El Gobierno Italiano envió al Tribunal Supremo del país su reclamo contra las liberaciones de migrantes dictadas por el Tribunal de Catania en la isla de Sicilia al haberlas considerado detenciones ilegales. La primera ministra del país, Giorgia Meloni, se había pronunciado en público contra esas liberaciones.
En el recurso, la Abogacía general alega que, "contrariamente a lo que se alega en los autos", la directiva europea 2013/33/UE "prevé procedimientos específicos en la frontera o en las zonas de tránsito, para decidir sobre la admisibilidad de la solicitud de protección internacional, si el solicitante carece de documentos y procede de un país seguro".
5000 euros de fianza para un inmigrante
Además justifica que esa citada norma "prevé alternativamente la detención o el pago de una fianza" y también "la posibilidad de que el solicitante sea trasladado a una zona distinta de la de entrada, si las llegadas implican un número significativo de migrantes que lo solicitan".
En septiembre pasado el Tribunal de Catania anuló la detención de seis migrantes en un centro de Pozzallo, una decisión ante la que Meloni se mostró "estupefacta" en un comunicado y tras la que se han ido sucediendo nuevas anulaciones en la misma línea.
La decisión, dictaminada por la jueza Iolanda Apostolico, cuestionó el nuevo procedimiento de internamiento y la fianza de 5.000 euros que hay que pagar si se quiere salir del centro, al considerar ilegítimo tener encerrados a migrantes que han pedido el estatus de asilo.
Decreto contra inmigrantes
Ambas medidas cuestionadas estaban incluidas en un reciente decreto ley para impedir que los migrantes indocumentados quedaran en libertad y no fueran repatriados.
Como respuesta a esta decisión, el vicepresidente del Gobierno italiano, el también ultraderechista Matteo Salvini, divulgó un vídeo en el que se ve a la jueza en una manifestación de 2018 contra las políticas de puertos cerrados a las naves humanitarias y la acusó de estar politizada.
Esas reacciones suscitaron tensiones entre el Gobierno y la justicia, sobre todo por tratarse de ataques públicos contra una magistrada.
