La jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación contra Facundo Alfonso y Carlos Palacio por el delito de "transporte de estupefacientes, en calidad de autores" y dispuso q ue continúen en prisión preventivas, como había requerido la fiscala subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta. 

La decisión fue adoptada en una audiencia de formalización de la investigación penal celebrada el 17 de octubre. 

Alfonso es sargento del Ejército con revista en la Base de Apoyo Logístico ubicada en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. El 14 de octubre conducía un automóvil Renault Sandero en el que viajaba junto a Palacio, de profesión comerciante, expuso la fiscalía en la audiencia. 

Cuando transitaba por la ruta provincial 5, a la altura de la balanza de Vialidad, en la localidad de Las Lajitas, en el sur de la provincia de Salta, el vehículo fue detenido por personal de la Gendarmería Nacional. Alfonso, que viajaba uniformado, dijo que venía de Tartagal, en el norte salteño, y que se dirigía a Resistencia. Pero mientras revisaban los papeles del auto los gendarmes advirtieron un notable nerviosismo, que se agravó cuando abrieron el baúl, del que salía un fuerte olor a combustible. 

En esas circunstancias los gendarmes se percataron de que el asiento trasero estaba flojo y que los tornillos habían sido removidos. Con esa sospecha el automóvil fue trasladado a la base de Las Lajitas, donde un perro confirmó la probable existencia de droga en el sector del tanque de combustible. Así se descubrió un doble fondo, del cual se extrajeron 23 paquetes con cocaína, con un peso total de 23 kilos.

Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos y además secuestraron tres teléfonos celulares y 120 mil pesos.

Al formalizar la acusación la fiscala afirmó que reunieron suficiente prueba de la participación delictiva de los dos hombres y requirió que se les dicte la prisión preventiva, ya que “surgen evidentes los indicadores de riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal”.

“Estamos ante un hecho grave, con una importante cantidad de droga incautada, la que representa, a su vez, la afectación a la salud pública que hubiese causado, de haber concretado el transporte del estupefaciente”, amplió. 

También hizo hincapié en la modalidad de ocultamiento de la droga y recordó que la pena en expectativa para este delito no contempla la posibilidad de una prisión condicional. Y destacó que la investigación está en un periodo inicial, por lo que no descartó la posible participación de otros implicados.

Al resolver la jueza coincidió con lo planteado por la fiscalía y recordó la obligación del Estado nacional de investigar hasta las últimas consecuencias los hechos de narcotráfico, según los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales.