la sentencia del tribunal internacional, que impuso al Estado argentino avanzar en labores para asegurar la soberanía alimentaria.
El reclamo de Lhaka Honhat de la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas que habitan en este territorio llegó en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Mientras el trámite avanzaba lentamente, pobladores originarios y criollos llevaron adelante negociaciones sobre el territorio de 643 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14. Finalmente, el caso llegó a la Corte IDH en 2018 y dos años después este tribunal ordenó al Estado argentino ejecutar los acuerdos de criollos e indígenas, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.
