El Ministerio Público Pupilar de Salta trabaja en conjunto con integrantes del Ministerio de Salud y otros organismos del Estado en la implementación de una “Hoja de Ruta” para la atención integral en el sistema público sanitario a niñas y adolescentes gestantes menores de 15 años.

La asesora de incapaces N° 9, Martha Bustos, explicó en el programa Antena Infantil, del Ministerio Público Pupilar, que la Hoja de Ruta está dirigida a personal de salud y ya se encuentra en funcionamiento, tiene como uno de los objetivos fundamentales marcar el procedimiento a seguir ante embarazos de niñas y adolescentes.

En este sentido referentes de distintas áreas compartieron una reunión de trabajo el martes último para unificar criterios y poner en común información relacionada con el tema. Intervinieron además de Bustos, las asesoras Carina Quinteros, de Capital; Gladys Reynoso, de Orán; Karina Singh, de Metán; y el asesor Juan José Andreu, de Tartagal, mediante una articulación de la secretaria de Superintendencia de la Asesoría General de Incapaces, Isabel Rodríguez Virgili.

Bustos indicó que se está trabajando en la capacitación del personal de los centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia y sostuvo la importancia de bajar las leyes para saber qué deben hacer los distintos actores ante un caso concreto. 

La asesora dijo que Salta es la cuarta provincia con mayor tasa de embarazos en esta franja etaria de personas menores de 15 años, después de Formosa, Misiones y el Chaco. Además, de acuerdo a datos que dan sustento a la Hoja de Ruta, en 2023 hubo 1400 partos de adolescentes en el país, según información del Ministerio de Salud de la Nación.

"Hay que tener en cuenta que es una problemática que no únicamente va a tocar al sistema de salud sino también hay otros actores sociales como lo que es el Ministerio Público, la Secretaría de Niñez y Familia, el Ministerio de Educación, las escuelas en su caso, quienes intervinieron en esta guía u hoja de ruta de la provincia", indicó.

Discernir el consentimiento

Bustos explicó que desde las asesorías instruyeron sobre la delimitación de edades y cuando se considera que hay consentimiento o no, según la legislación vigente.

"Cuando hablamos de personas de 12 años de edad para abajo jamás hay un consentimiento", indicó la asesora. Añadió que recién a partir de los 13 años y hasta los 15 años "puede haber un consentimiento para la realización del acto sexual", pero advirtió que se debe tener en cuenta "con quien realiza ese acto" y si es con un mayor de edad, vínculo en el que puede haber una asimetría de poder, o con alguien de la misma edad.

Incluso, la funcionaria recalcó que puede no haber consentimiento aunque el acto sexual se realice con alguien de la misma edad. "No es el no, sino el sí, el sí tiene que ser claro", subrayó. 

Bustos indicó que mediante la hoja de ruta se instruye también sobre qué hacer ante el caso de que se devele o haya una sospecha de abuso sexual y cuáles son los organismos para radicar la denuncia cuando se está frente a una violación. También, "cómo tiene que ser la denuncia, cuáles son los datos que se requieren para poder identificar no tan solo a la víctima, conocer su contexto, sino también al presunto agresor", son otros aspectos sobre los cuales se busca orientar.

La obligación de denunciar y no revictimizar

La asesora señaló la obligación de denunciar que tienen las y los efectores de salud como cualquier otro funcionario público que toma conocimiento de hechos de violencia cometidos contra niñas, niños y adolescentes. 

Aunque la hoja de ruta en principio está pensada para la salud pública, Bustos indicó que también deben aplicarse en las clínicas privadas. Señaló que tanto en los organismos estatales como privados los efectores de salud "tienen la obligación de denunciar" frente a delitos que se cometen contra menores de edad.  

Bustos dijo que las instituciones educativas forman parte del circuito de atención a personas víctimas. Aunque la hoja de ruta está pensada para el sistema de salud, indicó que en el Ministerio de Educación rige la "resolución 546" que establece la forma de actuación ante el caso de que se devele un delito sexual en la institución escolar. 

"Las mismas leyes, de violencia familiar, violencia de género, protección integral a derechos de niños, niñas y adolescentes, establecen la obligación de denunciar de los establecimientos públicos y privados", recalcó. 

La Hoja de Ruta establece también protocolos para no revictimizar a las niñas y adolescentes. "Interrogar a la víctima (...) es una función que va a llevar el Ministerio Público a los fines de evitar esta revictimización. Muchas veces sucede, hasta el día de hoy, por más que es abiertamente conocido por todos los actores en casos de abuso sexual, que la víctima es interrogada en el hospital, en la policía si va a hacer la denuncia algún representante legal en compañía de la víctima, después en la Fiscalía", señaló la asesora.

Este documento también aclara los términos y plazos en que es posible acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y cómo llegar a los planes de contención y apoyo para quienes decidan continuar con la gestación.

La Asesoría General de Incapaces indicó que el trabajo se realiza sobre la base de los conceptos de autonomía progresiva, el derecho a la participación directa de niños, niñas y adolescentes en asuntos que les conciernen, el interés superior de las personas menores de 18 años y la no discriminación.

Desde la detección del embarazo, los distintos organismos deben abocarse a evaluar la red de contención de adolescentes, orientar los controles clínicos necesarios y ofrecer consejería opcional; además, cada caso debe tener un seguimiento integral.