La Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina recibirá hoy a la fiscal regional María Eugenia Iribarren, para analizar su rol frente a una serie de hechos que involucran al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery. Las relaciones personales del fiscal cuestionado no estarán sobre la mesa, sino el rol de la su jefa directa. Es que hay una causa que llegó desde Rafaela a Rosario, con una declaración que compromete a terceras personas conocidas y que no se habría investigado según afirma en su escrito el auditor Leandro Mai. Justamente la acción o inacción de Iribarren frente a este tema va a ser requerido en el día de hoy. También se indagará sobre la regularización del llamado Registro de Informantes, que no está legislado en Santa Fe y en el que estaba incluída Mariana Ortigala, según Edery a través de un doble sobre resguardado, en uno los cuales había información y en el restante, la verdadera identidad de la personas que los suministraba. 

En rigor hay que decir que Iribarren llega a la convocatoria después de una semana atravesada por rumores respecto a su continuidad en el cargo. El impacto que generó el informe del auditor de gestión sobre los legajos disciplinarios iniciados al fiscal Matías Edery propagó esas versiones, que no obstante perdieron intensidad en las últimas horas. Sin embargo nadie se anima a descartar que al nuevo grupo político que va a gobernar Santa Fe desde el 10 de diciembre, le gustaría tener a alguien del propio riñón político en el cargo de Iribarren. Los más desconfiados, dicen que al menos la convocatoria de los legisladores, podría por si sola ser un mensaje claro del nuevo gobierno.   

“No podemos tomar decisiones apuradas -adelanta la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión-. Hay una causa penal en marcha. Tenemos que esperar los resultados de esa investigación y puntualmente lo que nos vengan a decir la fiscal regional y la fiscal general”, en referencia a María Cecilia Vranicich, quien fue citada el dia de mañana jueves.

El informe de Mai aportará los interrogantes de los legisladores ante Iribarren. El punto número uno será el manejo del registro de informantes en la fiscalía de Rosario, expuesto por el fiscal Pablo Socca en la denuncia que desató la crisis.

“Obviamente”, agrega Cattalini, se tratará además de saber “cuál es el plan para reconstituir la fiscalía regional, y cada uno de los doce legisladores que integran la Comisión hará sus propias preguntas”. La cita tiene un final abierto: “Después de escuchar a Iribarren veremos cuáles son los pasos a seguir”.

Mientras tanto la fiscal general ordenó un proceso de monitoreo por noventa días en la Agencia de Criminalidad Organizada y en las unidades de Homicidios Dolosos y Balaceras. Y aún así se multiplicaron las acusaciones entre los fiscales:  Iribarren denunció a los fiscales Socca y Miguel Moreno ante el auditor del MPA, por el incumplimiento de sus directivas respecto a la audiencia en que imputaron a Mariana Ortigala. Es que si bien los informantes son personajes recurrentes en las pesquisas policiales, la provincia de Santa Fe no adhiere a la ley 27.319. En su defensa  Edery dijo que no le gustaba que los policías lo llevaran poco menos de las narices hacia los objetivos que ellos mismos planteaban , luego de haber dectectado que algunos sabuesos trabajaban para alguna de las dos grandes bandas narco de la región. 

 Pero el fiscal Socca dijo que no había sido notificado del nombramiento de Ortigala como informante, “a menos como la ley nacional lo manda”, y afirmó que se le exigían “obligaciones por fuera de todo marco normativo”. Y que Ortigala habría gozado de protección por parte de la fiscalía cuando debió ser incluida como parte de la asociación ilícita.

La cuestión será tratada en la entrevista de los legisladores con Iribarren, lo mismo que el destino de un legajo instruido en los Tribunales de Rafaela por amenazas de Ortigala a Leonardo Peiti, el empresario del juego clandestino. El 1° de abril de 2021 Peiti habría declarado en Rafaela que los fiscales del MPA le pidieron que testimoniara contra Armando Traferri, al tanto de la relación que mantenía con el senador, y que fue amenazado por Ortigala, quien se jactó de supuestas influencias. El legajo fue recibido por la Fiscalía Regional de Rosario el 22 de abril de 2021 y hoy Iribarren va a ser consultada sobre el desarrollo del mismo.

“No es nuestra función recomponer la situación en el MPA –afirma Cattalini-. La ley nos da una función de control y de instrumentar procesos disciplinarios. Pero la fiscal regional y la fiscal general son las encargadas de delinear hacia adentro la política del MPA y por eso están citadas: para saber cómo piensan la continuación del proceso”.

Los 12 integrantes de la comisión de Acuerdos (4 senadores y 8 diputados y diputadas), después de recibir a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y a la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, deberán resolver, o no, sobre el avocamiento en relación al asunto en cuestión y la apertura del proceso disciplinario contra el fiscal Matías Edery y, también, aunque poco probable, el proceso disciplinario a la mencionada fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, quien, recordemos, no sólo denunció a los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno por “desobedecer una instrucción”, sino que también los apartó de la investigación por “presuntas extorsiones de la banda de ‘Los Monos’ a empresarios del juego de apuestas”.