La fiscal Silvina Ávila, quien investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, destacó la “gravedad” que implica que el joven haya sido visto por última vez “en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”. Lo hizo en el informe que será enviado a la Organización de Naciones Unidas como respuesta del Estado argentino al reclamo de ese organismo de que tome las medidas necesarias para ubicar que desapareció hace casi un mes durante la represión de los gendarmes a los mapuches en Cushamen. Ávila señaló en su reporte que hasta el momento no hay pruebas concretas que permitan sostener una hipótesis cierta de qué pasó con Maldonado ni que impliquen a la Gendarmería.
La fiscal admite el paso del tiempo sin novedades en la causa y reconoce que “los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y dar una expedita respuesta a su familia”. “No ha sido fácil recolectar elementos”, se excusa Ávila, quien tiene delegada la investigación por orden del juez federal Guido Otranto, a quien defiende. Sobre el magistrado, afirma que “bajo ningún punto de vista” las medidas que tomó “impactaron negativamente” en la búsqueda de Maldonado.
Fue Ávila quien la semana pasada pidió recaratular la causa de Maldonado como “desaparición forzada” con lo cual el foco de la investigación pasó a apuntar la Gendarmería, a quien la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste en defender a pesar de que los relatos de quienes estuvieron en la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, sostienen que los gendarmes se llevaron al joven artesano. Otranto accedió al planteo y cambió la carátula del expediente.
“Dada la gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal es que se impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición”, destacó Ávila en su informe.
La fiscal dice que no haya pruebas de la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Maldonado el pasado 1º de agosto, sino que hace un repaso de lo que fue pasando en el expediente desde entonces. Sobre esa fuerza de seguridad, apunta que se realizaron procedimientos en los escuadrones 36 de Esquel, 37 “José de San Martín” y 35 de El Bolsón. Precisa que en ese último destacamento “se realizó una exhaustiva tarea pericial sobre un camión” y detalla que allí se encontraron “una soga con una supuesta mancha de sangre, pelos y un cono de señalización de seguridad vial que fueron sometidos a peritaje”, sin resultados hasta la fecha. Aún no hay resultados porque las pericias están en curso.
La misma fiscal explica que se decidió “cotejar esas muestras con el ADN” de los familiares de Santiago. Y, contra lo que se señaló desde distintos medios, aclara que tanto sus hermanos Sergio y Germán, como sus padres, accedieron a realizarse la extracción para poder llevar a cabo la medida.
El informe de Ávila deja entrever que son débiles todos los elementos que hasta ahora pudo recopilar. En ese sentido dice que de los relatos de los denunciantes “no arrojaban un hilo conductor para determinar lo que había acontecido y en qué circunstancias” y que “los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados”. También da cuenta de las limitaciones del trabajo realizado con perros adiestrados en la zona donde desapareció Maldonado porque la prenda aportada para el rastreo “había sido usada al menos por otra persona aparte de Santiago” y también hay “dudas” sobre la gorra que se aportó después. Entre las pruebas que la familia del joven aportó a la Justicia de su presencia en el momento de la represión hay justamente una foto en la que Santiago lleva puesta esa gorra.
“Ambas prendas fueron entregadas por miembros de la comunidad mapuche quienes no quisieron identificarse”, destaca Ávila. No es lo única mención a los miembros de la Pu Lof con la que da la idea de que no colaboran con la investigación en la medida en que deberían hacerlo: más adelante dice también que el rastrillaje fue suspendido “ante la férrea oposición de la comunidad mapuche, que alegó que permitir el paso de los perros hacia la otra orilla del Río Chubut violentaba un espacio sagrado”.
El tramo más concreto del informe de Ávila es el que señala que “buzos de Prefectura explicaron, dadas las condiciones del río, las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido”. Esa explicación descarta que el joven pueda haber sido arrastrado por el río, el lugar hasta donde la misma fiscal señala que los perros llegaron en su rastreo. Allí es justamente donde aquellos que estuvieron en la represión dicen haber visto que Santiago era subido a un vehículo de la Gendarmería.
