Todo está dado para que el jueves próximo la Legislatura porteña apruebe la llamada “Ley Brisa”,de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio de la Ciudad de Buenos Aires. La norma intenta compensar algo de todo el daño que provoca en estos chicos, adolescentes y jóvenes perder a su madre de forma violenta y en manos de su propio padre. Según datos de Asociación Civil La Casa del Encuentro, impulsora de la iniciativa, desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que 2919 hijas e hijos –el 63 por ciento de los cuales eran menores de edad al momento del crimen– quedaron sin madre.

El miércoles pasado, la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña aprobó el dictamen del proyecto 1172-f-2017 de “reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de homicidios agravados por el vínculo (femicidios)”, presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a instancias de la asociación civil La Casa del Encuentro. 

El proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y el jueves será tratado en la sesión, donde se espera su aprobación. Había sido presentado en público el 28 de junio en la Legislatura con el apoyo de representantes de todos los bloques partidarios, y del Ejecutivo porteño. Se lo llama Ley Brisa por el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014. Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo. Sin recursos, Osvaldo Barrionuevo tuvo que pedir hasta en los medios de comunicación vestimenta, útiles, juguetes, alimentos para esos chicos.

El proyecto promueve la creación de un régimen de reparación económica a niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, cuyo “padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo (femicidio)”. Establece también que los beneficiarios recibirán la prestación de parte de la Ciudad, mensualmente, con un valor equivalente a un haber jubilatorio. El proyecto original hablaba de un salario mínimo, vital y móvil pero para lograr el acuerdo, el PRO propuso adecuarlo al proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso Nacional. La diferencia que se mantuvo es que en este caso se extiende la edad de los hijos/as que pueden acceder a la reparación hasta los 21 años, mientras que el de Nación habla de 18. 

“No existe ninguna causa de extinción de la percepción de la prestación, con excepción del sobreseimiento o absolución del progenitor procesado”, establece. En el artículo 8° se aclara que la ley contempla también los casos en que “el homicidio agravado por el vínculo o la condena hayan ocurrido con anterioridad a la sanción de la misma, en estos casos no se podrán percibir importes correspondientes al período transcurrido entre el homicidio agravado por el vínculo o la condena y la entrada en vigencia de esta norma”. Según Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, alcanzará y beneficiará a 55 menores de edad de la ciudad. 

Entre los argumentos del dictamen se destaca el carácter de reparación de esta medida: “Esta prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado, hasta que cumplan 21 años de edad y subsistirá en los casos en que se declare la capacidad restringida y/o incapacidad de los niños, niñas y adolescentes; lo que implica una respuesta por el daño causado, al no haber protegido a sus madres”. Y también se remarca la responsabilidad del Estado, que “deberá otorgar esta reparación, debido a que fue quien asumió los compromisos internacionales de protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes y en los casos de femicidio, dicha protección no fue cumplida”.

Por otro lado, en la reunión de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria del miércoles pasado también se aprobó el expediente 1707-f-2015, que otorga un inmueble vacante perteneciente al Gobierno de la Ciudad, a “título precario y gratuito”por el término de 20 años, a la misma organización.

Este expediente había sido presentado también por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en el año 2015 y fue aprobado en primera lectura el 3 de diciembre de ese año. El 13 de abril del 2016 se llevó a cabo una audiencia pública, y en junio de este año se consiguió un inmueble adecuado para que la asociación pueda desarrollar sus actividades en el barrio de Almagro. Este jueves, en la sesión, se tratará entonces la segunda lectura necesaria para la aprobación definitiva este tipo de leyes. Deberá contar con 40 votos.