“Estamos ansiosos por ver qué es lo que tiene la fiscal Silvina Avila en su investigación cuando se levante la semana que viene el secreto de sumario, porque si lo que tiene es lo que puso en el documento que usará el Gobierno para presentar en Naciones Unidas, donde niega la responsabilidad de la Gendarmería, ignora la relevancia de las filmaciones y los testimonios y acusa a la comunidad de no colaborar, entonces vamos a pedir que sea apartada”, anunció en diálogo con PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado. La fiscal Avila envió el martes un escrito de siete páginas al Ministerio de Justicia donde explica el estado del habeas corpus y la causa de la desaparición forzada. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, invocó ayer esa presentación para defender una vez más a la Gendarmería y decir que no hay elementos que la liguen a la desaparición del joven. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que hace un seguimiento del expediente, señaló diversos elementos que omite el reporte de la fiscalía como, por ejemplo, que la filmación de la Gendarmería de su propio operativo (que es obligatoria) no es completa, faltan tramos, y que sus agentes ingresaron a la comunidad cuando la orden judicial se limitaba al despeje de la ruta 40.

El informe de la fiscal Avila no es concluyente pero muestra un esmero por destacar que por el momento no habría pruebas para involucrar a la Gendarmería y los análisis de los rastros levantados por la Policía Federal en camionetas y camiones usados en los operativos aún no arrojaron “resultados ni conclusiones”. Heredia advierte que el punto de partida es equivocado o funcional a la Gendarmería: “El operativo mismo de los gendarmes contra la comunidad y la presencia confirmada de Santiago el 1 de agosto en el lugar acreditan su desaparición forzada; precisamente en el video que toma la propia fuerza no está el registro de la persecución en el horario clave (de 11.15 a 13.30, cuando los testigos señalan que se llevaron a Santiago). Pero sí se escucha que uno de los agentes grita ‘agarren a uno’. ¿Qué hizo la fiscal con este video? Nada”.

Como informó este diario, la familia aportó otro video tomado por el canal de Esquel en la madrugada del 1 de agosto, donde se ve un grupo de personas en la ruta y los Maldonado reconocen a Santiago por su ropa (campera negra, pantalón negro, gorra blanca). El joven estaba allí solidarizándose con el reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala. Heredia señaló también que en la filmación de Gendarmería se escucha una frase de alguien que pide que le apunten “al de negro”.

El informe de Avila, fiscal subrogante, iba dirigido al Ministerio de Justicia, para que el Estado responda a los requerimientos del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y la CIDH, que ya dictó una medida cautelar.

Avila dice que nunca se dejó de buscar con vida a Santiago; defiende al juez Guido Otranto al alegar que sus medidas “no impactaron negativamente por acción u omisión en la búsqueda”; y se queja de que “no ha sido fácil recolectar los elementos convictivos”. En esta línea coincide con el enfoque de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien responsabilizó a los miembros de la comunidad de no cooperar. Avila remarca que “testimonios” aparecidos en medios “no pudieron ser judicializados” por temor de los testigos a ser incriminados y hasta señala con un dejo de sospecha que dos de las prendas (un cuello y el gorro blanco) que se usaron para buscar rastros habían sido entregados por miembros de la comunidad “que no se quisieron identificar”. El defensor Fernando Machado, quien presentó uno de los habeas corpus, había relatado a este diario que en un rastrillaje se halló el gorro en el recorrido hacia el río Chubut, donde Maldonado habría sido visto por última vez. Avila no contempla los testimonios tomados en el territorio por la Procuraduría de Violencia Institucional, que son los señalan que ahí al borde del río lo apresaron gendarmes. Señala que el testigo Ariel Garzi, cuya identidad fue revelada por Bullrich, no facilitó el domicilio de Santiago. También muestra tono crítico hacia los hermanos de joven: les endilga demorar en dar muestras de ADN para cotejar hallazgos. Señaló el levantamiento de rastros en tres escuadrones de Gendarmería pero dice que aún no hay conclusiones. Justifica que el secreto de sumario se impuso por las filtraciones a los medios. El hecho es que el secreto impide a la familia ver la causa.

El Gobierno se regodeó en los términos de este documento poniendo foco en que la fiscal dice que no encuentra pruebas contra Gendarmería. Pero aún no analizó, por ejemplo, los celulares y handies de los gendarmes. Avruj salió a contrariar otra vez los testimonios y las imágenes: “No hay nadie que pueda demostrar fehacientemente que (Santiago) estuvo en el corte de ruta” previo a la represión. Hasta la fiscal afirma que la desaparición se produjo el 1 de agosto. “Hoy tenemos un informe oficial de la fiscal. También tenemos un informe del juez, al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y ambos coinciden que hasta el momento no hay elementos que den veracidad a la información de que la Gendarmería esté involucrada”, dijo Avruj.

“El sesgado informe de la fiscal invierte la carga de la prueba: en una desaparición es el propio Estado el que debe dar cuenta de lo que le sucedió a la víctima. La propia fiscal debe dar cuenta de qué hizo para encontrar a Santiago”, dice un comunicado del Ceprodh. También señala que la fiscal no explica porqué 120 gendarmes “ingresaron violentamente al Pul Lof de Cushamen” y reprimieron a 20 personas “sin orden judicial”; que no menciona el rol del jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti; y que no tiene en cuenta que la comunidad está atemorizada y 40 de sus miembros están procesados por protestas previas; y que no se investigan sus denuncias por apremios ilegales.