El proyecto de eliminación de la indemnización por despido y reemplazo por un seguro del que hablan Dante Sica y Miguel Ponte, ministro de Producción y secretario de Empleo, respectivamente, en el gobierno de Macri, hoy referentes en temas laborales de Bullrich y de Milei, implicaría el fin del derecho de protección frente al despido arbitrario establecido en la Constitución Nacional. Además, generaría un incremento de los costos de las empresas, ya que ese seguro se financiaría con un aumento de las contribuciones mensuales que pagan los empresarios, generando incentivos adversos a la creación de empleo.

La diferencia principal con el sistema actual es que la indemnización sería percibida por el trabajador, pero financiada no en forma directa por el empleador como hoy, sino por un seguro que pagarán las empresas mes a mes por cada trabajador.

Efectos

* Con la cuota del seguro, cada empresa tendrá un costo adicional a los descuentos de la seguridad social que ya se realizan; alternativa que en la mayoría puede resultar mucho más costosa que el actual sistema de indemnizaciones.

Para tener una idea, una empresa puede tener 30 empleados y planear despedir solo a 2, pero el seguro lo paga por los 30 durante los 12 meses del año. Esto representa un claro aumento de costos y un fuerte desincentivo para la creación de empleos y emprendimientos.

* La aplicación del proyecto afectaría al derecho constitucional de “protección contra el despido arbitrario”, ya que en la práctica el empleador vive el pago de la indemnización como una sanción y por lo tanto genera un efecto disuasivo frente a tales decisiones. Un seguro como el que se propone eliminaría ese efecto y alejaría al empresario del problema que le puede ocasionar un despido.

Este derecho tiene un encuadre en la Constitución Nacional, que garantiza la protección frente a un despido arbitrario. El proyecto de Milei y Bullrich degrada este derecho, desprotege al trabajador frente al despido arbitrario y lo coloca en una situación dependiente de los caprichos y la voluntad unilateral del empleador.

La legislación actual, a través del período de prueba, admite despedir sin causa en un período de tres meses. Los empleadores tienen ese trimestre para incorporar al trabajador por tiempo indeterminado o decidir la finalización del contrato sin resarcimiento alguno. También está reglamentado el trabajo temporario y el de tiempo parcial en los casos en los que la actividad económica es temporaria o requiere jornadas más cortas. Es decir, el ordenamiento legal laboral argentino ya cuenta con herramientas resolutorias de la relación de dependencia en casos especiales.

Intereses

Lo explicado anteriormente puede tener mucha relación con la frase de Miguel Ponte, secretario de Empleo del gobierno de Macri y candidato a una función similar en un hipotético gobierno de Milei, acerca de que "contratar y despedir debería ser natural, como comer y descomer". Es una idea llamativa para un Secretario de Estado, que tiene entre sus responsabilidades garantizar el Derecho Constitucional al empleo digno.

Lo que sucede es que el proyecto en cuestión no beneficia ni a trabajadores ni a empleadores. Los únicos beneficiarios serían los administradores de los fondos de los seguros a crear, a raíz del nuevo negocio financiero, el cual no asegura que los fondos acumulados puedan mantener el valor equivalente a la indemnización a pagar.

Históricamente, las regulaciones del mercado laboral a través del derecho del trabajo han sido creadas para eliminar la desigualdad natural existente en la relación laboral, que en definitiva es una relación de poder, que encuentra al empleador en una posición dominante frente al trabajador, que en general pone a disposición su fuerza de trabajo a cambio de un salario que es base de la subsistencia propia y familiar.

La modernización del mundo del trabajo debe enfocarse en establecer soluciones a los desafíos del trabajo del futuro bajo el principio de que la adaptación a las nuevas tecnologías no puede dar como resultado que un sector aumente su rentabilidad mientras el otro tenga que renunciar a derechos. El único camino posible debe contemplar que todos los sectores se beneficien de las mejoras tecnológicas.

* Profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes