El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentará ante la Justicia de Estados Unidos una queja formal por las denuncias planteadas por fondos buitre que apuntan contra funcionarios bonaerenses por llevar adelante presuntas operaciones ilícitas, acusaciones que fueron desmentidas este jueves mediante un comunicado oficial.
El gobierno de Axel Kicillof puso el ojo sobre una información publicada en el diario La Nación, en una nota que lleva la firma del periodista Carlos Pagni.
En ella se daba cuenta de una presentación realizada por el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que entidades bancarias estadounidenses informen presuntos movimientos financieros de funcionarios y entidades argentinas, en especial de la provincia de Buenos Aires.
Hranitzky representa a dos fondos Glacial Capital y TRSE Holdings, que rechazaron la oferta formulada por el Estado bonaerense en el canje de deuda en moneda extranjera que llevaron adelante en 2021. Allí, entienden desde la administración provincial, radica la razón principal de las acusaciones vertidas en la publicación.
Los funcionarios bonaerenses sobre los que piden información son Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; y Ana María Bazán, asesora letrada de la gobernación provincial.
El comunicado
"En el día de ayer, fue publicada una nota periodística, con datos tomados de una presentación que se realizó pocas horas antes, ante la Justicia estadounidense”, arranca diciendo el comunicado difundido por el Gobierno provincia. “Las acusaciones tomadas por el diario contra funcionarios provinciales fueron realizadas por uno de los abogados de un fondo buitre, en el contexto del litigio que mantienen luego de no aceptar el canje de deuda ofrecido por la provincia", sostiene.
El parte de prensa asegura que los hechos a los que textos de los que se toma el artículo de Pagni "se trata de un escrito donde los fondos buitre exigen respuestas a entidades financieras norteamericanas sobre un pedido de información ("Discovery") que se inició en el mes de marzo de este año".
"Esta coincidencia temporal, donde una nota periodística se publica simultáneamente con una presentación en la Justicia de Nueva York, constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales", afirma la gobernación que reitera que los funcionarios mecionados "desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan” y por esa razón se iniciarán “acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado".
"La Provincia, a través de sus abogados, presentará a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático de nuestro país", agregó el parte que termina advirtiendo que “ninguno de los funcionarios mencionados en la nota periodística, ni tampoco el Gobierno de la provincia, fueron consultados al respecto antes de la publicación, contradiciendo una de las más difundidas (y sensatas) prácticas del ejercicio de la profesión: el chequeo con fuentes".
La respuesta de los funcionarios señalados
En el comunicado del Gobierno provincial se incluyen los descargos públicos que los tres funcionarios señalados en el artículo periodístico habían publicado en las redes sociales. Y que básicamente apuntaban contra la información trascendida y la falta del chequeo a la que hace referencia el descargo provincial.
"Desmiento categóricamente toda la información publicada por el diario La Nación en su edición papel y en su portal web. Las acusaciones allí vertidas son falaces y afectan mi buen nombre y honor, por lo que decidí iniciar acciones legales correspondientes y poner a disposición mi declaración jurada de bienes para esclarecer esta burda operación mediática que tiene por objeto dañar una gestión honesta y transparente", sostuvo Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense.
Por su parte Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad, anunció a través de su cuenta el inicio de acciones legales y calificó de "tendenciosas y maliciosas" a las versiones que lo involucran en la comisión de acciones ilícitas. "No poseo ninguna cuenta en el extranjero en la actualidad, ni la tuve jamás", aseguró Montaña.
Por último, la abogada Ana María Cecilia Bazán también negó tener cuentas bancarias en el exterior y aclaró que "ni he tenido participación en operaciones bursátiles de ningún tipo".
"Me presentaré ante la justicia a los efectos de desacreditar esta operación contra mi persona, la institución a la que pertenezco y el gobierno de Axel Kicillof y restablecer el buen nombre y honor que construí durante mis años de servicio", señaló Bazán.
