El abogado de las familias de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, los fallecidos en 2018 como consecuencia de una explosión dentro de la escuela 49 de Moreno, Horacio Casalla, adelantó los próximos pasos luego del fallo de este martes, en el que el gasista Cristian Ricobene fue condenado a cinco años de prisión efectiva. Además, apuntó a la responsabilidad de la exgobernadora bonaerense Maria Eugenia Vidal y el exdirector de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Casalla señaló que "la ventana que se abre ahora, a pedido del cuerpo de abogados del particular damnificado, hemos solicitado que se retome la investigación y que intervenga una fiscalía distinta porque no hubo mucha voluntad en la investigación".
Este martes Ricobene y otros exfuncionarios fueron condenados a penas de prisión por la tragedia ocurrida en 2018. En el caso del gasista, recibió una pena de cinco años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública, por ser más de dos las victimas fatales.
Asimismo, el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes le aplicó 10 años de inhabilitación para ejercer la profesión.
En este sentido, el abogado explicó que "hay más responsable del homicidio culposo", incluyendo a Gabriel Sánchez Zinny en calidad de director general de Cultura y Educación durante la gestión de Vidal, así como también la propia exgobernadora bonaerense.
"La ley establece que el gobierno provincial es responsable por todo lo que sea la parte educativa, ya sea infraestructura como pedagógica", aseveró el defensor de las familias damnificadas, quien apuntó directamente a la exgobernadora Vidal.
"Yo creo que esto no fue un accidente. Esto fue crónica de una muerte anunciada. Hubo muchas denuncias y descuidos gravísimos que se esconden detrás de un sistema de corrupción que quedó acreditado en el expediente", agregó.
"Este trágico hecho se esconde detrás de una política de ese momento que era un intento de municipalización de la educación, donde lo primero que se pensaba municipalizar la infraestructura", concluyó el abogado.
Por la muerte de Sandra y Rubén, ademas, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos Sebastián Nasif, exinterventor del Consejo Escolar de Moreno; Mónica Berzoni, expresidenta del Consejo Escolar de Moreno; y Jorge Galian, exconsejero escolar que estaba a cargo del área de infraestructura.
