Desde Santa Fe.

La justicia reanudará las investigación en un centro de exterminio del Ejército cerca de Laguna Paiva, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió en 2010 una fosa común con los restos de ocho militantes montoneros secuestrados en Rosario, en 1977, dos de ellos aún sin identificar. La pesquisa se reactivó con una inspección judicial al Campo San Pedro ‑como se lo llama‑, en la que participaron el fiscal Martín Suárez Faisal, el secretario del Juzgado Federal Nº 2, dos integrantes del EAAF, las abogadas querellantes Nadia Schujman y Alejandra Romero Niklison y el investigador y denunciante en la causa, Hugo Kofman, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. En las tres horas que demandó el procedimiento, un testigo clave que conoce predio militar desde los años de la dictadura identificó algunos lugares que fueron marcados por los antropólogos, quienes ahora tienen quince días para presentar un plan de trabajo ante el juez a cargo del expediente, Francisco Miño. "Son hipótesis. Lugares que antes no habían sido contemplados", explicó Kofman ante una consulta de Rosario/12.

La inspección judicial del jueves había sido ordenada por el juez Miño ante una solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El escrito acompañó un informe de Kofman y de otro de los denunciantes, Marcelo Villar, para seguir la investigación que había sido discontinuada en 2012. "Es una respuesta a esa iniciativa", dijo investigador, quien aportó como pruebas su libro "Mirar la tierra hasta encontrarte" y un CD con fotografías satelitales del campo.

Kofman destacó la "buena predisposición" del fiscal Suárez Faisal y del secretario del Juzgado que "recorrieron el campo durante tres horas. Es un hecho significativo los esfuerzos que se están haciendo. Algunos lugares fueron identificados" por un testigo que "trabajó en el Campo San Pedro en los años de la dictadura cívico militar. Esos lugares fueron señalados por los antropólogos y, por ahora, son hipótesis de trabajo", agregó.

"Que se continúe la investigación es muy importante para los familiares de desaparecidos que los buscan desde hace tantos años", dijo Kofman. Y apuntó que el método de exterminio que se utilizó en el predio del Ejército, la fosa clandestina, fue una "forma  es esconder el genocidio".

Desde que se descubrió la fosa común, en junio de 2010, con los restos de ocho militantes peronistas (cinco hombres y tres mujeres jóvenes) el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a seis de ellos: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas, Carlos Alberto Bosso, Oscar Winkelmann y Miguel Angel D'Andrea, quienes militaban en Montoneros y fueron secuestrados en Rosario, en 1977. Aún falta identificar a un hombre y a una mujer.

El próximo sábado 9 de setiembre ‑anunció Kofman‑ el Foro contra la Impunidad y por la Justicia realizará la tercera caravana a Laguna Paiva y luego hasta el Campo San Pedro al cumplirse 40 años del secuestro de los ocho militantes y su traslado hasta el predio del Ejército. El Foro está integrado por Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otras organizaciones sociales, políticas y gremiales de Santa Fe. El objetivo es reponer también el cartel de señalizaba del centro de exterminio que fue volado por una tormenta.

En abril de este año, el juez Miño aceptó como querellante en la causa a María Rosa White, quien busca a su hermano desaparecido Guillermo White, desde hace cuarenta años.  La patrocina la abogada Nadia Schujman, a quien le costó cinco meses constituir la querella. La presentó en noviembre de 2016, pero Miño la rechazó con el argumento de que sólo podían querellar la esposa, los hijos y los padres, pero no la hermana. Cuando Schujman y el fiscal Suárez Faisal le recordaron que otros hermanos de víctimas del terrorismo de estado ya habían sido aceptados como querellantes por el juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y su colega de Rosario Marcelo Bailaque y el criterio ratificado por la Cámara Federal de Rosario, Miño revocó su propia decisión y aceptó el planteo de la abogada. "El pedido se funda en la posibilidad de que en el Campo San Pedro estén los restos Guillermo, quien fue visto en La Calamita y pudo haber tenido un destino similar a los ocho ya encontrados", comentó Kofman.