La Suprema Corte de Justicia de Uruguay desestimó el nuevo recurso interpuesto por el exoperador judicial del PRO Fabián "Pepín" Rodríguez Simón para evitar ser extraditado a la Argentina, donde los tribunales lo reclaman para tomarle indagatoria en una causa por extorsión. Ahora debe resolver si avanza con el proceso de extradición el juez en lo Penal Especializado en Crimen Organizado Fernando Islas Preyones.

"Desestímase la excepción de inconstitucionalidad opuesta", resolvieron, por unanimidad, los jueces Doris Morales, Elena Martínez, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani en un fallo de 60 páginas.

A través de sus abogados, Rodríguez Simón había denunciado que tenía nuevos hechos para solicitar ser aceptado como refugiado político -condición que ya le fue rechazada- y pretendía además que se declarara la inconstitucionalidad de una ley internacional que rige los pedidos de extradición y la tramitación de asilos políticos.

"Si bien aquí invoca nuevos hechos, los mismos no son más que una reiteración de la ya alegada persecución en su contra en el vecino país. Que perviva la 'persecución' no modifica en forma alguna el supuesto de hecho ya hecho valer ante los tribunales", sostuvo el fallo que rechazó el nuevo intento de Pepín por seguir extendiendo su estadía en Uruguay, que ya lleva más de mil días.

El máximo tribunal de Uruguay invocó en el fallo la opinión de la fiscalía, para la que el planteo debía ser rechazado porque se trataba de una maniobra dilatoria: "En realidad se trata de la misma persecución política alegada, y que puede seguir generando hacia el futuro un sinnúmero de incidentes que podrían prolongar los trámites hasta el infinito".

"Más allá de que se rotulen 'hechos nuevos", lo que el recurrente menciona son nuevas situaciones que refieren a la misma causa primigenia de la supuesta persecución en su contra. Sin embargo, tal cuestión fue laudada por nuestros Tribunales patrios al rechazar la solicitud de refugio, no admitiendo dicha sentencia más recursos en virtud de que, como se indicara, este Colegiado declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto", indicó la resolución.

Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020. La jueza María Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.

El 25 de mayo del 2021 la justicia uruguaya recibió el pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la Justicia argentina, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno Cambiemos. Al día siguiente, Rodríguez Simón anunció que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político", algo que le sería esquivo. Pepín Rodríguez Simón debió entregar sus pasaportes ante la Justicia uruguaya que, además, dispuso el cierre de fronteras para evitar que el acusado se fuera a otro país cuando ya tenía emitida una alerta roja de Interpol.

En agosto de ese año, la CORE realizó el informe en el que se señaló que no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político sino que, por el contrario, podía evidenciarse que en la Argentina gozó de todas las garantías del debido proceso. El 23 de diciembre del 2021, la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado Adriana Chamsarian rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político.

En junio del año siguiente, ese fallo de primera instancia sería confirmado por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo, que luego sería recurrido por la defensa de Pepín.

Cuando la jueza Servini lo declaró en rebeldía, remarcó que Rodríguez Simón "dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria. La jueza detalló que el imputado tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.

En la causa se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge de la causa.