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El 18 de octubre se cumplió el cuarto aniversario de las movilizaciones masivas de Chile, que pasaron a conocerse con el nombre de estallido social y que encarnaron la ola de protestas más grande desde la vuelta a la democracia en ese país. Las protestas, aquel 18 de octubre de 2019, comenzaron por un fuerte aumento del boleto de subte, y en seguida fueron los jóvenes los que convocaron a saltar los molinetes en rechazo a la suba.
- Artículo publicado originalmente en Causas, el newsletter de Latinoamérica Piensa. Registrate y recibilo en tu mail.
Pero el aumento de la tarifa del metro fue solo la punta del iceberg. Luego siguieron protestas por el elevado costo de vida, jubilaciones de miseria, un sistema de salud deficitario… un modelo económico y político que no daba respuestas a las necesidades de una sociedad moderna, diversa y plural.
Al tiempo que crecían las movilizaciones, el gobierno de Sebastián Piñera ordenó reprimir y Carabineros -la policía militarizada de Chile- protagonizó episodios de extrema violencia contra los manifestantes provocando decenas de muertos y múltiples denuncias de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos, algo que fue constatado incluso por organismos internacionales.
De estas movilizaciones, además, cientos de personas resultaron con lesiones oculares. Muchos quedaron ciegos y otros perdieron parcialmente la visión. Esto fue el resultado del uso y abuso de las armas no letales y antidisturbios utilizadas para dañar, como cuando se disparan a los ojos o desde una corta distancia.
El malestar social que fue canalizado en el salir a la calle a protestar tuvo su auge el octavo día de manifestaciones, cuando más de un millón de personas se autoconvocaron en Plaza Italia, más tarde rebautizada Plaza de la Dignidad. Muchos llamaron esta jornada como el despertar chileno y celebraron que haya sido bajo un clima de alegría y de unidad popular. Ese día, hasta el propio Piñera tuiteó: “La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado”.
Nueva Constitución
Esta enorme movilización que reclamaba el fin de las políticas neoliberales encontró una salida política en la posibilidad de reformar la Constitución chilena, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y que muchos encontraron como responsable de la enorme desigualdad. Esta iniciativa fue avalada ampliamente por los chilenos, que acompañaron con su voto el primer plebiscito para darle luz verde al proceso.
El mundo siguió atento el proceso constituyente de Chile por su carácter democrático y paritario: el pueblo escribiendo su propia Constitución a través de constituyentes votados democráticamente, con representación paritaria de hombres y mujeres y la inclusión de pueblos originarios y otras minorías.
El texto que resultó de este primer proceso definía a Chile como una “democracia paritaria” con un Estado Plurinacional e Intercultural. Incluía cambios en el régimen político y ampliaba derechos sociales fundamentales como el acceso a la educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones, que pasarían a ser universales, para todos los chilenos y chilenas. También incluía el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y establecía el derecho humano al agua, no menor en medio de la crisis hídrica que vive Chile.
Gana el rechazo
Todo este proceso de avanzada progresista quedó en la historia al no conseguir la aprobación en el plebiscito de salida. El 4 de septiembre de 2022, con una participación récord, ganó el “Rechazo” con el 61,9% de los votos frente al 38,1% que obtuvo el “Apruebo”.
¿Por qué sucede esto? Algunos especialistas hicieron foco en la campaña del miedo fogoneada por los sectores conservadores, otros en la dificultad para explicar de forma clara y masiva más de 300 artículos y otros sostuvieron que los cambios planteados por el nuevo texto iba más allá de lo que la sociedad estaba preparada para votar.
Nuevo proceso constituyente
Tras el fracaso del primer intento se habilitó una segunda oportunidad. La diferencia con el anterior es que este segundo proceso constituyente estuvo -y está- dominado por la derecha. Compuesto por 50 miembros, el nuevo Consejo Constitucional tiene una amplia mayoría conservadora: 23 consejeros responden al ultraconservador Partido Republicano y 11 a coaliciones de derecha tradicional. La izquierda obtuvo 16 escaños y se sumó un representante indígena.
El Consejo Constitucional ya terminó de revisar el texto y ahora queda la revisión de otro órgano más antes de llegar al 17 de diciembre nuevamente a las urnas para que la población apruebe o rechace el nuevo texto.
La consejera Karen Araya Rojas, del Partido Comunista, sintetizó el nuevo texto como una Constitución antimujeres, que constitucionaliza las AFP y sus pensiones de miseria y salva a las actuales prestadoras de salud, también ampliamente criticadas. También aclaró que no se garantiza la gratuidad de la educación ni el acceso al agua ni el cuidado del medio ambiente.
De los ejes principales, la consejera explicó:
- Se rechazó incluir la palabra “garantizar” en el acceso a la salud y se optó por una más general como “proteger”.
- Se cristalizó la existencia del actual sistema de salud público-privado muy criticado y se constitucionalizó la existencia de las AFP .
- Se rechazó consagrar el estado social y democrático en primer orden.
- Se definió “niño” a todo ser humano menor de 18 años y se agregó la protección de quien está por nacer. Estos artículos representan un claro riesgo para la ley que permite el aborto por tres causales conquistada por el movimiento de mujeres de Chile.
- Se mantuvo la posibilidad de arresto domiciliario por razones de salud incluso para delitos graves.
- Se rechazó la gratuidad de la educación superior.
- Se rechazaron las alternativas de “igual trabajo, igual valor” que buscaban garantizar igualdad salarial, incluso entre hombres y mujeres.
- Se eliminó el concepto de justicia ambiental, equidad territorial y solidaridad territorial.
En definitiva, en sus palabras: “Se desperdició la oportunidad de cambiar el rumbo de este proceso y dirigirlo hacia donde la ciudadanía nos pide avanzar, hacia la construcción de una casa de todos y no de su propio condominio. Se desperdició la oportunidad de dejar las ideologías, de lado alejarse del fanatismo religioso, abandonar el deseo de revancha… esto no es algo que la izquierda pide, es algo que Chile nos pide”, enfatizó Araya Rojas desde sus redes sociales.
La última palabra estará en las urnas y la tendrá nuevamente el pueblo chileno pero esta vez para definir si avanza o no con esta nueva versión más conservadora de la Constitución.
