La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela debatió ayer en sesión plenaria un acuerdo en rechazo a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el país. Además, aprobó la apertura de un “juicio histórico” contra dirigentes de la oposición.
Los más de quinientos constituyentes, todos oficialistas, votaron un acuerdo en rechazo de las acciones unilaterales, que buscan afectar la dinámica económica del pueblo venezolano, dijo la presidenta del órgano plenipotenciario, Delcy Rodríguez. La ex canciller dio inicio a la apertura del debate en donde indicó: “la oposición venezolana, no tiene límite en su acción criminal... se quitaron la careta al justificar una intervención militar”. Y agregó: “ni siquiera con el servilismo de la derecha transnacional el gobierno estadounidense podrá poner sus garras sobre la patria de Bolívar”.
Además, Rodríguez ratificó que la oposición atenta contra el Estado de derecho de la nación. “Han solicitado bloqueo financiero contra Venezuela, han solicitado bloqueo comercial, intervención militar, armamento para hacer la guerra, y el jefe del imperio (Trump) atendiendo esta solicitud genuflexa dio un paso adelante para agravar un bloqueo que ya estaba sufriendo nuestra patria”. Recordó que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, es el principal responsable del bloqueo financiero, puesto que pidió ayuda a las instancias internacionales para asfixiar la economía en Venezuela y tiempo después el secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, declaró que las medidas de Trump eran para asfixiar la economía del país. La presidenta anunció que la nueva carta magna que planean redactar establecerá artículos más estrictos para quienes cometan delitos contra el orden constitucional.
Durante el debate distintos asambleístas intervinieron expresando su posición ante las últimas sanciones por parte del gobierno norteamericano, entre ellos Adán Chávez, quien solicitó castigo para los traidores de la Patria y justicia para seguir en paz. El hermano del fallecido mandatario instó al pleno de la asamblea acordar acciones de rechazo para quienes conspiren contra la economía del país y los que promuevan la violencia política. Por su parte, el constituyente Eduardo Piñate afirmó: “Estados Unidos busca asfixiar financieramente a la República Bolivariana de Venezuela”.
También la constituyente Gladys Requena indicó que a su juicio los venezolanos tienen el derecho natural de construir la República que se desee, y exhortó la Fiscalía General para abrir procedimientos para sancionar a los traidores de la Patria. Luego denunció que sectores extremistas de la oposición se dedicaron sistemáticamente a forjar alianzas con otras naciones extranjeras para atentar contra la estabilidad de Venezuela. “Ante el asedio económico del gobierno de Estados Unidos, Venezuela ratifica y demuestra su naturaleza democrática, libre y soberana”, destacó ayer la asambleísta por la región occidente de pueblos indígenas, Aloha Núñez.
El hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, condenó la posición asumida por la dirigencia opositora al respaldar la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos. “Miserable dirigencia opositora que promueve y alienta invasiones, afortunadamente los que amamos y defendemos la Patria somos mayoría”, expresó Cabello a través de su cuenta en la red social Twitter.
La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), había guardado silencio hasta el domingo cuando anunció su apoyo a las sanciones que imponga cualquier gobierno del mundo a “vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos” en Venezuela. A través de un comunicado señalaron que además respaldarán y solicitarán el apoyo diplomático mundial que contribuya al restablecimiento constitucional y democrático en Venezuela.
Por unanimidad, los 545 chavistas que forman la Constituyente aprobaron un decreto para iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un “juicio histórico” por traición a la patria contra los que están incursos en la promoción de acciones contra los intereses del pueblo venezolano.