Micaela tenía trece años en 2014. En la Maternidad Martin de Rosario tuvo a su bebé sola, sin que le permitieran ser acompañada por su madre. La habían presionado para que firmara un consentimiento para dar en adopción a su hijo. Un papel que ella ni su madre estaban en condiciones de entender. Después de nueve años –en los que el niño fue criado por otra pareja, sin que exista adopción pero sí varias decisiones judiciales que convalidaron el procedimiento irregular- la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció el viernes pasado al Estado argentino por discriminación y por violar los derechos a la identidad y a la familia, entre otros. 

Micaela tiene 22 años, va a ver a su hijo en la casa donde él vive, nunca pudo llevarlo a su casa, para que conozca a su familia, para jugar solos, o para ir al parque. La vinculación –que se había iniciado en 2016 por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- es una de las órdenes que sostiene la Corte IDH. El trámite legal de la tenencia está hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin ningún rencor, hoy Micaela piensa sobre todo en el niño. “Como siempre digo, lo que más quiero es que él no sufra, que no la pase mal. Lo que menos quiero es hacerle daño a él. Los problemas de los grandes, creo que lo tenemos que arreglar nosotros, pero él no se merece pasar por algo malo”, dice Micaela, quien contó a Las12 que el viernes sintió “una súper emoción” y la reconfortó que “alguien me haya reconocido todo lo que pase y que quiero lo mejor para mi hijo”.

La historia de Micaela está casi silenciada en Rosario, donde la resolución de la Corte IDH no tuvo repercusiones. Sólo un programa de radio, Trascendental, dio la información. El fallo que publicó este suplemento ese mismo día establece obligaciones para el estado argentino: investigar penalmente la conducta de los funcionarios que tramitaron la adoptabilidad y también capacitar a agentes judiciales y administrativos en derechos de la niñez.

“Acá hay una cuestión de clasismo y de discriminación y de no respetar al otro, que permite que pasen estas cosas. A veces se disfrazan las situaciones. De hecho, en la Martin (maternidad ubicada en el centro de Rosario), en ese momento, había una resolución de la Dirección, que establecía que si cualquier mujer manifestaba que quería dar su hijo en adopción y determinaba a quién, se anotaba en la historia clínica y se entregaban los chicos a personas que nadie sabía quiénes eran. Supuestamente el argumento era respetar la voluntad de la mujer, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de muchas de las chicas y mujeres que tienen sus hijos en una maternidad”, explica Carmen Maidagan, una abogada a la que Micaela llegó gracias a una psicóloga que su mamá conoció en una iglesia. Gloria Liñan, así se llama la psicóloga, las puso en contacto. Junto a Araceli Díaz, Marta Nora Haubenreich y María Claudia Torrens, tomaron el caso. A Micaela, que era una niña cuando comenzó este proceso, en los trámites de la Corte IDH se la menciona como “María” y a su hijo, como “Mariano”.

Maidagan subraya la voluntad de Micaela para seguir adelante. “Es una clienta que ha querido seguir luchando, cuando era tan chica, cuando fue tan maltratada, porque no sólo fue todo el momento del parto sino todo lo posterior. Todas las circunstancias que tuvo que pasar para ver a su hijo, todo el maltrato que sufrió de parte del Estado y sin embargo seguir, seguir, y seguir y además cada resolución que salía era en contra y parecía interminable. De hecho, son nueve años, la verdad que es mucho, o sea, ella perdió su adolescencia en este reclamo y la violencia que sufrió ha sido mucha”, dice su representante legal. En cuanto a la Maternidad –cuyos procedimientos deberán investigarse- calcula que “tiene que haber muchas que hayan pasado por esta situación, que tal vez no se encontraron con personas que las acompañaran. Nosotras lo que hicimos es acompañar un reclamo de Micaela”.

Micaela tenía 12 años cuando empezó esta historia. “Al principio mi mamá me llevó a al centro de salud donde me atendía siempre, porque veía que me estaba creciendo la panza y ahí le dijeron que no pasaba nada, porque era una niña y estaba creciendo. Mi mamá se quedó con eso y más adelante me llevó a la maternidad Martín y ahí le dijeron que estaba embarazada de seis meses”, cuenta la joven.

Enseguida comenzó el operativo. “Apenas se enteraron de que estaba embarazada y vieron a mi mamá, que estaba mal también, empezaron a decirnos que era mejor que se vaya con otra familia, porque con nosotros no iba a estar bien. Intentaban de todas las maneras convencernos”, sigue su relato la joven. A ella le costaba comprender su situación. “Yo todavía no entendía ni que me estaba pasando”, dice.

En ese momento les hicieron firmar un consentimiento en lenguaje leguleyo, sin asesoramiento jurídico adecuado –esto es algo que subraya la sentencia de la Corte IDH-, para que entregara al niño por nacer. Un procedimiento ilegal.

“Mi mamá me apoyaba en la decisión que yo quisiera tener, pero también ella, como estaba pasando sus problemas, se dejó llevar por todo lo que le decía a la gente de la Maternidad y aceptó un poco, pero mis tías, mi abuela, siempre nos dijeron que nos podían ayudar y que lo podíamos tener con nosotros. Cuando se enteraron de eso, en la maternidad, no quisieron que mi familia se siguiera involucrando y los apartaron”, contó Micaela sobre aquellos días.

Le presentaron a la pareja que iba a tener a su hijo. “Anteriormente me habían dicho que se iba a ir con una familia y me hicieron conocer a esa familia que lo iba a tener, así que sabía con quién iba a estar mi hijo, aunque yo no quería eso”, contó Micaela, quien tuvo a su hijo –con 13 años- con un parto natural. “Lo tuve sola, sin la ayuda, sin la compañía de mi mamá o de alguien de mi familia. No querían que me acompañen”, contó Micaela. La psicóloga de la Maternidad rechazaba el pedido de la mamá de la niña de entrar a la sala de partos. “Él nació y lo vi un ratito y se lo llevaron enseguida y después no lo vi más”, sigue el relato. Ella quedó tres o cuatro días internada. “Después de que lo tuve, yo pedí que lo quería conocer… ver un ratito y me dijeron que se lo habían llevado, así que ya no tuve la oportunidad de verlo”.

Enseguida ella supo que quería recuperar a su hijo. “Con el tiempito me di cuenta de que lo quería tener conmigo, que era mi hijo y de que me quería hacer responsable, que más allá de cómo fue la situación que pasó, quería hacerme responsable de él, pero no me escuchaban”, sigue el relato.

Ahí comienza su derrotero judicial, casi por casualidad. “A Carmen la conocí por una psicóloga que mi mamá conoció en una iglesia, a la que fue desesperada, porque no sabía a quién pedir ayuda. Ahí le comentó que nos podían ayudar”, sigue el relato. El llanto arremete y Micaela casi se disculpa: “Me trae un poco de angustia”.

Cuando la fueron a ver a Carmen Maidagan. “Primero vinieron la mamá de Mica con la tía y cuando me cuentan lo que había pasado, realmente, no lo podía creer. Ellas no me llegaban a aclarar esta cuestión de que les habían hecho firmar antes de nacer, que se lo habían llevado apenas nacido”, relata la abogada que –ante el atropello que le relataban- no pidió tiempo para estudiar el expediente, sino que narró lo ocurrido en un escrito y lo presentó en la justicia. “En el primer escrito digo que se le había hecho firmar un consentimiento, que Mica no quería y no era su voluntad y que queríamos la restitución”, recuerda Maidagan. Recién empezaba una batalla judicial que pasó por 14 jueces, y todos convalidaron actuaciones que ahora la Corte IDH cuestiona.

“Nosotros hacemos el planteo, ahí puedo acceder al expediente y vemos todas estas intervenciones. No solo es ilegal el consentimiento que le hacen firmar, sino todas las intervenciones. La que judicializa la cuestión fue la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, que por ley no tenía funciones para intervenir. Es ella la que presenta un escrito que iba dirigido a la Dirección de Niñez, ni siquiera al juez, diciendo que esta niña quería dar su bebé en adopción. La primera jueza que interviene estaba en turno de urgencia, cuando no había una urgencia porque el bebé no había nacido y le faltaba un mes”, desgrana todo el procedimiento. Allí se ordenó un oficio al Registro Único de Aspirantes a Guardas Adoptivas (RUAGA), y es cuando interviene la jueza Sabina Sansarriq. El niño no había nacido. “No sabemos cómo ni por qué, si hubo tres legajos, la jueza simplemente se comunicó con uno de los primeros de la lista, que además tampoco tenían la aprobación definitiva del Ruaga. Ese es otro tema que señale la Corte IDH. Y esta gente se presenta dos días antes de que el niño nazca y pide internarse en la Martin y llevarse el bebé después de que nazca. La jueza, sin fundamentos, dice ‘como se solicita’ y con eso entregaron un bebé al momento del nacimiento”.

En todo el procedimiento, no fueron citados Micaela ni su madre. “Tramitan el expediente sin citarlas, hasta que las convocan al médico forense que dice que Mica tenía un bloqueo, que no podía comprender el acto y pese a eso, la jueza la cita a una audiencia. En esa audiencia, con las herramientas que tenía, porque era una nena de 13 años, lo único que pudo hacer es plantarse en la puerta y decir 'yo no voy a entrar'”, sigue el relato de Carmen, que toma la posta cuando Micaela se la da. Fue el hermano más pequeño de Micaela el que se plantó ante la jueza y la secretaria del juzgado. “Mi hermana no te va a dar a su hijo”, les dijo el nene. “Ahí se armó un gran lío, donde piden la intervención de una psicóloga y ahí a través de esta iglesia evangélica es que la mamá de Mica conoce a Gloria Liñan, quien me dice que la va a ayudar, pero necesitan una abogada porque la cuestión es jurídica”, sigue Carmen Maidagan. Lo más extraño es que no hay adopción. “La tenencia está avalada por la justicia pero sin ningún vínculo jurídico”.

Los pedidos en nombre de Micaela -María para la Corte IDH- eran rechazados en la justicia provincial. “Era tal la cerrazón del Poder Judicial que nosotras en 2015 pedimos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión le ordenó en 2016 a la Argentina la vinculación. El Poder Judicial, le gustara o no, tuvo que hacer una instancia de vinculación donde Mica, cuando el niño tenía ya un año, lo empezó a conocer y sostiene esos encuentros, pese a que se la hacen re difícil”, sigue Carmen.

Primero fue en el tribunal con tres trabajadoras sociales. “Siempre tenían críticas, todos sus informes son espantosos. Después hubo una intervención de la Universidad, donde creíamos que iba a haber más amplitud, a través del punto de encuentro familiar y sin embargo siguió en lo mismo, Micaela teniendo que trasladarse por toda la ciudad para ver a su hijo dos horas, nada más. Después volvimos al tribunal y ahora lo ve en la casa de ellos, y ese sería el primer objetivo, sobre todo ahora, con la sentencia de la Corte, que eso se modifique, para que ella pueda verlo en otras condiciones”, sigue el relato la abogada. La Corte ordena la vinculación de Micaela y su hijo. 

Para Micaela, más allá de las condiciones, los encuentros con su hijo son “súper bonitos”. “No sé cómo explicarlo, son súper lindos y nos llevamos súper bien, tenemos una buena conexión, él me conoce como su amiga. Una vez me dijo que yo era su mejor amiga. Él me abraza cuando voy a verlo”, dice Micaela. En realidad, el nene percibe que eso no les gusta a sus cuidadores, entonces, la abraza cuando ellos no los ven. “Él sabe que estuvo en mi panza, pero creo que todavía no llegó a entender que soy su mamá”, cuenta Micaela.

Ahora que la Corte IDH le dio la razón, Micaela espera poder ver a su hijo en otros ámbitos, con más intimidad. “Me encantaría vivir con él, pero entiendo que es un poco complicado ahora, ya, con tantos años que pasaron y no me gustaría causarle daño. No quiero que la pase mal”, comprende la situación de su hijo.

Lo que sí necesita es “compartir con él, porque sinceramente nunca tuvimos la posibilidad de tener un momento tranquilo o solos, en algún lugar”. Lo que le gustaría es invitarlo a su casa, a un parque o a alguna plaza. “Hacer algo, que estemos solos, que sea mejor nuestra relación, pero todavía no pude disfrutar con él”, dice la joven.

Ahora, sabe que tiene que terminar la escuela secundaria. Para su futuro, le gustaría ser abogada. “Mis abogadas me enseñaron tanto que me gustaría ayudar a gente como ella lo hicieron conmigo”, cuenta su sueño. “Para mí fue una gran bendición encontrarlas en mi vida y mi camino”, subraya.

“Lo que más nos importa ahora es cómo se va a trabajar la vinculación, que Micaela pueda estar a solas con su hijo, y ver cómo se le va develando toda esta situación. En eso es muy interesante cómo lo plantea la Corte Interamericana, porque dice que deberían haber entrevistado a este niño, ya que están en juego sus derechos, deberían haberlo oído, pero no lo pudieron escuchar porque este niño no sabe su verdad. Tiene que haber todo un trabajo para que este niño conozca su verdadera historia. También que pueda conocer a toda su familia, tiene abuela, tiene bisabuela, tiene un montón de tías, primas, primos, con quiénes podría jugar y todo eso le ha sido vedado este niño por esta actitud del Poder Judicial”, dice Maidagan.

La otra cuestión es cómo sigue la denuncia penal que el año pasado presentó la Ministra de Gobierno Celia Arena ante la Fiscalía general. Ahora, la Corte IDH va a monitorear que esa investigación penal prospere. “Esperamos que la fiscal general se active esa denuncia y empiecen a trabajar en la investigación, no sólo en este caso puntual, sino qué pasó en la Martin todo ese tiempo”.

A Micaela le interesa que “se sepa lo que pasó y que si hay alguna chica que ha pasado lo mismo, lo pueda decir y que lo pueda contar, que en algún lugar hay alguna persona que los va a escuchar. Que esto no tiene que volver a pasar”.