Un desalojo de la Policía de la provincia sobre territorio originario la alejó de su comunidad, a los seis años fue internada en un hogar estatal y permaneció ahí hasta la semana pasada, cuando, nueve años después, volvió al lugar de donde nunca debería haber sido sacada. 

Así se sintetiza la historia la niña, hoy adolescente, protagonista de esta nota, la de la familia Fernández y la comunidad Weenhayek El Quebracho, ubicada en el kilómetro 5 de la ruta nacional 86, en jurisdicción del municipio de Tartagal, cabecera del departamento San Martín.

Tras un largo proceso que, la chica quedó ahora bajo la tutela de sus tíos paternos lejanos (primos de su padre, ya fallecido) tras legalizarse su situación en una audiencia que la jueza de Familia Carmen Juliá decidió realizar en la misma comunidad, el pasado 6 de octubre. Según destacó la antropóloga Leda Kantor, integrante de la Radio La Voz Indígena, es la primera vez que se hace una audiencia judicial de estas características en el territorio.

Pero para llegar a ese punto pasaron al menos nueve años desde que la niña fuera despojada de su familia de crianza tras un desalojo signado por la violencia, ocurrido el 7 de noviembre de 2014.

La raíz de los despojos

Ese día 7 de noviembre de 2014, a las 6, cuando la mayoría de la comunidad dormía, la Policía llegó a tomar la población cuyo territorio de 95 hectáreas se encuentra en disputa aún hoy con la titular registral, María Monserrat.

“Ya habían ido una vez a decirnos que nos desalojaban. Pero ese día nos entregaron la nota adentro y empezaron a destrozar todo”, contó Isaías Fernández, cacique de la comunidad e hijo de Ana Pérez, la tía abuela paterna de la niña que en ese entonces tenía cinco años de edad. “Ella (Ana) vio como le pegaban al marido y destruían sus casas”, contó Kantor al indicar que muchos niños y niñas corrieron hacia el monte, el único lugar que para las comunidades indígenas simboliza una protección ante las amenazas exteriores.

“Mi mamá solo lloraba y decía ‘cómo nos pueden hacer esto’”, recordó Fernández. Ese día desde las 6 hasta casi las 19 resistieron un desalojo que los dejó al costado de la ruta. “Fue entonces que mi papá empezó a preguntar ¿dónde está mi nieta?, y nos pusimos a buscarla". "La encontramos debajo de colchones y muebles que había sacado la policía en el desalojo”.

La niña había llegado dos años antes para quedar a cargo de Ana Pérez, tía del padre de la niña, que había fallecido. La madre de la nena estaba en una situación de consumo problemático y por eso se decidió resguardarla dejándola al cuidado de la familia paterna.

El cacique Fernández recordó que tras el desalojo la Policía extendió alambrados para evitar el reingreso de las familias de la comunidad que se quedaron al costado de la ruta. Dentro del territorio, en una jornada que fue signada por una temperatura de más de 40 grados, quedó Ana Pérez junto a niños y niñas más pequeños, dado que “hasta recién nacidos había”.

En esas circunstancias, la mujer, de unos 50 años de edad, empezó a tener dolor de cabeza y vómitos. Y pese a que la custodia policial veía su mal estado de salud y la comunidad lo solicitaba, no recibió atención médica alguna. La noche llegó y al otro día “mi mamá ya no podía hablar ni moverse. Solo tomaba agua”, contó Fernández. Ana Pérez había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) y se encontraba para ese día postrada en una cama ubicada a la intemperie.

Finalmente, cuando lograron que reciba atención médica, la mujer ingresó directamente al área de terapia intensiva en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde se decidió el traslado al Hospital San Vicente de Paul, de Orán. Pero falleció en el camino.

Viudo, con sus hijos a la vez con familia propia, el tío abuelo paterno decidió que la nena de esta historia volviera con su mamá, que la llevó “pero ella (la ahora adolescente) lloraba y pedía volver con su abuelo y su abuela. Fue hasta que mi papá la habló y le explicó que no podía cuidarla alguien en la comunidad. Y que debía irse con su mamá”, contó Fernández. 

Esa fue la última vez que supieron de ella hasta hace unos tres años, cuando se enteraron que estaba “guardada en un Hogar (estatal)”. “Cuando se enteró mi papá quiso llevársela. Pero le decían que no. Que necesitaba un abogado. Y uno no tiene para pagar”, dijo Fernández.

“Es muy importante visibilizar como los procesos de despojos son despojos múltiples”, analizó por su parte Leda Kantor al concluir que si no hubiese existido el desalojo, la niña habría quedado con su familia y con su tía abuela con vida. Pero en pocas horas la familia quedó de golpe sin territorio, sin una integrante de la familia, y sin esa niña también.

Un equipo técnico atento

Kantor contó que Estela Lizondo, una de las integrantes del equipo técnico del Ministerio Público de Salta que trabajó en el caso, fue quien se acercó hasta la radio La Voz Indígena con el propósito de iniciar una revinculación de la adolescente pero a través del trabajo del medio de comunicación.

Ese proceso se inició en 2020, luego de convocatorias de adopción fracasadas y cuando la adolescente alcanzaba una edad en la que se deben buscar alternativas de externación. Kantor rescató que Lizondo tiene además “una mirada mucho más fuerte de la interculturalidad y entendía la importancia de que la niña vuelva a su pueblo y a su cultura”.

“A nosotros nos parecería importante que ella haga un proceso en la radio indígena”, le dijo Lizondo a Kantor. Tras la conversación entre integrantes del medio comunitario respondieron afirmativamente y la chica empezó a ir todos los días a la radio. 

“Empezó a escuchar algo de su idioma. Las mujeres, que le abrieron los brazos, igual que el cacique de Juan de Dios López. Con él fue un momento muy importante porque además de abrazarla buscó fortalecer la espiritualidad de la niña. Le habló del sol, la luna, los vientos que ella tenía en su interior”, contó Kantor.

El equipo técnico notó desde entonces un cambio de actitud en la niña, que empezó a sonreir apenas tomó contacto con la comunidad. Pero, pandemia y situación administrativa mediante, se volvió a perder contacto hasta este año, cuando los procesos de revinculación se retomaron.

Camino a la tutela y audiencia en el territorio

La adolescente de 14 años había estado desde los seis años, por el dictado de una medida de protección excepcional (MPE), en un hogar del Estado. Pese a la convocatoria en busca de adoptantes no se encontraron postulantes dentro del sistema que, por los requisitos a cumplir, excluye a las comunidades originarias de esa posibilidad. El equipo técnico (conformado por Lizondo, Gabriela Mazzocato y Edith Herrera) notó que la adolescente no hablaba y era muy reducida su capacidad de comunicación.

Fue entonces que surgió la propuesta de incorporarla a su círculo cultural para que pudiera contactarse con su mundo. “Fue importante ver como cuando accedió a un llamador de ángeles de la comunidad, empezó de alguna manera a generar un vínculo de confianza”, contó la asesora de Menores 2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar. Añadió que se logró entonces desde el Juzgado y desde la Asesoría que la niña pudiera incorporarse a su cultura a través de la Radio La Voz Indígena. “Entonces el juzgado tuvo apertura a otras alternativas a la institucionalización de la joven”.

Chocobar destacó que la jueza en lo civil de Personas y Familia de Segunda Nominación de Tartagal Carmen Juliá fue receptiva a las peticiones de una alternativa de egreso de la niña, y el trabajo que también dispuso la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia.

La alternativa era que volviera a incorporarse a la comunidad que la albergó de niña, y tras los informes y el trabajo de los equipos se consideró que la familia que decidió tenerla a su cargo bajo tutela legal era apta para poder recibirla. En sus pocas palabras, ella hizo entender “que no quería estar más en el Hogar, que quería volver a un lugar con patio grande y donde pueda correr. Se comenzó a trabajar con el grupo familiar y ella los fue reconociendo a través de los relatos”.

El viernes 6 de octubre, teniendo en cuenta las dificultades que afrontan las comunidades indígenas para hacer trámites en la Justicia, el juzgado encabezado por Juliá llevó todo lo necesario hasta la propia comunidad para realizar la audiencia y legalizar el procedimiento de nombrar a la familia ampliada como tutora de la adolescente.

“Nos trasladamos todos los que actuamos y en la comunidad se hizo una fiesta”, contó Chocobar. Afirmó que ir hasta la comunidad por primera vez también es una forma de “hacer los ajustes necesarios para garantizar el acceso a la Justicia” de las comunidades originarias.

Por otra parte, este 11 de octubre, conocido como “el último de libertad” de los pueblos originarios, la Radio La Voz Indígena que acompañó este proceso y también quedó a cargo de continuar con esa acción, cumplió 15 años. Es el primer medio de comunicación de pueblos originarios del departamento San Martín.