Aunque pasaron 14 años de aquel 12 de octubre, fecha símbolo de la invasión masacradora, otro asesinato de un indígena en el norte argentino mostró, otra vez, la opresión que continúa sobre miles de comunidades originarias en la Argentina, los familiares de Javier Chocobar, chuschagasta, diaguita, aún lloran, aún tienen dolor y enojo, y piden justicia al Estado, al que culpan por esa muerte evitable.
El Chorro es el paraje al que llegó este diario (primer medio nacional que llegó a la escena del crimen), está ubicado unos 30 kilómetros al oeste de la ruta 9, a la altura de Choromoro antes de llegar a Trancas en el norte tucumano. Allí es donde en 2009 sucedió un crimen por una cantera de lajas que estaba en disputa con Sergio Amin, “el Turco”.
A pocos metros y cerro arriba está la casa que ocupaba Chocobar, talabartero -una de las principales actividades de los pobladores que proveen de sus productos a los numerosos jinetes de la zona- y reconocido comunero de los chuschagasta, una de las parcialidades de la Nación Diaguita.
En el lugar del crimen las y los comuneros erigieron un monumento como los que se ven en todas las rutas argentinas y que recuerdan que allí murió alguien de forma violenta. Hay velas, hay íconos cristianos, una placa de memoria y una bandera diaguita plantada sobre las disputadas piedras lajas.
El saqueo de esas rocas planas se suma a una larga lista de atropellos que por años los chuschagasta soportaron: extracción de madera de la abundante flora, hostigamientos, amenazas y juicios que enfrentaron a la comunidad indígena contra el Turco Amín que, ese fatídico día, fue acompañado por dos expolicías.
Ese 12 de octubre, caluroso, aunque fresco por la altura en El Chorro (1350 msnm), la tarde estaba cayendo entre los cerros poblados de talas, algarrobos y churquis mientras tres comuneros, Delfín Cata, los primos Emilio y Andrés Mamani y Javier Chocobar charlaban y esperaban junto a sus familias porque podía aparecer Amín y sus peligrosos “matones”.
No imaginaban que esa tarde una pelea cuerpo a cuerpo se avecinaba y que la sangre llegaría al arroyito que ladea las lajas. Pero así fue y Chocobar se desangró y murió en el lugar ante la vista de comuneros mujeres, niños, ancianos y los otros heridos que sobrevivieron al ataque de los hombres fuertemente armados que llegaron a matar.
“Javier Chocobar venía siendo amenazado, desde hacía muchos años. Llegaban a la casa y siempre los atendía él. Ellos (Amín y sus expolicías guardaespaldas) querían que se vaya, quitarle la viña y todo y como Javier decía siempre no, lo amenazaban (de muerte) hasta que cumplieron”, dijo a Salta/12 Azucena Cata, cacica de los Chuschagasta y secretaria general de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UPNDT).
Chocobar murió en minutos por un balazo en la pierna derecha que produjo fractura y cortó la arteria femoral, mientras que Andrés Mamani fue herido en la región toráxica, estuvo varios meses en terapia intensiva y atravesó doce operaciones, a la vez que su primo Emilio aún conserva la bala en una de sus extremidades.
El asesinato de Chocobar provocó entonces la reacción a nivel nacional porque estaba en la agenda pública -ya estaba la ley 26160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas- la ocupación de los territorios y el asedio sobre las comunidades que se defendían y movilizaban contra empresas y empresarios.
El mismo día del crimen intervino la justicia, el abogado Carlos Garmendia, alertado por un comunero, de inmediato comunicó la desgracia a los jefes zonales de la policía que acudieron al lugar ante la grave denuncia: un muerto, un herido gravísimo, dos heridos más y la conmoción de pobladores presentes en la cantera de lajas.
La policía asistió a los heridos, levantó vainas de las pistolas y armas largas que los agresores usaron y, lo fundamental, la cámara de fotos de Amín, que durante la pelea cuerpo a cuerpo quedó tirada (y en la que quedó grabada el video publicado aquí) y terminó en la fiscalía que llevó el caso.
Mientras los chuschagasta enfrentaban en El Chorro el ataque, en la capital provincial la UPNDT estaba reunida analizando temas de las comunidades y al enterarse del asesinato y que había heridos de gravedad decidió apoyar a los comuneros agredidos con el equipo de abogados que los asistía entonces, según contó a Salta/12 un testigo de esas decisiones.
En tanto, el juicio que se desarrolló recién en 2018, terminó con la condena -por parte de la Sala IV de la Cámara Penal tucumana- de los tres acusados, Sergio Amín, a 22 años de cárcel, mientras que los policías -ambos exonerados de la fuerza de seguridad- también fueron condenados, Luis Humberto “El Niño” Gómez, a 18 años, y José Valdivieso, a diez años. Pero están libres, porque vienen apelando y la Corte de Justicia de la Nación (CSJN) todavía no resuelve el último recurso.
La abogada Belén Leguizamón (entonces integraba Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales, ANDHES) y fue querellante en la causa dijo a Salta/12 que el “caso demuestra no solo la conflictividad y la violencia con la que conviven a diario las comunidades indígenas de todo el país y de Tucumán en particular”.
Subrayó asimismo las “omisiones del Estado que tuvo varias oportunidades (además de obligaciones específicas en materia de derechos humanos) de gestionar y resolver esa vulneración de derechos. El juicio tardó en llegar y la comunidad padeció ese retardo de justicia: fue 9 años después". Los imputados no habían estado en prisión preventiva y seguían hostigando a la comunidad. Leguizamón puso de relieve que “hasta que no se resuelva la cuestión de fondo que es la regulación y titulación de la propiedad comunitaria indígena es posible que siga habiendo violencia e injusticia para los pueblos originarios de nuestro país”.
Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de los Chuschagasta, explicó a Salta/12 que actualmente la causa “está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver un recurso extraordinario interpuesto por la defensa. La sentencia condenatoria en primera instancia fue confirmada por la Corte Suprema de Tucumán (CST) en un fallo dividido, tres votos confirmaron y dos votos plantearon algunas modificaciones”. El abogado resaltó que “no hay plazos para que CSJN se expida”.
Justamente esa incertidumbre, esa falta de certezas, es lo que produce “miedo” -palabra recurrente- en comuneras y comuneros consultados que conservan el temor en la mirada y en el cuerpo, al igual que la decisión de defender lo propio.
Audelio “Chanito” Chocobar es el hijo menor de Javier Chocobar y vocero no sólo de la familia sino de la comunidad por este caso. Por primera vez en años los Chuschagasta decidieron no ir a “la ciudad”, como le dicen los tucumanos a San Miguel, a reclamar justicia porque “el caso ya está en la Nación”, según explican.
Chano, alto, serio, reconcentrado y con todo el dolor en la cara se refiere a la sentencia y afirma que tras cumplir “18 meses de prisión preventiva salen en libertad y hasta el día de hoy están libres. Nuestro miedo es que se lleguen otra vez al territorio y maten como lo hicieron ese 12 de octubre” y la emprende contra la justicia tucumana.
“Para nosotros, para toda la sociedad en general, queda claro que aquí en Tucumán no hay justicia. O sea, que cada uno puede hacer lo que quiere. La verdad es que es una vergüenza que los jueces se presten para los delincuentes, para los asesinos. Por eso están en libertad Gómez y Valdivieso”, refiere sobre los ex policías, ya que Amín murió por covid durante la pandemia.
Y agrega: “aunque les hubieran dado perpetua como queremos, o 150, 200 años de cárcel, eso no nos devuelve la vida de mi padre. Seguimos pidiendo justicia. Queremos que la Corte de la Nación condene de una vez por todas y dé el ejemplo a toda la sociedad de que sí hay justicia y más que nada para los pueblos originarios”.
Otro 12 de octubre con sangre de indígenas, con la esperanza en que nada menos que el más alto tribunal nacional haga justicia se quedan los Chuschagasta mientras la cacique Azucena Cata, joven, activa, dice que en el alma de los chuschagasta no hay más que búsqueda de paz, tranquilidad y armonía con la Pachamama.
Ella puntualiza que tras el asesinato los agresores no volvieron a presentarse por el territorio comunitario y también dice que la solución es que la Argentina tenga una ley de propiedad comunitaria y que el gobierno “entregue un título único a los pobladores originarios”.
