Mariano Rajoy gambeteó hoy las preguntas de los diputados españoles en la sesión extraordinaria que se convocó para que el premier respondiese sobre la corrupción del Partido Popular, representada sobre todos por los casos Gürtel y Bárcenas.

El líder conservador llegó a una sesión  extraordinaria, convocada en pleno receso estival del Parlamento, y aclaró que los diputados “tienen derecho a pedir mi comparecencia aunque sus intenciones tengan un celo inquisitorial”. Remarcó que “ya he informado sobre esto en 52 oportunidades” y así quiso deslegitimar la sesión. “A la vista de los problemas que afronta el país, no se entiende la necesidad de hacer un debate sobre este asunto”, agregó, buscando focalizar en el terrorismo y el desafío independentista de Cataluña. Al final, evitó dar respuestas concretas.

En rigor, la sesión se convocó para que el presidente del gobierno respondiese a los diputados sobre el entramado de corrupción del Partido Popular que se investiga en la justicia. Concretamente, los conservadores españoles han afrontado en los últimos años dos casos que, con todo, no minaron su caudal electoral como primera fuerza. El caso Gürtel salpicó a los populares valencianos. El empresario Francisco Correa armó una red de corrupción en la que quedaron implicados los principales referentes del PP en esa región. El apellido Correa, traducido, al alemán, es lo que dio nombre a la causa. Rajoy debió declarar ante la Justicia y manifestó su desconocimiento.

El otro caso, roza más de cerca a Rajoy y es el que atañe a la contabilidad del PP, que él preside desde 2004. Luis Bárcenas, el tesorero del partido en ese momento, manejó una red de sobresueldos y cuentas no declaradas. La Justicia trata de dilucidar si se pagaron sobresueldos de entre 5 mil y 15 mil euros mensuales.

Rajoy aseguró: “En el primer Consejo de Ministros, en el año 2011, tras los nombramientos del Gabinete, aprobamos una reforma de la Ley de Financiación de Partidos. Antes de que nadie lo reclamara. Mucho antes de que un diputado de la oposición me formulara la primera pregunta sobre este tema”. Lo cual es falso, porque la primera vez que se preguntó en el recinto sobre el tema fue febrero de 2012, por boca de una diputada opositora, y la ley recién se sancionó en octubre de ese año.

También sostuvo que “reformamos una ley que aprobó el Gobierno anterior y que mi Gobierno quiso hacer más firme. No solo rebajando las subvenciones a los partidos, sino acotando, por primera vez, la financiación que reciben por otras vías”. En rigor, votó en contra de esa reforma, en 2007, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El motivo de esa negativa es que la norma prohibía donaciones anónimas a los partidos, una de las claves de la financiación del PP.

Respecto de su declaración en la causa Gürtel, afirmó que “yo soy testigo en ese juicio porque lo han pedido ustedes”, cuando en verdad fue citado por los jueces, no sólo por el pedido de la querella; e hizo lo posible por dilatar su declaración, argumentando incluso razones de seguridad. Le respondieron que los tribunales son más seguros que los lugares al aire libre donde se suele hacer campaña.

“En España hay un Gobierno que cumple y hace cumplir las leyes”, llegó a decir Rajoy, quien incumplió abiertamente la Ley de Memoria Histórica al ir quitando presupuesto a la búsqueda de tumbas de víctimas del franquismo.

Desde el Partido Socialista, Margarita Robles le respondió: “Usted es un presidente bajo sospecha, porque con su silencio demuestra una connivencia o una tolerancia con la financiación de su partido y no nos ha aclarado nada”.

Y desde Podemos, Pablo Iglesias criticó la sensación de acoso que denunció Rajoy: “Los que se sienten acosados por la corrupción son los ciudadanos españoles”. El líder de la agrupación de izquierda estimó que “la corrupción cuesta mucho dinero, y eso se traduce en que haya peores servicios públicos y peor calidad en hospitales y escuelas. Es un problema de primer orden en este país”.

La oposición liberal de Ciudadanos criticó que Rajoy ni siquiera mencionase a Gürtel en la sesión. Su líder, Albert Rivera, reclamó una ley para que se limite el mandato de los presidentes de gobierno a dos mandatos. Alegó que no hace falta reformar la Constitución, y que en tiempos de negociaciones de los populares para formar gobierno, habían hecho esa propuesta, que no era del agrado de los conservadores.