Con una parsimonia record, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó finalmente la extracción del contenido y las comunicaciones de un celular de Gerardo Milman. Se trata de aquel que entregó en forma voluntaria el 22 de agosto último y que la querella de Cristina Fernández de Kirchner denunció que es un modelo que no existía en el mercado antes de su intento de magnicidio, el 1º de septiembre del año pasado, y que el diputado empezó a usar a mediados de noviembre. Todavía está pendiente que la Sala I de la Cámara Federal resuelva si autoriza el secuestro de otros tres teléfonos del diputado de Juntos por el Cambio y todos sus dispositivos electrónicos. Esa es la foto actual de la “pista Milman” que comenzó hace casi un año y un mes, cuando un testigo declaró haberlo escuchado decir frente a dos colaboradoras, dos días antes del atentado, “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Un camino infinito

Como es obvio, el diputado y exjefe de campaña de Patricia Bullrich, no entregó la clave de acceso al teléfono. Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, ya habían advertido también que no existiría tecnología disponible para poder descargar el contenido del modelo en cuestión, que es un Iphone 14 Pro. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo intentó con un aparato idéntico de una de las asesoras de Milman, la exMiss argentina Carolina Gómez Mónaco, y no lo logró. Por eso en su resolución la jueza la pregunta al Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional “si cuentan con los medios y equipos técnicos necesarios para proceder a la extracción de información de un dispositivo electrónico como el antes detallado, y adelanten cuál será la modalidad de trabajo a ser empleada”. La querella vaticina que la respuesta podría ser “no”.

Así, no sólo se trata de un modelo de celular que impediría conocer qué hablaba y qué información tenía Milman antes del atentado en su teléfono sino que ni siquiera se podría analizar lo posterior. La jueza, de todos modos, pide que se analice todo lo comprendido desde el 1 de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de 2023. Esta última fecha fue la de la declaración de otra asesora, Ivana Bohdziewicz, quien reveló que a ella la llevaron a oficinas de la candidata a presidenta Bullirch a borrar el contenido de su teléfono. Allí la esperaba un perito para eso, junto con Milman, cuyo teléfono –dijo– también fue “manipulado”. A Gómez Mónaco la mandaron a comprar un aparato Iphone nuevo y cambiar la clave. Hasta ahora la investigación no apuntó en concreto a saber si el diputado tuvo conocimiento o relación con el atentado y si el “borrado” es parte de una estrategia de encubrimiento. Ambas mujeres son las que estaban con él en el bar Casablanca cuando el testigo Jorge Abello le escuchó decir la ya famosa frase.

Capuchetti aclara que la información a rastrear debe ser “contenido relevante en torno a los hechos ventilados” en la causa y preservarse “aquella información que no guarde estricta relación con el caso” (vale recordar que el legislador tiene otras causas, por ejemplo, posible lavado y enriquecimiento). La resolución describe cómo lo entregó Milman el teléfono: “apagado sin inscripciones, color negro, en buen estado de conservación, con funda transparente con un círculo color blanco, sin IMEI visible, con tarjeta SIM de la empresa Personal n° 89543420917878735851, sin tarjeta de memoria externa y sin cargador” y aclara que “que no se conoce código de acceso”.

Quien informó que Milman tiene tres líneas más fue su propio abogado Manuel Barros, histórico defensor de gendarmes. La Cámara Federal debe definir en pocos días si se pueden analizar. La audiencia por este asunto fue la semana pasada. Si accede, la Cámara de Diputados deberá aprobar una nueva autorización para la medida.

Semanas atrás quien vinculó a Milman con el contexto de violencia que rodeó al ataque a la vicepresidenta, en aquellos días ante que transcurría el juicio de “Vialidad” en su contra, fue una de las detenidas por el hecho, Brenda Uliarte, entonces novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó gatillar, pero la bala no salió. “Yo no sé por qué Nando (Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que les pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo”, dijo la chica en un escrito que presentó a modo de pedido de ampliación de indagatoria, que aún no derivó en ninguna medida ni nueva declaración. También mencionó que el asesino fallido hablaba de esto con una tal “Carolina”.

En los últimos meses la jueza Capuchetti se tiró el lance de que el Tribunal Oral Federal 6 que juzgará el intento de magnicidio completara o diera las orden para lograr las medidas que ella no terminó y que quedaron en su juzgado, en instrucción. Una de ellas proviene de un pedido de la querella: que se peritara la caligrafía de un texto manuscrito hallado en la casa donde vivía Brenda Uliarte en San Miguel que describía la llamada Regla de Tueller. Es un protocolo de la policía en Estados Unidos y que Bullrich y Milman quisieron introducir en el país en el gobierno de Cambiemos. A mediados de este año recién se ordenó un peritaje caligráfico para saber si la letra es o no de la chica.

Después de una disputa con el tribunal oral, al que pretendía delegar el trámite de la autorización para la obtención de muestras de la caligrafía, la jueza admitió el reclamo del fiscal Rívolo. Esta medida fue pedida por la querella el año pasado. La dilación ha sido el criterio constante del juzgado, que sólo elevó a juicio a los tres acusados de la autoría material del atentado a CFK, pero dejó de lado toda pista política y financiera.