El terremoto en el sector del biodiésel a raíz de las trabas impuestas a las exportaciones del combustible a Estados Unidos, amenaza con derivar en un conflicto intersectorial, entre exportadores y productores, a raíz del probable impacto sobre el precio. Mediante un comunicado, la cámara que agrupa a las empresas de la industria aceitera, Ciara, alertó sobre “la drástica e inesperada caída de la demanda de aceite de soja” tras conocerse las restricciones norteamericanas, y advirtió que “el efecto más pernicioso (se reflejará) en una baja del precio del poroto de soja”, ya que la pérdida de mercado para el biodiésel supondría una reducción de la demanda de porotos de soja para su procesamiento interno de 7,5 millones de toneladas. La industria aceitera más concentrada anticipa a quién le hará pagar, aunque sea parcialmente, el costo de la pérdida de mercados para el biodiésel. 

El sector del biodiésel es relativamente nuevo, desarrollado en la última década, y cuenta actualmente con 38 plantas productoras con una capacidad instalada de producción de 4,5 millones de toneladas al año. Dieciocho de ellas (la mitad menos una) están ubicadas en Santa Fe, abarcando el 80 por ciento de la capacidad de producción. La ubicación geográfica no es casual: al igual que las aceiteras, se aglutinan en un punto cercano a la vez de la zona núcleo sojera y del principal puerto exportador: Rosario. La coincidencia no es sólo de localización, sino además de pertenencia: las principales cerealeras exportadoras son, a su vez, dueñas de las mayores aceiteras y de las principales productoras y exportadoras de biodiésel. 

Del total de la producción de biodiésel, más de la mitad se destina a la exportación. De las ventas al exterior, el 90 por ciento tiene como destino a Estados Unidos. De allí la importancia y la preocupación por las trabas comerciales impuestas por ese país.

El comunicado de Ciara expresa su “preocupación por la drástica e inesperada caída de la demanda de aceite de soja como consecuencia del arbitrario e injustificado bloqueo impuesto por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a las exportaciones argentinas de biodiésel”. Y estima que el impacto recaerá, principalmente, sobre el precio del poroto de soja, ya que la reducción de la demanda de aceite redundaría, a su vez, en una caída en la compra de poroto de soja por 7,5 millones de toneladas al año. Lo más probable, sin embargo, es que el poroto de soja (o el aceite) que no se utilice como insumo para el biodiésel, tenga como destino la exportación sin elaborar. De hecho, una buena parte del sector productor de biodiésel integra un grupo económico donde participa una industria aceitera y una cerealera exportadora y proveedora del grano al mercado interno para su procesamiento. Las exportadoras argentinas de biodiésel cuyas operaciones fueron sometidas a investigación por presunto dumping en Estados Unidos son, precisamente, dos jugadores fuertes en la industria aceitera argentina: Dreyfus y Vicentín. 

Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe fijaron ayer su postura de rechazo a “la fijación de aranceles compensatorios desmedidos con nula justificación” por parte de las autoridades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y advirtieron que “es necesario que el Gobierno Nacional continúe con sus gestiones al máximo nivel político posible con Estados Unidos y la Unión Europea para neutralizar las barreras arancelarias y paraarancelarias de los destinos de nuestras exportaciones”.

Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participación  en reuniones con las cámaras empresarias del biodiésel para buscar “alternativas de comercialización” al cierre del mercado estadounidense. Lifschitz señaló que se analizó “agilizar las gestiones con la Unión Europea” para reabrir ese mercado, también bloqueado por políticas arancelarias.