Un análisis del presente nos impone ser críticos con la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores argentinos. Si bien las estadísticas oficiales dan cuenta de que el número de personas con empleo asalariado registrado del sector privado acumula una larga fase expansiva, no podemos ignorar los problemas acuciantes de la pérdida del poder adquisitivo del salario producto del creciente índice de precios al consumidor y de la informalidad laboral, cercana al 40 por ciento, que se traduce en fuentes de trabajo sin derechos laborales, lo cual es inadmisible para el movimiento peronista.
Lamentablemente, la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, que ha superado el 20 por ciento los últimos 6 años, afecta en mayor medida a las y los trabajadores informales. Es por ello que creo fundamental intensificar las políticas que incluyan a todas las personas en la formalidad laboral, de manera de garantizar los derechos que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Afectar derechos
Sin embargo, entre las propuestas de cara a las elecciones nacionales se observan intenciones de reformas laborales regresivas que afectarían la garantía constitucional de protección al trabajo. Algunas de ellas, como la implementación de un fondo de cese laboral, está en abierta contradicción con la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario.
También se escuchan pedidos para eliminar el sistema de multas por trabajo no registrado, la penalización del ejercicio de medidas de acción directa por parte de los sindicatos y sus dirigentes, la limitación de los mandatos de los dirigentes sindicales y la fijación de topes a los aportes y contribuciones a las asociaciones sindicales.
El domingo 22 de octubre, como cada cuatro años desde el retorno de la democracia, los ciudadanos argentinos tendremos la oportunidad de elegir qué modelo de país queremos para el futuro. En mi caso, siempre estaré a favor de la ampliación de derechos para el pueblo y la redistribución de la riqueza. Ahora es cuando.
