Entre las once y doce de la mañana a Milagro Sala la llamaron desde el área de salud de la Unidad Penitenciaria número 3 del Alto Comedero. Se sorprendió porque no había pedido ningún médico. Le preguntó a la doctora por qué la estaban revisando. Le dijeron que era por orden del director del penal. “Pero dígame si es que me están por sacar esta noche -pidió Milagro–: si es así, quiero avisar a mi familia y tener seguridad”. Cerca de dos horas más tarde llegó el juez Pablo Pullén Llermanos, el hombre que dispuso un cerco de seguridad en la casa de El Carmen al que los abogados de Milagro Sala definen como zona de excepción donde impera la lógica del estado de sitio. “Yo quiero decirle que cuando se levante a la mañana, alrededor de las nueve -le dijo el juez– usted tiene que salir al balcón a hacer una seña a la Gendarmería para que vean que usted está bien”. “No quise contradecirlo”, dice Milagro a PáginaI12. “¿Te imaginas que todos los días a las nueve de la mañana tenga que hacerle señalas a los gendarmes? Es una brutalidad lo que están haciendo porque la verdad esto de que me trasladan, es que me trasladan de una cárcel a otra cárcel: o sea, que mi casa la han convertido en otra cárcel. Yo creo que ni a los genocidas le pusieron Gendarmería para cuidarlos con la domiciliaria, pero me lo pusieron a mí. Y no sólo me ponen Gendarmería, sino también me ponen a la policía de la provincia. Por eso, si bien hay una parte de sensación de alegría también hay parte de bronca porque siguen haciendo esta historia de que una es peligrosa”.

Milagro Sala finalmente fue traslada ayer a la casa del dique La Ciénaga en la localidad de El Carmen, ubicada a 40 kilómetros de San Salvador. La casa saqueada durante su cautiverio es el lugar elegido por el gobierno nacional para cumplir de forma tardía con el mandato obligatorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de sacarla inmediatamente de la cárcel porque representaba riesgos para su vida. Ese lugar reparado contrarreloj por sus compañeros de la organización Tupac Amaru de forma amorosa hace ya más de una semana también fue trasformado contrarreloj en un dispositivo militar. La justicia de Jujuy instaló un sistema de cámaras de seguridad para cubrir 360 grados, ayer terminaba de alambrar con púas el perímetro de los muros de la casa, colocó sistemas de iluminación y un enorme móvil de Gendarmería Nacional en la puerta externa con quince gendarmes de forma permanente para un primer anillado de control secundado por un segundo anillo de policías de la provincia. Milagro Sala tiene restricciones de horarios de visitas, límites de personas a recibir y han dispuesto retenes de control en los caminos de acceso a la casa.

Por todo esto, su abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta habla de la implementación de un estado de sitio en el territorio de la dirigente de la Tupac Amaru. “Literalmente lo que están haciendo y hay que decirlo así -dice–: lo que instituyó Pullén Llermanos y el juez Gastón Mercau con consentimiento del gobierno nacional es un Estado de Sitio en relación al territorio donde está Milagro”. Para el equipo de abogados, el traslado que se hace mal y de forma tardía, la fecha elegida no es causal. “Así como entendemos que no lo podían hacer antes de las PASO, eligieron el día centralmente por el momento crítico que está viviendo el gobierno frente al reclamo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado de la que mañana (por hoy) se cumple un mes. Y hoy que hay marchas en todo el país y mañana una marcha multitudinaria. Y esto ocurre hoy también frente al hostigamiento y espionaje de la Policía y del poder Judicial a organizaciones sociales en Córdoba. Entonces no nos parece casual ni el día ni la hora”. 

Los abogados apelaron las condiciones de detención de Milagro Sala y presentarán un denuncia penal por abuso de autoridad por el mismo tema. Los defensores se enteraron del traslado cuando Milagro ya había sido llevada a la casa de El Carmen. Luego de la revisión médica en el penal, la llevaron ante el juez Pullén Llermanos sin abogados y desde allí la trasladaron. A la mañana, sus abogados habían recibido la noticia de que el juez la esperaba a las seis de la tarde para una audiencia. Y esa era la única información. “Esta es una forma más de hostigamiento típica de la justicia de Gerardo Morales”, señala Gómez Alcorta. 

En el Carmen, a Milagro la recibieron integrantes de la organización que preparaban la casa. Ponían veneno para las hormigas y regaban alguna planta. Ellos desde adentro observaron movimientos en la puerta y la polvareda de los autos. Así supieron que algo pasaba, hasta que unos uniformados les avisaron que entraba Milagro. Ella que había escuchado las noticias desde Buenos Aires adelantando la instalación de la Gendarmería, no podía terminar de creer lo que estaba viendo. Arriba de los muros colocaban el alambre perimetral, haciendo uso y goce de esa propiedad. A la tarde, recibió a los integrantes del Patronato de Liberados que hicieron los controles de parte de los dispositivos de seguridad. A esa altura le habían puesto una tobillera en el pie conectada a dos líneas de teléfono, una por si falla la otra. 

“Es una locura”, agrega su abogada. “Poner un dispositivo de seguridad de Gendarmería está prohibido. Toda persona que quiera ingresar, ya sean sus abogados, los familiares o cualquier persona o el propio Raúl Noro -su marido, que vive en esa casa– va a ser revisado por Gendarmería, y hay que agregar que esto sucede con una fuerza que hoy es sospechada de desaparecer personas”. Por todo esto sostiene que “la medida tal como se efectivizó no implica en lo más mínimo el cumplimento de la medida cautelar. La medida señalaba que ella estaba siendo hostigada y que ese hostigamiento la conducía a poner en riesgo su vida y su salud, y lo único que han hecho ahora es asegurarse que el hostigamiento continúe fuera del penal del Alto Comedero y para eso armaron un dispositivo carcelario en un inmueble que ni siquiera era su casa. Podría haber sido el inmueble del Carmen como cualquier otro lugar. Y de hecho, es tan así que el propio juez Pullén Llermanos en la resolución que firmó dice que en realidad Milagro debería irse a otro penal y como no hay otro penal tiene que convertir la casa de El Carmen en otro penal. Lo dice el propio juez en una resolución que va a pasar sin ningún dudas a los anales de la jurisprudencia argentina como digna de un analfabetismo jurídico y de un nivel de perversidad judicial como pocas. La casa es un inmueble que tiene que ver con el derecho a la intimidad de las personas y el derecho a la privacidad, pero lo que acá están haciendo es violar todas las leyes que se le ocurran”. 

Como señaló este diario en su edición de ayer, en este momento hay 145 detenidos de lesa humanidad con prisiones domiciliarias controladas por el ex Patronato de Liberados, hoy denominada Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep). No son todos los detenidos de lesa con domiciliaria pero es un universo controlado: de ellos ninguno tiene cámaras de seguridad que son entendidas como un sistema violatorio de las garantías individuales; no tienen custodia perimetral de fuerzas de seguridad alguna; no tienen restricciones de horarios ni de número de visitas y sólo uno de los 145 tiene un gendarme parado en la puerta de la casa, y eso porque ha violado el beneficio en una oportunidad.

Para que una persona detenida en una prisión domiciliaria no vulnere los limites de su domicilio, están las pulseras electrónicas que son un modo de fiscalización y de control. “¿Si existe eso, para qué está Gendarmería? –pregunta Gómez Alcorta– Gendarmería está para hostigar que además como siempre sucede no sólo hostiga a Milagro, sino que hostiga a todas las personas, pero sobre todo y en lo que no tenemos ninguna duda es que esto está para tener el control de las personas que la visitan, de quién ingresa y quién sale, como uno de los nuevos modos que está teniendo este gobierno no sólo de persecución sino de hacer tareas de inteligencia sobre las organizaciones sociales”.