El gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acordaron este martes que las elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre de 2024, en una fecha todavía sin definir, con la observación de misiones técnicas de la Unión Europea y Naciones Unidas. Los acuerdos están contenidos en un documento firmado por representantes del oficialismo y la oposición en Barbados, donde se instaló la nueva mesa de diálogo en la que Noruega busca mediar.
Las partes convinieron el respeto a los procesos de elección interna de cada actor político, cuando la oposición se dispone a elegir el domingo al candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano aseguró que los acuerdos firmados ayudarán a levantar las sanciones económicas internacionales impuestas al país en los últimos años.
Invitación a la Unión Europea
En el documento, suscrito en Barbados dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega, la delegación del presidente Maduro y la llamada PUD proponen "que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional".
Con la firma del pacto, el oficialismo y la oposición se comprometen a solicitar que sean invitadas las "misiones técnicas de observación electoral acordadas", entre las que se encuentran, además de la Unión Europea y la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
Los comicios regionales de noviembre de 2021 contaron con varias misiones de observación, entre las que se encontraba la de la Unión Europea. Su informe inicial, que no fue del agrado del chavismo, generó una crisis que llevó a distintas autoridades a asegurar que no volvería al país caribeño ninguna misión del bloque comunitario.
El oficialismo aseguró en aquel momento que uno de los observadores de la misión que visitó Venezuela violó un acuerdo que les prohibía "inmiscuirse en los asuntos políticos internos" de la nación caribeña, algo que la misión negó.
Avances en materia electoral
Entre las garantías acordadas el martes se incluye la actualización y depuración del registro electoral, con jornadas especiales para promover la inscripción de nuevos votantes en todo el país y en el extranjero. Las partes, que coinciden en rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, acordaron requerir a las autoridades que se garantice la seguridad y libertad de circulación a todos los candidatos presidenciales, quienes además serán elegidos libremente por cada formación.
Un punto que quedó sin resolver fue el relacionado con las inhabilitaciones políticas, una bandera para la oposición que las tacha de inconstitucionales. El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos "siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana". María Corina Machado, la favorita en las internas para enfrentar a Maduro, en teoría no podrá postularse a presidenta porque está inhabilitada por 15 años.
Negociaciones con Estados Unidos
El gobierno de Maduro informó a través de un comunicado que "durante el año 2023 ha llevado adelante negociaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos y con las distintas oposiciones de Venezuela" con el objetivo de "sanar las heridas sociales causadas por la ilegitima agresión económica, mediante el levantamiento pleno de las sanciones".
Con los acuerdos firmados este martes "Venezuela da un paso más en el camino para acabar con las criminales medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra nuestro pueblo, y la recuperación del Estado de bienestar alcanzado por la revolución bolivariana". Además, según el gobierno, lo pactado "ratifica su compromiso con el diálogo y la vía constitucional y electoral como el único camino para la solución de las diferencias entre los venezolanos, sin injerencias externas y en el marco de la democracia participativa".
De acuerdo con datos gubernamentales, países como EE.UU., Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea impusieron más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia.
Funcionarios estadounidenses viajaron a Barbados para reunirse con representantes de ambas delegaciones. El gobierno de Joe Biden flexibilizó el embargo energético impuesto en 2019 con licencias que permiten operar a algunas petroleras como la gigante Chevron. Los precios del crudo cedieron el lunes pasado frente a la expectativa de un alivio de las sanciones.
Washington acordó el 5 de octubre con el gobierno de Maduro "la repatriación directa" de venezolanos indocumentados, ante un aumento creciente de la migración en ese país, que se convirtió en un problema para Biden a un año de las elecciones en la que buscará la reelección.
El proceso de diálogo entre el gobierno y la PUD empezó en agosto de 2021, pero apenas dos meses después fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario Álex Saab, acusado de lavado de activos y señalado de ser testaferro de Maduro.
El diálogo fue reanudado por un breve período hasta noviembre de 2022, cuando se produjo una nueva ruptura, luego de que el gobierno de Maduro exigiera el desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior y administrados por Naciones Unidas.
