La Justicia porteña dio la razón a las asociaciones de sordomudos y ordenó reabrir la causa por la acción de amparo que habían presentado por el destino del Palacio Ceci de Villa Devoto. El año pasado, el histórico inmueble de ese barrio había quedado envuelto en un conflicto entre las asociaciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que decidió quitarle el edificio a la escuela de sordomudos que funcionaba allí para trasladarlo a la órbita de la Dirección de Bienes. Entonces las asociaciones presentaron un amparo que fue rechazado por la Justicia de primera instancia y ahora la Cámara de Apelaciones decidió revocar esa decisión inicial para volver a abrir la causa.  

La resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad lleva la firma de los jueces Hugo Ricardo Zuleta y Gabriela Seijas. Más de un año después del inicio del litigio que comenzó con el amparo de las asociaciones, ahora los camaristas decidieron revocar la decisión del juez Juan Segon, del Juzgado N° 17 del mismo fuero, que había rechazado in limine el planteo de los amparistas. Ese juez había considerado que no se verificaba un cambio de uso del palacio ni una afectación al derecho a la educación de los y las estudiantes, ya que cuentan con otro edificio en el que hoy realizan sus actividades. 

Sobre el primer punto, los jueces Zuleta y Seijas sostuvieron ahora que del acta de transferencia del inmueble desde la Dirección de Educación de Gestión Estatal a la Dirección de Bienes, "no surge cuál fue la motivación para el cambio de titularidad del inmueble". En ese entonces, desde el GCBA argumentaban que la decisión se debía al inicio de trabajos de puesta en valor del edificio que, según denunciaba la comunidad educativa de la Escuela Bilingüe para sordos Bartolomé Ayrolo, estaba notablemente deteriorado. 

Para las asociaciones de sordomudos y la comunidad, sin embargo, no se justificaba el cambio de órbita. Entonces denunciaban que el objetivo final del GCBA era destinar el edificio a ser sede del nuevo Distrito del Vino, rumor que se acrecentó cuando una funcionaria de la gobernación mendocina visitó el Palacio Ceci y anunció en sus redes sociales que sería la próxima "casa del vino". Pese a la resistencia de la comunidad educativa, que organizó marchas y abrazos al edificio, finalmente el inmueble pasó a la Dirección de Bienes. 

En julio del año pasado, en tanto, el GCBA oficializó la licitación de 277.696.812 pesos por el inicio de las obras de puesta en valor bajo el comando de la Dirección de Bienes. En los planos se puede ver que en el jardín del Palacio se construirá un café y bar con espacio interior y exterior, con decks gastronómicos y salida exclusiva a la calle Habana. Adentro aparecen, entre otras cosas, un guardarropas, salas de exposiciones y de reuniones y un local en la cúpula.  Sobre esto, los camaristas sostuvieron ahora que "no se explica cuál fue la razón por la que la licitación pública no podía ser llevada a cabo estando el palacio en la órbita de Educación". 

Aunque no manifestaron una posición concreta sobre la cuestión de fondo, los jueces sí dejaron sentado en su resolución que la Ley 17.592 de expropiación del inmueble, aprobada en 1967, establecía que el edificio debía destinarse a la escuela Ayrolo y no a otro fin. Ese fue, precisamente, uno de los argumentos principales de los amparistas encabezados por la Asociación Argentina de Sordos, la Confederación Argentina de Sordomudos, la Asociación Argentina de Sordas y la Unión Argentina de Sordomudos. 

En la presentación original, acompañada por el Observatorio del derecho a la Ciudad y con la representación del abogado Jonatan Baldiviezo, habían solicitado que “se declare la nulidad de todo acto administrativo orientado a cambiar el destino histórico y el uso educativo del Palacio Ceci y que el edificio esté destinado con exclusividad a la escuela Ayrolo". “El artículo N° 63 de la Constitución de la Ciudad establece la convocatoria a audiencia pública obligatoria antes de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”, advirtieron también en el amparo, sobre la falta de audiencia para definir el destino del palacio. 

En tanto, el GCBA se defendió en la causa asegurando que las obras de remodelación del palacio "en nada alcanzan al establecimiento educativo, el que desde hace años funciona en el inmueble de la calle Lincoln 4305, desarrollando sus actividades escolares propias". En efecto, junto al palacio ya funciona una sede nueva en la que la Escuela Ayrolo realiza sus actividades. Sin embargo, el histórico edificio siguió siendo utilizado por la comunidad educativa para realizar talleres u otras actividades, hasta el momento en el que las condiciones edilicias no lo permitieron más. 

La Ayrolo abrió sus puertas en el año 1885 y desde 1938 pasó a funcionar en el Palacio Ceci a través de un contrato de locación entre los propietarios del lugar y el Ministerio de Educación. El convenio incluía la construcción de aulas, biblioteca, y diversos salones y dependencias, necesarios para el funcionamiento de la escuela. Ante distintas ofertas de venta del lugar, en 1967 se decidió la expropiación definitiva del edificio para garantizar que en el inmueble funcione únicamente la escuela de sordomudos.