La familia de Santiago Maldonado le reclamó al Gobierno nacional un “reconocimiento público” de su desaparición forzada, de la que se cumple un mes este viernes. Fue a través de un petitorio que entregó la abogada que los representa, Verónica Heredia, al ministro de Justicia, Germán Garavano, en el que también le solicitaron garantías de participación en la investigación, la disposición de recursos materiales y económicos que aseguren la continuidad de la búsqueda del joven así como la identificación y sanción de los responsables. En el encuentro, Garavano dijo que el Gobierno mantiene su postura de no hablar de desaparición forzada. La abogada le cuestionó la intención del Ejecutivo de presentarse como querellante, y el funcionario tuvo que dar marcha atrás con esa idea que había anunciado públicamente más temprano. El escrito de los familiares  también pide que les brinde asistencia técnica la Defensoría de Casación bonaerense, como lo hizo respecto de la desaparición de Iván Torres, ocurrida en 2003, también en Chubut; y que también lo haga la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El encuentro es el primero con un miembro del Gabinete nacional y se hizo en la sede de la Defensoría de Casación bonaerense. Estuvieron Heredia, Garavano y el titular del organismo, Mario Coriolano. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y su esposa, prefirieron no participar, aunque estuvieron en una sala contigua. La abogada cuestionó la pretensión del Gobierno nacional de ser querellante en la causa sobre la desaparición forzada dado que la Gendarmería es sospechosa número uno. El ministro dio marcha atrás y lo que anunció más tarde, en un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, fue que pondría “a disposición de la familia y el juzgado todos sus recursos y programas” para colaborar en la búsqueda de Santiago. También dio a conocer su intención de querellar el gobierno de Chubut, algo por demás controvertido en una provincia con frondosa trayectoria en violencia institucional y otra desaparición en su haber, la de Torres, de quién no se supo más nada luego de su detención en una comisaría.

Heredia también fue abogada en la desaparición de Iván Torres, por la que la Corte Interamericana condenó al Estado argentino, que nunca terminó de cumplir por completo con esa sentencia. En aquel caso colaboró la Defensoría bonaerense y por eso la abogada, apenas desapareció Maldonado, contactó a Coriolano. En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría desarrolló allá por el año 2000 un banco de datos de torturas aplicadas por fuerzas de seguridad, que luego fue replicado en Chubut.

El petitorio escrito en nombre de la familia y la abogada tiene tres puntos. El primero exige “el reconocimiento público del Gobierno de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a partir del 1º de agosto de 2017 en el departamento de Cushamen”, Chubut. A esto Garavano contestó directamente que es algo que no hará y que a su entender es una definición que le corresponde dar a “la justicia”. La familia no sólo plantea que es ostensible que la Gendarmería está involucrada, sino que si el Gobierno quiere colaborar y aportar datos para el esclarecimiento podrá hacerlo sin ser querellante. Garavano, al hablar públicamente, se diferenció de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no descartó la participación de Gendarmería. “La justicia tiene que investigar todas las hipótesis caiga quien caiga. Si hay responsabilidad de gendarmes, tendrán que asumirla”, reforzó ante PáginaI12.  

El segundo punto pide que se garantice “la efectiva participación de las víctimas en el expediente” que tramita en la fiscalía de Esquel a cargo de Silvina Ávila, y que para eso “se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen” y que “se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago”. Garavano accedió a estas cuestiones y dijo que las pondría por escrito. Lo mismo respecto del último ítem, que requiere para “una investigación independiente, pronta y exhaustiva” sobre la desaparición y la determinación y sanción de los responsables, “se solicite la cooperación y asistencia técnica de la ONU”, a través del Alto Comisionado, para que designe “expertos independientes que supervisen”.

La fiscal Ávila, quien tiene delegada la investigación sobre desaparición forzada, estuvo reunida ayer con la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, y le pidió refuerzos para su equipo de trabajo. Se llevó la promesa de mayor espacio físico y más personal para la causa. Además colaboran la Procuraduría de Violencia Institucional, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas y la Unidad de Ciberdelincuencia. Ávila y el titular de la Procuvin, Félix Crous,  le tomaron declaración al especialista en telecomunicaciones Ariel Garbarz, de la Universidad Tecnológica Nacional, a raíz de algunas apreciaciones que había hecho por las redes sociales. Explicó a la fiscal “cómo geolocalizar” el celular que utilizaba Santiago con una línea chilena y que fue atendido durante 22 segundos tras su desaparición, así como los de los gendarmes alrededor de ese aparato. Según Garbarz, hasta ahora los peritos de la Policía Federal no hicieron la triangulación. Tampoco la Enacom y la empresa de telefonía suministraron –según declaró– los datos necesarios para hacerlo.