Este lunes, la Justicia Federal llevó a cabo la detención del fiscal Martín Apóstolo, acusado de corrupción y extorsión. El funcionario, apartado de sus funciones para enfrentar una investigación, fue detenido por personal de Gendarmería Nacional en un procedimiento llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires.

Los primeros indicios que desencadenaron esta investigación se originaron en una denuncia presentada meses atrás por una persona imputada en un delito federal. Según la denuncia, el fiscal habría ofrecido beneficios a cambio de considerables sumas de dinero. Estos señalamientos sirvieron como punto de partida para una profunda pesquisa, que incluyó allanamientos y peritajes en busca de evidencia.

Uno de los elementos más cruciales en la investigación resultó ser el teléfono celular del funcionario imputado, en el cual se encontraron mensajes y llamadas que respaldan las acusaciones de extorsión. Según fuentes reservadas, el fiscal solicitaba coimas a personas imputadas por delitos federales, incluso llegando a requerir favores sexuales, prometiendo beneficios que estaba fuera de su capacidad otorgar.

El juez  José Quiroga Uriburu, a cargo del Tribunal Oral Federal, encabeza la causa, con la intervención del fiscal Diego Iglesias de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) entidad judicial de la Nación. 

Apóstolo ya había sido detenido en un allanamiento en su domicilio en la provincia de La Rioja en julio de este año, estuvo detenido 24 horas y fue dejado en libertad. En aquella ocasión se le secuestró su teléfono celular y se lo vinculó mediáticamente con otros allanamientos en 11 viviendas de Capital y del interior de La Rioja en los que se desbarató una banda narco dos semanas después del allanamiento al funcionario, pero el secretario Penal del Juzgado Federal José Luis Combina, aclaró en aquel entonces que “este procedimiento no tiene nada que ver con el otro caso”.

Además hace una década protagonizó otras dos polémicas, por un lado un extraño episodio cuando intervenía en el juicio contra César Milani. Resulta que su auto fue robado cuando tenía en su interior documentación relativa al caso de la detención del ex preso político Ramón Alfredo Olivera y su vinculación con Milani. El auto apareció un año después, pero la documentación que había en su interior, copias del expediente que se sustancia en el juzgado federal de La Rioja, sobre la participación de Milani en la represión de la última dictadura, no fue encontrada. 

Por otro lado, también fue denunciado judicialmente por presunta falsificación de documentación y fraude, en un caso de jubilaciones “truchas” que involucraron a varias personas, incluyendo la esposa del acusado por Enrique Cabrera, ex diputado provincial del PRO, quien ante los medios locales sostuvo que “Apóstolo cuando se enteró de mi denuncia, mandó a otra persona, para ofrecerme cien mil pesos, en diez cheques de diez mil, copias que están en el expediente. En un principio la causa no tenía avances, pero con el cambio de fiscal, creo que las cosas irán por su curso natural. Por esta denuncia lo mandaron a trabajar a Catamarca, pero ha vuelto y actualmente está trabajando como asesor en la Cámara de apelaciones del Dr. Horacio Salman, escondido y camuflado, y todavía cobrando un sueldo”.