En la víspera del cuarto aniversario del estallido social de octubre de 2019, la ola de protestas más grandes de la democracia chilena, organizaciones de derechos humanos reclamaron avanzar con la reforma de Carabineros, la policía militarizada, que sigue pendiente desde entonces.
"Este proceso ha sido institucionalizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con un interés oscilante y con una resistencia permanente de las organizaciones policiales, especialmente frente a la posibilidad cierta de que se implementen controles externos", señalaron desde Amnistía Internacional (AI) en el informe "Reformar para avanzar. Recomendaciones para la reforma de Carabineros desde una perspectiva de derechos humanos".
Desde inicios de 2023, AI se sumó a la invitación del gobierno de Gabriel Boric para participar junto con la academia y la sociedad civil, en la mesa de diálogo para abordar este proceso. "Desafortunadamente, no existe un avance real para que esta discusión se traduzca en un mejor desempeño policial, ni en un reforzamiento de la obligación de respetar los derechos humanos, mucho menos en una reforma policial", lamenta la ONG en su informe.
El estallido
De las manifestaciones masivas, que empezaron el 18 de octubre de 2019 como una protesta contra la suba del precio del subte y se expandieron contra el régimen económico, hubo una treintena de muertos y miles de heridos.
Según cifras recogidas por la organización, más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en hospitales públicos por incidentes sucedidos en el marco de las protestas entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 y al menos otras 347 sufrieron lesiones oculares por perdigones o balines.
Además, el Ministerio Público inició más de 8.500 causas por delitos de violencia institucional ocurridos en el contexto de manifestaciones, entre octubre de 2029 y marzo de 2020.
La "gravedad" de los hechos sucedidos durante las movilizaciones, que derivaron en el proceso constituyente en el que está inmerso el país, puso de manifiesto "las limitaciones" de la estructura de Carabineros "para el desempeño de sus funciones", señalaron desde AI, por lo que instaron a culminar la reforma del cuerpo policial por ser –dice– la "medida de garantía de no repetición por excelencia".
Reformas
Entre los principales cambios recomendados por AI y en los que, según ésta, hasta ahora no ha habido "avances sustanciales", es desmilitarizar el funcionamiento y la organización del cuerpo policial, subordinarla al poder civil, acabar con la elusión de responsabilidades por parte de las jefaturas, regular el uso de las armas y rendir cuentas cuando exista uso de la fuerza.
El cuerpo de Carabineros fue señalado por la ONU por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas, pero también fue duramente cuestionado por casos de corrupción que incluyen la malversación de más de 28.000 millones de pesos.
