Verónica Castelli es hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos militantes de la Juventud Peronista (JP) y de Montoneros. Sus padres fueron secuestrados el 28 de febrero de 1977 en la provincia de Buenos Aires. Pasaron por tres y dos centros clandestinos de detención, respectivamente. Aún hoy permanecen desaparecidos.

En el marco de la causa que investiga el secuestro y desaparición de sus padres y otras 26 víctimas, conocido como “Sheraton IV”, la justicia condenó la semana pasada a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al exoficial de Logística del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, Alejandro Federico Sálice, y al exjefe del Servicio de Finanzas y exjefe del Servicio de Administración de esa misma unidad militar, Roberto Horacio Sifón.

“Recién vuelvo de una visita de El Vesubio. Mi papá y mi mamá estuvieron en dos y tres centros clandestinos. Ahí va a funcionar un espacio de memoria. Estamos haciendo algunas visitas. El sitio fue derribado en el año derribado en el 78, ante la inminente visita de la CIDH. Vengo de hacer estas primeras visitas. Y veníamos hablando de eso”, comenzó relatando por AM750, entrevistada por Nora Veiras.

En este punto, y en un tono de reflexión general, afirmó: “Es terrible que el doctor Gollan haya tenido que ser tan explícito para poder explicar por qué está mal y hablamos de negacionismo cuando alguien habla de esas atrocidades como excesos. Y la importancia que tiene el testimonio de los sobrevivientes”.

El centro en el que se investigó estos crímenes funcionó en el cruce de las calles Tapalqué y Quintana, en La Matanza, al menos entre octubre de 1976 y octubre de 1978, y se encontraba emplazado en el Área 114, en la que el Grupo de Artillería 1 de Ciudadela era la unidad militar responsable del despliegue de la represión ilegal, bajo el comando del Primer Cuerpo del Ejército.

Este fue el cuarto tramo de la investigación por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino Sheraton que llega a la instancia de juicio oral, ya que los dos primeros fueron abordados en marzo del 2019, cuando el TOF 1 condenó a cuatro exmilitares y a dos expolicías a penas de entre 8 y 25 años de prisión, y el tercero en noviembre del 2021, cuando fue condenado el exoficial del Ejército Ricardo Alberto Pascual, quien era Oficial de Personal, a seis años de prisión.