La reforma educativa que el gobierno porteño con el eslogan “Secundaria del Futuro” planea implementar a partir de 2018 y que incluirá la división de los ciclos en básico y orientado, con prácticas laborales en el último año, el reemplazo de las notas por un sistema de créditos y la agrupación de materias por áreas de contenido, levantó polémica y la toma de algunas escuelas por parte de los estudiantes. La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, defendió la reforma, criticó las tomas y sostuvo que son fogoneadas por gremios del sector que “dicen cualquier cosa” porque afrontan elecciones internas. Las críticas de los alumnos apuntaron a la falta de información que dieron las autoridades sobre el plan y a la imposibilidad de opinar sobre el mismo; los especialistas en educación señalaron que el plan fue realizado de forma inconsulta y que tiene un carácter más publicitario que pedagógico.
“Estamos convencidos de que es necesario reformar la escuela secundaria porque no acompaña, como institución, los cambios que se están haciendo en esta era de lo analógico a lo digital. Las transformaciones de los propios chicos, que son cableados en el siglo XXI y necesitan herramientas para cumplir sus sueños”, dijo Acuña al defender la implementación del plan que el año que viene alcanzará a 16 escuelas porteñas con 2495 alumnos de primer año; en los siguientes tres años se sumarán 132 escuelas, 44 por año.
El nuevo esquema constará de un ciclo básico de dos años, otro orientado de dos y el último, el “integrador y formativo del más allá de la escuela”. También el 6° y 7° de la escuela primaria serán incorporados a la reforma y tendrán 10 días de tiempo preparatorio para la secundaria.
El representante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, Jacobo Gómez, explicó a PáginaI12 que la escuela estaba tomada desde el lunes a la tarde en reclamo de un protocolo para tratar los casos de violencia de género y “contra la reforma educativa porque no fue consensuada, no participamos ni nos dieron información sobre el nuevo plan educativo. Es una reforma que nos cayó del cielo. La poca información que dieron fue con cuentagotas, nos dicen que es un proyecto muy nuevo pero al mismo tiempo dicen que en cuatro meses lo van a implementar. También plantean reducir el 50 por ciento de las clases del último año y que vayamos a trabajar, sin saber cuál va a ser el fin educativo de esas prácticas”.
El licenciado en Ciencias de la Educación, docente de la UBA y del colegio Joaquín V. González, Gabriel Brener, dijo a este diario que “uno no puede hablar de un texto fuera de contexto, de las reformas e intenciones de cambio desligándolas del proceso político en que se dan. No hay que negar que hay que hacer cambios, que tienen que ser objeto de discusión, pero requieren de diversos actores. No puede el Gobierno cambiar una gramática escolar que está soldada a la estructura de un sistema que tiende a no cambiar, sin consensos. No sólo con las intenciones, que no son menores, se logran introducir cambios en las escuelas, pero suelen rebotar cuando se los plantea como imposición”, sostuvo el docente.
Para Brener, “plantean muchas cosas que parecen declaraciones de principios pero no especifican cómo las van a realizar. Plantean que en las clases se va a dar un 30 por ciento de exposición docente y un 70 por ciento con la participación de los alumnos, pero no dicen cuáles van a ser los mecanismos para esa implementación. Plantean un tipo de alumno al que aspiran, donde combinan la idea de una persona crítica, cuando han denostado este tipo de pensamiento desde que llegaron al gobierno, y que se adapte. Y es curioso que quienes han puesto la pluma en esta reforma son profesionales de la Fundación Cimientos”, remarcó.
Con la ONG que preside Miguel Blaquier, el Ministerio de Educación firmó un convenio para que preste asistencia técnica y capacitación al Programa Nacional de Tutorías del secundario. La figura del tutor (dos por curso) forma parte del nuevo plan, para que funcionen como guías del trayecto escolar.
La ONG que capacitará a los tutores tiene como socios a bancos (HSBC, Galicia, Supervielle), financieras (JP Morgan), compañías de seguros (Zurich) y empresas multinacionales como Exxon y Coca Cola.
La investigadora adjunta de Conicet en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Judith Naidorf, sostuvo que “se tendría que haber replicado la experiencia de 2006, cuando se convocó a todos los sectores, se dieron días de asueto para debatir y se logró una ley que reflejó el consenso de toda una comunidad. Acá, es la reforma de algunos asesores que ni siquiera se asumen como tal. Hablan de inclusión tecnológica cuando hay colegios que no tienen conexión a internet y hace dos años que no reparten las computadoras”. Además, la investigadora advirtió que “hablan de materias que se van a trabajar de manera conjunta y no queda claro si eso va a redundar en la reducción de profesores o si algunas materias van a desaparecer. En el último año, cuando se ve la historia actual, la historia Argentina, se reduce la cursada un 50 por ciento y se la reemplaza por una práctica profesional, supervisada por quién, con qué objetivo. Porque el riesgo es que se use a los chicos como mano de obra barata”.
Por otra parte, a Naidorf le llamó la atención que la propuesta “festeja y vaticina el fin de las clases magistrales”.
“Muchos se han inspirado en un profesor de secundario para luego estudiar una carrera universitaria o se han emocionado siguiendo el argumento de un intelectual en una clase magistral, de eso también se trata el rol docente. Lo que debiéramos ofrecer es más y mejores clases magistrales que se combinen con espacio para la repregunta, para la puesta en práctica de alguna acción derivada, que se combine con nuevas herramientas tecnológicas y que principalmente se centre en el contenido.”
