Martín Román Apóstolo, alias "El Padrino", se desempeñaba como auxiliar fiscal en el sistema judicial Federal de La Rioja y ahora enfrenta graves cargos por corrupción, abuso de poder y otros actos indebidos. El procesamiento dictado por José Quiroga Uriburu incluye un embargo de 5 millones de pesos. Está beneficiado con prisión domiciliaria por un cuadro de ansiedad.
Los cargos contra Apóstolo incluyen concusión (extorsión), tráfico de influencias agravado, mala conducta fiscal y no cumplir con sus deberes como funcionario público. Se le acusa de llevar a cabo actos de corrupción relacionados con supuestas demandas de dinero a individuos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de resultados legales favorables. Este comportamiento inquietante destaca el potencial para el abuso de poder dentro del sistema judicial, con profundas implicaciones para los derechos de quienes están involucrados.
La gravedad de la situación llevó al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, a cesar la designación como auxiliar fiscal a Apóstolo e iniciar una investigación administrativa después de que el Juzgado Federal de La Rioja pidiera su intevención, ordenara los allanamientos pertienentes y la detención del funcionario con el que compartieron su labor. Despúes de meses de trabajo de investigación hoy el ex funcionario legal cumple arresto domiciliario, citando el riesgo de fuga y posibles interferencias en la investigación en curso.
La investigación que puso en evidencia el desempeño delictivo de Apóstolo comenzó en marzo de este año tras la declaración de un sospechoso de operaciones vinculadas al narcotráfico. Tras la una detención ordenada por la fiscal Virginia Miguel Carmona, el detenido le informa a la fiscal que tenia un “arreglo” con el ahora procesado. Apóstolo le había exigido dinero por mantener su prisión domiciliaria.
En diálogo con La Rioja/12 la fiscal Carmona explicó que las maniobras de Apóstolo sucedían por fuera de la fiscalía y que por cuestiones de seguridad no tenía la posibilidad de cumplir lo que prometía, "Él hace 20 años que trabaja en esta instititución, cuando yo entré en 2017 él ya era parte de esta fiscalía y apenas tuvimos pruebas para proceder con la investigación hicimos todo lo que había que hacer en estos casos", expresó la fiscal haciendo un fuerte énfasis en el rol de los fucionarios públicos para arbitrar las medidas necesarias para combatir la corrupción interna en favor de delincuentes.
Según la resolución judicial, estando en prisión, Pablo Gutiérrez “expresó espontáneamente que, desde hace aproximadamente un año, estaba recibiendo exigencias de Apóstolo para mantener la prisión domiciliaria que gozaba desde marzo de 2022″. En ese acto, Gutiérrez reconoció haber pagado 600.000 pesos para lograr beneficios para él, su esposa y su cuñado. Los tres habían sido detenidos y le entregaron 200 mil pesos cada uno, a cambio de libertades y domiciliarias.
Apenas Carmona obtuvo esta información se secuestró el teléfono celular del arrepentido y se procedieron a los allanamientos para preservar las evidencias que hoy complican al procesado. Para favorecer el curso de la investigación, los funcionarios de la Justicia Federal de La Rioja dieron paso a estas irregularidades e informaron a la Procuraduría General, que apuntaban a la participación de Apóstolo en asuntos relacionados con investigaciones de tráfico de drogas en su jurisdicción. Posteriormente, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dirigida por el fiscal federal Diego Iglesias, inició una investigación preliminar con la ayuda de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para analizar las actividades financieras de Apóstolo.
A medida que la investigación avanzaba, surgieron pruebas que sugerían que Apóstolo había participado en diversas prácticas corruptas, incluida la solicitud de dinero a individuos asociados con el tráfico de drogas, la mayoría de los cuales estaban bajo custodia. A cambio, presuntamente les prometía beneficios procesales, aprovechando su influencia como funcionario público.
Desde hacia tiempo que Apóstolo venía con ruido. En 2019 un anónimo lo había relacionado con el mundo del narcotráfico, puntualizando que el hermano de su esposa -un hombre apodado «Negro Tyson- vendía drogas y contaba con su cobertura. En 2022, se le había abierto un expediente interno en la Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación en los Tribunales de La Rioja, pero su participación en la impunidad de megacausas hace años es un secreto a vivas voces en el entorno judicial de La RIoja.
El caso de los "jubitruchos"
Martín Román Apóstolo ya que hace más de una decada se vio envuelto en la famosa mega causa de las jubilaciones truchas otorgadas durante la gobernación menemista donde se investigaban 751 jubilaciones irregulares. Aquella causa iniciada por el fiscal Guillermo Marijuán en donde entre los investigados se encontraban, por ejemplo, el masajista de Carlos Menem que cobraba una jubilación de un banco en el que nunca trabajó, al igual que el profesor de tenis de Zulemita Menem y todas las jubilaciones de privilegio otorgada entre 1996 y 1997 acusados por un fraude al estado de millones de dolares, cuyos expedientes fueron trasladados en un camión a Buenos Aires que casi no llega porque lo balearon en el camino. Luego la causa se fue dilatando con conflictos de competencia y Apóstolo fue denunciado hace más de una decada por el ex diputado del PRO, Enrique Cabrera, quien lo acusó de favorecer la impunidad de los implicados.
Caso Milani
El 6 de diciembre de 2013, le robaron el auto a Martín Apóstolo cuando fue parte de la causa que investiga al jefe del Ejército, César Milani. En el auto del fiscal auxiliar de la causa, había copias de expedientes del caso del ex preso político, Ramón Olivera que comprometian al ex represor. El auto fue encontrado en 2015 sin la documentación. En aquella mega causa participaba como defensa el actual candidato de Milei para Senador Nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien también participó en el juicio llevado a cabo por la Cámara Federal de Córdoba por las apelaciones a los procesamientos en una causa en la que se encontraban imputados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez, y actuó como defensor del exjuez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem y también defendió al ex oficial de la Armada Angel Ricardo Pezzetta, acusado por el asesinato de dos curas. En 2019 Milani, Catalan y Santacrocce fueron absueltos de los delitos cometidos contra Ramón Olivera.
