La Justicia intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para que garantice el acceso al agua potable en los barrios populares. Es por un fallo del año 2020 que ya establecía que el GCBA debía elaborar un plan de contingencia en ese sentido, pero la administración porteña no acató lo requerido. Ahora, la Justicia le dio un plazo para que cumpla con el fallo de origen y, si no lo hace, deberá pagar una multa. La resolución de 2020 también ordenaba aumentar la entrega a granel de agua potable y elaborar un protocolo de prevención con pautas de manejo.
"Intímese al GCBA para que en el término de diez días acredite haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la resolución cautelar recaída en la presente causa", dice la escueta resolución de sólo un párrafo emitida por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6. El magistrado agrega, además, que la intimación corre "bajo apercibimiento" de aplicar sanciones económicas al Gobierno porteño si no cumple con lo requerido. Por lo demás, el juez se remite directamente a la decisión judicial de 2020.
Se trata de una medida cautelar de mayo de ese año, durante los primeros meses del aislamiento por la pandemia de covid - 19, cuando los ya existentes problemas de acceso al agua potable en los barrios populares se hicieron aún más visibles. Eran tiempos en que las comunicaciones oficiales pedían lavarse las manos y extremar las medidas de higiene, mientras que, en los barrios populares, los vecinos y vecinas denunciaban que ni siquiera tenían agua para el día a día.
En ese contexto, fue la Justicia porteña la que decidió tomar parte en primera instancia. Aunque señalando que la cuestión de fondo era competencia de la Justicia federal --que intervino ahora--, el juez Osvaldo Otheguy, del Juzgado N°8 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, había decidido intervenir cautelarmente ante una demanda encabezada por la ingeniera civil e hidráulica María Eva Koutsovitis, junto a vecinos y vecinas de distintos barrios populares de la ciudad, como la Villa 20, la 15, la 21-24, y los barrios Cildañez, Inta o Scapino de Villa Lugano.
Ese fallo de origen establecía que, en el corto plazo, el GCBA debía cumplir con tres requisitos: elaborar un plan de contingencia para resolver la situación, incrementar las entregas a granel y confeccionar un protocolo de prevención. El primero de los puntos establecía que debía incluir "un cronograma detallado para cada barrio popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos". El plan debía garantizar "la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores que no cuenten con suministro continuo", a pedido de los habitantes de los barrios.
En ese sentido, el juez había establecido que era necesario incrementar la entrega a granel para todos los usos con el objetivo de garantizar el pleno acceso al agua potable. La entrega a granel, en tanto, debía basarse en las normativas nacionales e internacionales "que establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día" o por las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento "que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros por habitante al día".
Por último, el fallo ordenaba al GCBA la elaboración de un "Protocolo de Actuación" para la prevención en el uso del agua. El protocolo debía incluir "pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias". "Este deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar --hervir el agua, incorporarle lavandina, etcétera-- para reducir el riesgo sanitario", precisaba el juez Otheguy. Tres años y medio después, y con una situación sanitaria completamente distinta, la Justicia aún considera que el GCBA debe cumplir con estos pasos para garantizar el derecho al agua potable en los barrios populares.
"El fallo incumplido es inédito ya que establece condiciones igualitarias en el acceso al agua en todas las villas de la Ciudad. En el sur, donde uno de cada tres habitantes habita en una villa o asentamiento sin acceso pleno y formal al agua potable, la esperanza de vida se reduce en promedio entre ocho y diez años respecto al norte. Y la mortalidad infantil se duplica", dijo ahora Koutsovitis, tras conocerse la nueva resolución judicial. La ingeniera, titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, también advirtió que "en el distrito más rico de nuestro país, el 15 por ciento de sus habitantes no accede formalmente al agua potable, 400 mil porteñas y porteños habitan en villas y asentamientos sin acceso ni al saneamiento cloacal".
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que también acompaña la demanda, sostuvieron que la entrega a granel no deja de ser una solución "transitoria" y que, así y todo, “no ha alcanzado para garantizar el acceso al agua potable a todas las familias de las villas o para evitar el colapso de los pozos ciegos o cámaras sépticas". "El elevado riesgo sanitario y ambiental al que se encuentran expuestos los habitantes de las villas se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua, como diarreas, enfermedades de la piel, forúnculos, etcétera", agregan.
