En teoría es un parque público, propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. En la práctica se cobra entrada y, peor aún, se parcela y se ofrenda de hecho a privados seleccionados a dedo por la gestión PRO. El ejemplo más burdo es tal vez el del Belgrano Athletic Club, que cobra más de 4 millones de pesos para ser parte y una cuota mensual de 32.750 pesos. A fines de 2020 la administración de Horacio Rodríguez Larreta le concedió 6,5 hectáreas del Parque Sarmiento para sus canchas de rugby. Tres años después, no hay rastros de las obras y mejoras prometidas y tampoco hay constancias de que pague el ínfimo canon mensual acordado. Tras exigir información oficial en vano al GCBA, el Club Social y Deportivo Zavaleta, que hace malabares para funcionar en instalaciones precarias, presentó una acción de amparo ante la justicia para que declare nulo el “permiso de uso precario y oneroso” aun vigente. “Que esas tierras vuelvan para quienes verdaderamente las necesitan: los clubes sin techo, las escuelas de la zona”, reclama el legislador porteño Claudio Morresi.

El Parque Sarmiento, fundado en 1981, ocupa 70 hectáreas del barrio de Saavedra. Según el Código Urbanístico porteño, está destinado a “urbanización parque”, que implica su destino al uso público. Tanto el Código como la ordenanza 46.299, de 1988, impiden a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo porteño privatizar espacios verdes de uso público o mercantilizar su acceso. “A pesar de estas reglas bastantes claras, el ingreso al Parque Sarmiento no es de acceso público pues quien hace uso privativo es el Belgrano Athletic Club, que no es un club de barrio, es de la elite más alta de la sociedad porteña”, apunta la presentación judicial que lleva la firma de Ivanna Portillo, presidenta de la asociación civil que los vecinos conocen como “Zavaleta Juniors”. El parque “se encuentra en cierta manera ‘privatizado’ por el permiso” otorgado, que implica “una grave afectación a nuestros derechos individuales”, ya que también quisieran poder acceder al predio. “El Parque Sarmiento se ha convertido en un parque estatal exclusivo y mercantilizado en violación flagrante al mandato de que los espacios públicos deben ser de acceso libre y gratuito, como establece la Constitución de la Ciudad y las normas citadas”, destaca el escrito que patrocina el abogado Sebastián Alanis.

El convenio suscripto el 30 de diciembre de 2020 lleva las firmas de Matías Vitale, a cargo de la Dirección General Administración de Bienes del GCBA, y Marcelo Ruiz por el aristocrático Belgrano Athletic, que lo pidió para practicar rugby y ofreció como contraprestación realizar obras y mejoras que no detallaron. El convenio tenía 16 cláusulas pero ninguna que estableciera sanciones en caso de incumplimiento, tal como exige la ley 3.399 que regula el procedimiento para otorgar “permisos de uso precario” de inmuebles de dominio público.

La presentación judicial del Club Zavaleta tiene lugar luego de dos pedidos de acceso a la información pública realizados en noviembre de 2022 y en marzo último que no tuvieron respuesta del gobierno porteño. Las preguntas eran qué actividades de fomento del deporte realizan en el predio (eso exigía la segunda cláusula del convenio), el valor actual del canon mensual y cuánto había cobrado desde fines de 2020 el GCBA. Ante la falta de respuestas presentaron una acción de amparo, tras la cual la Procuración General porteña citó unos pocos ejemplos de actividades de fomento (prácticas de la Unión de Rugby de Buenos Aires, capacitación de entrenadores y réferis, etc.) pero nada dijo sobre los pagos. Tampoco sobre la tasación que en teoría debía realizar el Banco de la Ciudad para actualizarlo.

La denuncia advierte sobre “faltas y omisiones” de ambas partes. En junio de 2021 la administración porteña aprobó un plan de inversión presentado por el Belgrano, con obras que debían realizarse en 180 días y, una vez más, sin sanciones previstas por incumplimiento. En diciembre, cuando se venció ese plazo y Morresi pidió explicaciones al jefe de gabinete Felipe Miguel por la falta de avances en las obras, el club pidió una prórroga. Dos meses después la misma Dirección Administración de Bienes las dio por finalizadas, pese a que ninguna presentación del club las acreditaba, detalla la presentación. En consecuencia denuncia y reclama que se declare la nulidad de ese acto administrativo por contrariar las normas más básicas del derecho ídem, arrasadas por una decisión en uso de facultades discrecionales y arbitrarias. Las irregularidades incluyeron la ausencia de dictámenes jurídicos y de publicidad de la decisión, que no se publicó en el Boletín Oficial ni pasó por la Junta Vecinal.

“El Belgrano Athletic es un club que para ingresar necesitás que dos socios te recomienden, tenés que pagar 4.257.500 pesos y una cuota social por mes de 32.750 pesos”, apunta Morresi en un breve video en el que respalda la denuncia. Recuerda también que en septiembre del año pasado Mauricio Macri utilizó instalaciones de esa entidad para su “escuela de intendentes”. “Hace tiempo que los vecinos recorren el lugar y no ven ninguna escuela y ningún club barrial haciendo actividades deportivas de acuerdo al convenio que se había firmado”, cuenta el exfutbolista y exsecretario de Deportes del gobierno de Néstor Kirchner. “Hemos ido a la justicia para que termine con este convenio, ya que viola la Ley de Compras y Contrataciones. Que esas tierras vuelvan para quienes verdaderamente las necesitan: los clubes sin techo, las escuelas de la zona, y toda persona que a la tierra pública la pueda utilizar porque tiene todo el derecho para hacerlo, y no estos tipos de convenios a cinco años, donde solamente una élite social puede utilizarlo y sacar sus beneficios”, concluye.