Desde Brasilia
Demolición democrática. Transcurrido un año desde la caída de Dilma Rousseff, su sucesor Michel Temer gerencia el gobierno con el único propósito de mantenerse en el cargo, y así preservar el foro privilegiado que impide su procesamiento ante una avalancha de evidencias sobre su participación en una organización delictiva que, al parecer, sigue funcionando. Igual que este golpe continuado.
Ayer el delincuente confeso y arrepentido, Joesley Batista brindó más pormenores de su relación con el gobernante en ejercicio. Propietario del frigorífico JBS, mayor exportador de carnes del mundo, Batista grabó a Temer este año durante una reunión en la que aparentemente se pactó el pago de sobornos a políticos aliados y el apriete de jueces inoportunos. El audio tomó estado público el 17 de mayo y a partir de entonces el gobierno de facto sobrevive con un pulmotor financiado con dinero público.
Ahora el empresario anunció que tiene otras 42 horas de grabaciones con diversos miembros de la organización delictiva y que se apresta a entregar a la justicia más detalles sobre el acuerdo mafioso del que son parte el mandatario y, probablemente , varios miembros del oficialista Partido Movimiento Democrático Brasileño. Cada vez que Batista abre la boca el Palacio del Planalto tiembla.
También se sacudió la delegación gubernamental que acompaña a Temer en una visita oficial a China, ya que según versiones el mandatario podría anticipar su retorno a Brasil para apagar este incendio en ciernes. “Ese Temer ceremonioso que se ve en la televisión es falso, el verdadero Temer es el que yo grabé , el que pide dinero de forma directa, sin ceremonias” declaró el magnate de la carne autor confeso de más de 1.800 sobornos a políticos.
Si el gobierno de excepción no cayó fue gracias a la consolidación de los arreglos entre el Poder Ejecutivo y cientos de diputados que hace un mes impidieron la apertura de un juicio impulsado por la Procuraduría General de la República. Los 263 congresistas que rechazaron la apertura de un proceso recibieron directa e indirectamente miles de millones de dólares en la forma de partidas de dinero federal y eximición de impuestos para grupos económicos. Fueron conchavos a cielo abierto. Ministros pactando a cara descubierta en los pasillos del Legislativo. La lógica empleada para costear la impunidad del ocupante del Planalto ya había sido aplicada para financiar la mayoría especial de diputados y senadores que reformó la Constitución para congelar por 20 años el gasto público. Estas evidencias describen el modo como se ha gestionado la cosa pública desde el 31 de agosto del año pasado cuando el Senado destituyó a Rousseff por haber incrementado las partidas para financiar a los pequeños productores rurales sin tener permiso parlamentario.
Temer intentó demostrar calma cuando un periodista le preguntó en Pekín sobre las nuevas revelaciones de su antiguo socio Batista y la posibilidad de que la Procuraduría ofrezca una nueva denuncia, ahora por “asociación ilícita”. Es probable que la semana próxima el procurador Rodrigo Janot vuelva a denunciarlo con nuevas evidencias y la delación de otro arrepentido, el cambista Lucio Funaro quien durante años estuvo a cargo de llevar las maletas de dinero sucio del PMDB. De acuerdo con los primeros trascendidos las confesiones de Funaro no serían tan explosivas como la del empresario Batista, pero la suma de ambas podría tener un efecto corrosivo devastador sobre un jefe de gobierno a quien sólo respalda el 3 por ciento de los brasileños.
El desprestigio de Temer y las escenas de pornografía política no preocupan al mercado. La Bolsa de Valores de San Pablo cerró sus operaciones del viernes a los 71.923 puntos , la más alta desde 2010. La semana pasada hubo otra ronda de negocios apoteótica cuando se anunció la decisión de privatizar la gigante de la energía Eletrobras. Los banqueros ratificaron su voto en administración que ha demolido lo que restaba de democracia del mismo modo que las acciones se cayeron en picada cuando Dilma fue reelecta 2014. El jueves, al cumplirse un año de su destitución, Rousseff deploró la irresponsabilidad de la “elite económica” por haber apoyado el régimen de excepción.