El último de los proyectos de campaña de Sergio Massa dio el paso final antes de ser convertido en ley. La iniciativa Compre sin IVA -que convierte en ley la política de reintegro del IVA para productos esenciales- obtuvo dictamen en el Senado y ya está lista para ser sancionada la semana que viene en el recinto. Fue un trámite veloz que contó con el acompañamiento del peronista federal Edgardo Kueider, lo que anticipa que el Frente de Todos no tendrá grandes problemas en hacerse con la mayoría para sancionar el proyecto después de las elecciones. Todo dependerá, claro, del resultado: oficialismo y oposición aguardan las negociaciones hasta después del 22-O, fecha en la que quedará clara la relación de fuerzas de la cámara por los próximos dos años.

El objetivo había sido reunirse la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa, pero el contexto electoral y el fin de semana largo hicieron imposible reunir la cantidad necesaria de senadores para dictaminar. Fue así que, este miércoles, a cuatro días de las elecciones, el oficialismo convocó a la comisión de Presupuesto del Senado para tratar el proyecto que pretende convertir en ley el programa que beneficia a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones sociales, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con sueldos inferiores a seis salarios mínimos, con la devolución del 21 por ciento para la compra de productos de la canasta básica. 

Según precisó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra, más de 20 millones de argentinos y argentina se verían beneficiadas por esta ley. "Suponiendo que todos hicieran uso del tope de 18.800 pesos, tendríamos una cifra cercana a 370 mil millones de pesos por mes que se retrotraen en el círculo virtuoso del consumo", resaltó el senador oficialista, quien reivindicó que la ley estaba orientada a "reforzar el ingreso de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

Juntos por el Cambio, mientras tanto, apenas apareció. Solo participaron dos senadores de la reunión: el radical chaqueño Victor Zimmermann y la porteña del PRO Guadalupe Tagliaferri, quienes optaron por esgrimir la objeción de la pérdida de recaudación y la forma que afectaría en las provincias. "El costo fiscal es 1,01 por ciento del PBI, de los cuales, por distribución del impuesto, el 0,72 es para provincias. Me da que el año que viene el Chaco estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de coparticipación", cuestionó Zimmermann, quien reclamó que se incluyera al proyecto un fondo compensador por la pérdida de recaudación. 

La senadora Juliana Di Tullio salió al cruce. "Si hay preocupación sobre el impacto que tiene de un punto del PBI, se puede analizar con seriedad la separata que mandó por segundo año consecutivo el ministro de Economía. A ver si se atreven a tocarle el bolsillo a los que más tienen", replicó, haciendo referencia a la separata con el gasto tributario del Estado que Massa presentó junto al Presupuesto 2023 que refiere al costo de las diversas exenciones impositivas. "Son más de cuatro puntos del PBI que podrían subsanar lo que tanto le preocupa al senador", remarcó la senadora bonaerense, quien, minutos más tarde, subiría la apuesta: "Anímense a tratarlo en Diputados, ¿por qué no se animan? Si les molesta el financiamiento para más de 16 millones de personas pero no para las pocas empresas que se llevan casi cinco puntos del PBI". 

La mendocina Anabel Fernández Sagasti también aprovechó para reclamarle a la oposición que no se sentara a discutir otros proyectos que podrían compensar la caída de recaudación. Como el blanqueo de capitales que viene reclamando Massa. "Las provincias por supuesto que estamos preocupados por fondos coparticipables, ¿pero sacándole a los que menos tienen vamos a compensar? ¿No es hora que nos pongamos pantalones largos y cobremos impuestos a quienes evaden? Los principales evasores son las multinacionales", reclamó. 

Sagasti, además, aprovechó para cuestionar el fallo del juez Pablo Cayssials que declaró la inconstitucionalidad de que los jueces y fiscales nombrados después de 2017 paguen Ganancias: "Una barbaridad. Y nadie sale a decir nada. ¿De dónde quieren que recaudemos para Seguridad, Salud, Educación, para todo lo que tienen que garantizar el Estado argentino? Es joda. Es como sacar una ley en la que decidimos que los legisladores no pagan Ganancias, ¿se imaginan?", apuntó. La separata del Presupuesto incluye, precisamente, la exención del Poder Judicial al impuesto a las Ganancias. 

Finalmente, el oficialismo logró dictaminar el proyecto con la firma de los senadores propios y, a su vez, del entrerriano Edgardo Kueider. "Esto va directo al consumo. Y, además hay que pagar con medios digitales, eso es blanqueo, por lo tanto eso también incrementa la recaudación", remarcó el senador de Unidad Federal, el bloque de peronistas exoficialistas que suele definir el resultado de las votaciones en el Senado. El oficialismo confía en que podrá sumar los votos necesarios para aprobar la iniciativa la semana próxima, ya que es probable que JxC repita la estrategia de Diputados y decida abstenerse para no impedir la sanción del proyecto. Tanto en las filas de JxC como las del FdT coinciden, sin embargo, en una cosa: que esté o no el número - para este y los proyectos futuros- dependerá del resultado del próximo domingo y de si Massa entra o no al balotaje.