Un relevamiento realizado en un sector del Chaco salteño, entre los departamentos Rivadavia y San Martín, detectó que solo el 15 por ciento de las familias campesinas criollas se encuentran habitando tierras fiscales. “En el resto del departamento no hay tierras estatales”, dijo a Salta/12, Viviana Segovia, representante de la Asociación Campesina Criolla de Pluma de Pato, una organización de base del Frente Nacional Campesino (FNC).

Segovia informó que los resultados del informe fueron presentados ante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), creada para acompañar el proceso de regularización de tierras del campesinado de la provincia que no tiene aún posibilidad de contar con los documentos que ratifiquen legalmente su posesión.

La regularización de tierras se inició hace 13 años cuando se aprobó la Ley 7658. La normativa contempla la suspensión de desalojos del campesinado hasta tanto se logre ordenar la propiedad de las tierras.

La suspensión de los desalojos se rige por el artículo 9 de la ley. En más de una ocasión se planteó su prórroga y la de este año no será la excepción. La suspensión de desalojos vence el próximo 31 de diciembre. Ante la cercanía de la fecha de vencimiento, ya existe un proyecto para prorrogar la suspensión por un año, según la iniciativa presentada por el senador de La Caldera, Miguel Calabró. Sin embargo, el legislador afirmó que la idea es que este jueves cuando el proyecto sea tratado en comisión, pueda lograr el consenso para la extensión del plazo por tres años. Ello para evitar que el tratamiento de su prórroga caiga siempre en épocas electorales.

Dificultades del relevamiento

El relevamiento realizado por referentes del campesinado abarcó la zona que se extiende desde Salvador Mazza (en el departamento San Martín, en la frontera con Bolivia), por la ruta nacional 81 pasando por Santa Victoria Este y Capitán Pagé (en el departamento Rivadavia).

Entre los datos consignados, se incluyó el nombre del puesto, el paraje donde se ubica, la situación de cada poseedor para determinar si se ubica en tierras fiscales o a nombre de titulares registrales, o si está judicializado.

En total se relevaron unas 400 familias, de las cuales, dijo Segovia, solo el 15 por ciento se encuentra en tierras fiscales. El resto sabe que son tierras privadas “pero la gente ni sabe de quién es en algunos casos”.

Entre los mecanismos artesanales que utilizó el mismo campesinado para el relevamiento, utilizaron un GPS para obtener cada ubicación. Pero al carecer de un sistema de datos, mapas y planos con catastros incluidos, es imposible determinar la propiedad de las tierras.

Esta posibilidad se podría concretar con la información sistematizada en la Dirección General de Inmuebles de la provincia. Pero hasta el momento, el campesinado no logró acceder a un sistema que le ayude a rastrear a los titulares registrales.

La identidad de los titulares registrales sería necesaria para acceder a una negociación para regularizar la propiedad que se disputa entre poseedores y titulares registrales.

En el marco de la ley 7658 se dispuso un presupuesto de 23 millones de pesos para poder poner en ejecución el programa de regularización. “Pero queremos que se disponga más porque eso no alcanza”, dijo Segovia. Detalló que de todos los problemas que afronta el campesinado, el más urgente por el momento es el de la sequía, aún extendida en la zona.