El abogado José Manuel Ubeira negó que la denuncia contra Javier Milei apunte a su proscripción como candidato presidencial y ratificó que las expresiones del líder negacionista a favor de una devaluación tuvieron una “intención dolosa a fin de generar intranquilidad y caos” en la población.
Para el letrado, la razón por la cual los dichos de Milei a favor del retiro de depósitos bancarios y de la compra de dólares “es dolosa” se debe a que sus declaraciones tuvieron una intencionalidad alejada de una propuesta política en el marco de una campaña electoral.
“Uno puede proponer ideas a la gente. Pero de ahí a que uno produzca un estado de alarma general con expresiones como que el peso ‘es excremento’, y que esto genere el caos, es algo que está muy distante de cualquier tipo de opinión política”, sostuvo Ubeira durante una entrevista por Radio 10.
Por este motivo, explicó, la denuncia que el presidente Alberto Fernández presentó ante sede judicial contra Milei no apuntó a afectar ni proscribir su candidatura sino, más bien, a cuestionar esas declaraciones lejanas a la “responsabilidad” de un dirigente.
Es decir que la presentación “no se hizo para mal de ninguno sino para el bien de todos”, argumentó parafraseando al “Martín Fierro”.
“El dólar no es un precio sino una mercadería”, y lo que dijo Milei “generó un principio de desabastecimiento. Y en medio de una elección no se puede jugar con la vida y la comida de los argentinos”, puntualizó el letrado cuya denuncia fue impulsada por el fiscal Franco Piccardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5.
La denuncia fue encuadrada en dos presuntos delitos tipificados en el Código Penal: el artículo 210, que refiere a la comisión de una asociación ilícita y que “tiene que ver con la inseguridad que se genera cuando una organización delictiva nos impide salir a la calle”, explicó el abogado.
El otro es el 211, que castiga la intención de “infundir temor público”. Este artículo “señala algo que genera alarma en la población”. Y en el caso de Milei, “una alarma infundada, con lo cual es dolosa a fin de generar intranquilidad”.
La Justicia determinará si en la interpretación de ambos artículos existió o no un delito contra la tranquilidad pública. Lo que está claro, concluyó Ubeira, es que “más allá de cualquier condición política, la denuncia (del Presidente Alberto Fernández) correspondía porque no puede permitir que esto pase, no solo en defensa de su gobierno sino del Estado en general”.