La agrupación política Soberanxs presentó un proyecto de ley para castigar los discursos negacionistas con penas de seis meses a dos años de cárcel para quienes “nieguen la existencia y/o la naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado”, según se desprende de la iniciativa que ingresó al Congreso.
En diálogo con AM750, el abogado penalista Maximiliano Rusconi, uno de los autores de la iniciativa, explicó que el proyecto fue impulsado con el objetivo de avanzar en un proceso de “construcción ética” que se encuentra inconcluso, y remarcó que “no tiene sentido vivir en sociedad si no se aplica un mínimo ético”, por lo que destacó las iniciativas aplicadas en países como Alemania, España, Bélgica o Israel, que castigan los discursos negacionistas.
“A pesar de los esfuerzos, no lo hemos logrado”, se lamentó Rusconi, quien destacó además que “el objetivo es castigar penalmente las diversas formas de negacionismo”, desde “lo mínimo”, que es la negación, hasta los discursos que “enaltecen o legitiman” el terrorismo de Estado. “Por supuesto que esto se ha producido con grandes discusiones. Estas legislaciones no surgieron con consenso absoluto, en esos países se logró establecer ese mínimo ético para castigar el negacionismo”, remarcó el abogado.
Además, el letrado impulsor de la iniciativa precisó que el objetivo es incluir un apartado en el Código Penal “con penas muy razonables” que, dijo, son “menos graves que las que se aplican en otros países”. Para Rusconi, “lo importante no es la dureza del castigo”, sino que exista una pena. “El castigo reafirma que nos ha dolido, que no se puede legitimar ni reivindicar”, remarcó.
Rusconi aclaró que del proyecto queda excluido el castigo a los abogados que defiendan a personas imputados en delitos asociados al terrorismo de Estado.
El proyecto incluye penalización de quienes reivindiquen o nieguen la existencia de crímenes de lesa humanidad y genocidios, exige una pena de 6 meses a 2 años a quienes "nieguen la existencia y/o la naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado".
Y agrava la pena a 1 a 3 años de prisión en caso de funcionarios públicos de cualquier poder, miembros de las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad; en caso de señalamientos a víctimas o a asociaciones de protección de derechos humanos. La propuesta exige inhabilitación para ejercer cargos públicos.
