El decreto que Mauricio Macri firmó en noviembre de 2016 para permitir que sus familiares y los de otros funcionarios ingresaran al blanqueo de capitales, fue declarado nulo por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick. Su fallo plantea que el expresidente incurrió en un "exceso de reglamentación" al meter por la ventana beneficios para padres/madres, cónyuges e hijos/as, que habían sido expresa y deliberadamente excluidos cuando se votó la ley que incluía el sinceramiento fiscal, el 29 de junio de 2016. Recordó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya había adelantado en el expediente que reclamará los impuestos que no fueron abonados respecto del dinero y bienes incluidos en el blanqueo y los intereses correspondientes. El órgano recaudador podría, además, cobrar multas e iniciar procesos penales. Entregará en los próximos días la lista de contribuyentes favorecidos por el decreto en cuestión, el 1206/2016.

La demanda había sido impulsada por la asociación civil AJUS (Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada) y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti (del entonces llamado Frente para la Victoria, hoy Unión por la Patria). El entonces diputado Felipe Solá había hecho una presentación similar por el Frente Renovador. El reclamo estaba dirigido al Estado Nacional y la AFIP. En su cuenta de la red "X" (exTwitter) AJUS recordó que una de las motivaciones de Macri para publicar aquel decreto que modificaba una ley fue el escándalo de los Panamá Papers, donde él y algunos de sus familiares aparecían salpicados. El decreto permitió lo que la ley de blanqueo prohibía: que los familiares de funcionarios pudieran blanquear fondos fugados o no declarados", recordó la entidad. Lo "inventó" el expresidente, explican, "para que familiares, amigos y sus empresas off shore, zafen de pagar multas y enfrentar cargos penales por evadir y lavar dinero".

La ley que Macri retocó

En junio de 2016, el primer año de gobierno de Macri, se debatió en ambas cámaras del Congreso una ley que se denominó de "Reparación histórica" respecto de las jubilaciones, pero que incluía un "régimen de sinceramiento fiscal". La exclusión de familiares del blanqueo fue uno de los ejes que el Frente Renovador (FR) y parte de la Coalición Cívica exigían para aprobar la ley, que llevó el número 27.260. El ex diputado Solá manejó las negociaciones para lograr modificar el proyecto del macrismo. En algunas entrevistas recientes el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dijo que Macri le tiene rencor y le factura que por entonces, como líder del FR, se opuso a sus pretensiones de favorecer familiares.

El artículo 83 de la norma finalmente estableció: "Quedan excluidos de las disposiciones los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados" por el artículo anterior, el 82, que definía la exclusión de familiares de funcionarios que se hubieran desempeñado desde 2010. Enumeraba, además, a qué funcionarios se refería: presidente, vice, gobernador, vice, jefe de gabinete, ministros, jefe o vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, senadores/diputados nacionales, provinciales, de la ciudad, concejales, parlamentarios del mercosur, jueces, fiscales, defensores, consejeros de la magistratura, miembros de la exSide, de las Fuerzas Armadas y la lista continúa. Desde el FpV había quienes planteaban que hubieran preferido que la exclusión llegara a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente. Tenían en cuenta, por ejemplo, el vínculo de Macri con su primo Ángelo Calcaterra, empresario de la obra pública con la empresa IECSA, clave en el Grupo Macri.

En noviembre Macri decidió directamente cambiar la ley por decreto para darles la posibilidad de blanqueo a "los cónyuges, los y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados" por la norma. La modificación señalaba que la disposición "era exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados". En el caso de Macri, sus parientes podían blanquear lo que tenían sin declarar antes de su asunción como presidente en diciembre de 2015. Entre quienes podrían quedar afectados hay miembros de la familia Macri. Por ejemplo, Gianfranco --hermano del expresidente-- blanqueó 25 millones de dólares de un fideicomiso del que era beneficiaria su madre, Alicia Blanco Villegas, excluida en la ley original. Esto fue denunciado ya por la AFIP. Parientes de otros integrantes del gabinete del gobierno de Cambiemos también están en igual situación.

Las razones para justificar el decreto eran insólitas: "Que la experiencia recogida desde la sanción de la Ley N° 27.260 y el dictado de su Decreto Reglamentario N° 895 de fecha 27 de julio de 2016, aconseja efectuar ciertas precisiones que, respetando el espíritu de la normativa en cuestión, garanticen su mejor aplicación y la concurrencia de aquellos contribuyentes que deseen dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, posibilitando la adecuada utilización de los beneficios acordados por dicho régimen (...) Que para ello resulta imprescindible aclarar el alcance del aludido cuerpo normativo a los efectos de evitar interpretaciones que afecten la finalidad perseguida con su dictado."

Claves del fallo

* El juez Cormick sostiene que el decreto de Macri implicó un "exceso en la reglamentación de la ley" que se había votado en el Congreso ya que incluyó “ampliaciones de beneficios a situaciones no previstas, e inclusión de sujetos originalmente excluidos". El fallo señala que "no cabe otra lectura que entender que por medio del Decreto 1206/06, enmarcado en el artículo 99 inc 2°) de la Constitución Nacional, y bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260... ".

*Para sumar argumentos en esa dirección su resolución recuerda que "las modificaciones efectuadas con el Decreto cuestionado fueron expresamente debatidas en sede legislativa. Es por ello que, habiéndose consagrado una voluntad legislativa en un sentido determinado, la misma fue desechada por la propia reglamentación a la ley aquí cuestionada". ¿La finalidad? Alterar la ley en beneficio propio o de sus allegados.

* "...los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas". En este caso, un decreto viene a regular aspectos vinculados precisamente con el régimen impositivo, algo que solo podría hacer el Congreso. El Poder Ejecutivo no está habilitado a modificar una ley que excluyó a familiares y amigos del blanqueo.

* Con respecto a lo que se viene a partir de esta decisión, Cormick recuerda que la AFIP ya planteó que al declararse inconstitucional el decreto "los contribuyentes involucrados deberán ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo, tales como Impuesto a las Ganancias, Impuesto al valor agregado, Impuestos a los Bienes Personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto, así como los intereses del pago fuera de término". El juez dice que esto es ajeno a su causa, pero deja en claro que es factible.

Las demandas por este asunto estuvieron planteadas apenas salió el decreto. La de Felipe Solá durmió el sueño de los justos en la Corte Suprema, que solo debía definir en un comienzo si estaba legitimado para reclamar. La denuncia de AJUS y los diputados siguió su rumbo con legitimación admitida por la Cámara de Apelaciones, luego un respaldo de los supremos, y lo que destrabó todo fue que el mes pasado fue notificado que el Estado Nacional había desistido. Durante el macrismo batallaba por sostener el decreto, pero esta gestión despejó el camino para que al menos hubiera una sentencia. Se juntaron ambos expedientes y el fallo salió.

Dicen los denunciantes

El diputado Tailhade recordó que en los tiempos del decreto de blanqueo para familiares "Macri tenía dos negocios inmediatos en su mente: el pago a los fondos buitre (primera iniciativa parlamentaria de su gobierno) y blanquear dinero negro de su familia)". "Sancionada la ley 27.249, de pago a los buitres, iniciaron el camino para el segundo negocio que lo desvelaba: el blanqueo de su familia", repasó. Según el diputado la resolución judicial "va a quedar firme porque no hay nadie que la apele y la AFIP quedará habilitada para ir en búsqueda de recuperar los fondos de los familiares que hayan blanqueado".

"Macri abusó de su posición como titular del Poder Ejecutivo entrometiéndose en cuestiones propias del Poder Legislativo, como son los impuestos, para sacar ventaja tanto él como sus funcionarios", dijo la senadora Di Tullio. "Es muy importante que la AFIP pueda reclamar el pago de los impuestos que correspondan, es una forma virtuosa de que regresen a los argentinos y argentinas recursos que les fueron robados por una maniobra inescrupulosa del expresidente. Evadir es robar por lo que celebramos que se actúe ante un delito y se investigue de donde proviene la plata blanqueada", agregó. En un tuit, la señaló a la madre de Macri y a su hermano "que blanquearon millones de dólares sin explicar su origen... sería bueno saberlo ahora". Emanuel Desojo, de AJUS, también sostuvo que el fallo debería llevar que los beneficiados ahora digan de dónde proviene el dinero blanqueado. Si eso sucediera, quedaría al descubierto la maquinaria de corrupción de la derecha política y sus negocios, que tanto dice querer combatir.