La Justicia porteña ratificó el freno de todas las construcciones dentro de la Reserva Ecológica Costanera Norte y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que informe sobre los locales gastronómicos que se desarrollan en el área protegida. Tres semanas después del fallo que instó al GCBA a suspender las obras, los y las estudiantes de Ciudad Universitaria constataron que los trabajos continuaban y reclamaron a la Justicia que ratifique la medida. Tras la nueva resolución, ahora las obras volvieron a frenarse, aunque uno de los bares ya tiene construida la mayor parte de su estructura.
Fue la jueza Andrea Danas, titular del juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°9 de la Ciudad, quien ratificó la medida precautelar que ella misma había dictado a principios de octubre, ante la acción de amparo presentada en aquella oportunidad por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, universidad que cogestiona la reserva junto al GCBA. En esta ocasión, la jueza subrayó que el freno alcanza a todas las obras dentro de la reserva y ordenó al gobierno porteño que informe todos los "antecedentes administrativos" sobre las obras llevadas a cabo en el Bajo Espigón Norte o "en cualquier otro sector de la Reserva cuyo objeto sea la construcción de locales donde se provean servicios gastronómicos".
"Desde el centro de estudiantes presentamos ese amparo para que se detengan la obras que el GCBA estaba desarrollando y logramos que la jueza dicte la medida precautelar. Pero luego de eso detectamos que, si bien se habían frenado algunas de las obras, continuaba la construcción ubicada en el espigón, es decir que el GCBA no acató el freno judicial", dijo a este diario Abril Marcolongo, presidenta del centro de estudiantes que junto a la Red Universitaria por la Crisis Climática presentó el pedido de ampliación de la precautelar tras constatar la semana pasada que las obras continuaban.
Luego de la nueva decisión judicial, el centro de estudiantes realizó este martes un recorrido por la reserva y corroboró que ahora sí las obras están paradas, incluyendo las del bar del Bajo Espigón. "El freno es un logro de la comunidad que se organiza y defiende la reserva, pero exigimos al GCBA que respete los fallos de la Justicia y dejen de avanzar con las obras", subrayó Marcolongo en este sentido.
Precisamente la construcción del bar es uno de los puntos críticos del conflicto. El local gastronómico se construye en el espigón norte a orillas del Río de la Plata y ya se encuentra muy avanzado. En los registros fotográficos que tomó el centro de estudiantes se puede ver una estructura con ventanas y puertas vidriadas casi completa, un deck gastronómico hacia el río, baños avanzados e incluso mobiliario de cemento.
En el amparo de los y las estudiantes se enumeran las posibles consecuencias de los bares en el área protegida: "La contaminación de los distintos plásticos de un solo uso que se utilizan para la ingesta de alimentos; la contaminación sonora que puede generar la aglomeración como también la existencia de parlantes a efectos de musicalizar; la contaminación lumínica que puede afectar los procesos naturales y los traslados de las especies", detallaron y alertaron sobre "el manejo ineficiente de los residuos, posibles derrames de sustancias químicas con potencial impacto gravoso sobre la flora y la fauna, y la inexistencia de obras de saneamiento que permitan el correcto manejo de efluentes y desechos".
En el fallo original, la jueza ya advertía que hasta ese momento no se había presentado el estudio de impacto ambiental de la obra y había ordenado a la gestión porteña que en el término de diez días agregara a la causa esa documentación. En el nuevo fallo, en tanto, Damas indicó que el GCBA presentó un certificado de aptitud ambiental que no se corresponde con la obra del bar, "dado que su ubicación distaría varias cuadras del 'Bajo Espigón Norte' de la Reserva Ecológica en cuestión". El punto es importante porque el inciso del Código Urbanístico que atañe a las reservas ecológicas especifica que sólo en las áreas de acceso se pueden levantar construcciones como "salas de conferencias, bar y confiterías".
En este caso, subrayó la jueza, "las obras cuestionadas no se ubicarían en el área de acceso a la Reserva. Por el contrario, se localizarían en el 'Bajo Espigón Norte' de la reserva, a orillas del río". Danas remarcó que en el boletín oficial porteño tampoco "se ha logrado hallar la publicación de la Evaluación de Impacto Ambiental de la obra cuestionada, requerida por la normativa, ni la suerte que han corrido las audiencias públicas que debieron tener lugar".
La Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva también había advertido la semana pasada sobre la continuación de las obras pese al fallo judicial de origen. En ese contexto, denunciaron que fueron "hostigados por un policía" en el recorrido que realizaron por la reserva para corroborar si los trabajos seguían. "Cuando se acercaban a hacer un relevamiento sobre el estadío de las construcciones, el policía echó a los estudiantes de la Reserva de manera muy patotera y los hostigó hasta la salida", precisaron en un comunicado. Este miércoles a las 19 realizarán una asamblea virtual para discutir los pasos a seguir ante esta situación.
